domingo, 10 de octubre de 2010

La manipulación neoliberal de la imagen de España / Vicenç Navarro *

Una visión muy promocionada por los medios y por los economistas neoliberales es la de que la economía española es muy poco eficiente y competitiva como consecuencia de las rigideces de su mercado de trabajo y su excesivo gasto público, incluyendo también el gasto público social. Este último se considera como una enorme carga que está ahogando la economía. 

El documental que el diario Wall Street Journal (que sostiene una línea editorial semejante a la ultraderecha española, expresada en Intereconomía) mostró hace unos días sobre España reflejaba esta postura. Otro, que analizaré en este artículo, es el informe Global Competitiveness Report 2010-2011, producido este año por el Foro Económico Mundial (cuya sede está en Davos), y que en teoría intenta analizar la competitividad de los países del mundo. 

El coordinador del informe es el conocido economista ultraliberal Xavier Sala-i-Martín, de la Universidad de Columbia en Nueva York, y frecuente tertuliano en los programas radiofónicos y televisivos de la televisión pública catalana. Por cierto, quiero aclarar que utilizo el término ultraliberal no en sentido peyorativo o insultante sino meramente descriptivo, pues las posturas de tal economista, como las del Wall Street Journal, son extremas dentro del escenario neoliberal. 

Su propuesta de privatizar la Seguridad Social completamente, como hizo el General Pinochet, son extremas y poco representativas del pensamiento económico liberal. Calificó recientemente al gobierno tripartito de izquierdas catalán como el más parecido a la dictadura norcoreana existente hoy en el mundo. Con estas notas, la definición de ultra, dentro de su sensibilidad liberal, refleja correctamente su postura político-ideológica, enmascarada como economía.

Volvamos ahora al informe. Como era de esperar, el nivel de competividad de España aparece por debajo de países del tercer e, incluso, cuarto mundo. El año pasado critiqué el informe Global Competitiveness Report 2009-2010 en un artículo titulado “La escasa credibilidad de Davos”, Público, 11/02/09, en el cual documenté el escaso rigor del informe de aquel año. Debido a la enorme publicidad dada este año al informe me veo en la necesidad de analizar el informe 2010 de este año que, por desgracia, adolece de la misma falta de rigor que el anterior. 

Y lo primero que debe decirse es que el informe no es un estudio que se base en datos objetivos, de los cuales se deriven sus conclusiones. El informe se basa principalmente en una encuesta que ha sido realizada por personas próximas al mundo empresarial en 139 países, con preguntas del tipo siguiente: “¿cómo valora la percepción popular sobre el comportamiento ético de los políticos en su país?”. 

La persona que responde a esta pregunta pone un número en una escala, lo cual me parece muy bien, excepto por el hecho de que si el intento es comparar las respuestas dadas por distintas personas en países diferentes habría que seguir un criterio homologable y explícito, pues de lo contrario, la pregunta y la respuesta se abre a toda serie de subjetividades que definen más al encuestado que al encuestador. 

En algunos países, el que contesta puede tener más simpatías hacia la clase política que otra persona de otro país, lo cual impactará enormemente en su respuesta, sin que ello refleje nada, por ejemplo, sobre la corrupción. Con este método de trabajo se concluye que Qatar, una dictadura medieval (paraíso para el mundo empresarial) aparece como uno de los países menos corruptos del mundo y que goza de una percepción popular más positiva sobre el comportamiento ético de sus políticos. En aquel país los miembros de la familia real controlan los mayores medios de producción. 

Otro país con comportamiento ético ejemplar es Omán, otra dictadura medieval en el Oriente Medio, conocido por su riqueza petrolífera y por tener una fuerza de trabajo (basada primordialmente en la inmigración) carente de los mínimos derechos laborales. En ambos países, Qatar y Omán, el que responde a la pregunta en la que se evalúa “la mayor confianza popular respecto al comportamiento ético de sus políticos” es un personaje del propio establishment de aquel país. 

Por lo visto, confianza popular quiere decir confianza empresarial en aquel estado que prohíbe la existencia de sindicatos. Por cierto, ambos países salen también muy bien parados en la mayoría de valoraciones. Así, a la pregunta de “cómo valora la contratación y el despido de trabajadores en su país” ambos países, que, como he dicho, carecen de sindicatos, aparecen entre los mejor valorados. 

En todas estas categorías, como era de esperar, España aparece en la cola, muy por detrás de aquellos países. No hay duda de que la democracia y comportamiento ético del estado debe mejorarse en España. Pero poner dictaduras medievales como modelo de honestidad y falta de corrupción no es creíble. En ambos países –Qatar y Omán- los recursos se reparten entre sus familias reales. Por otra parte, es predecible que personas e instituciones en un sistema dictatorial (como son aquellos países) den opiniones más favorables a sus estados que en una democracia (como es España).

La institución que responde al cuestionario en España (IESE, un centro de estudios empresariales) tiene una actitud muy crítica hacia el Estado español, lo cual me parece muy bien. Pero me parece muy mal que se compare con la evaluación que instituciones próximas al estado hacen sobre la limpieza y falta de corrupción estatal. Este método de trabajo es, no sólo carente de rigor, sino sujeto a todo tipo de manipulaciones y sesgos.

En realidad, cuando se contrastan los datos del informe, con los datos objetivos de agencias de evaluación creíbles, el informe aparece como lo que es: un nuevo panfleto ultraliberal. En educación, en el análisis de la calidad educativa (en conocimiento de matemáticas o ciencias), por ejemplo, España aparece en la cola, en la posición 99, por detrás de Kirguizistán (el año pasado estaban igualados). 

El informe PISA (el informe de la OCDE, de mayor credibilidad científica, basado en pruebas realizadas a los estudiantes) muestra que España, en esta categoría (conocimiento en matemáticas o ciencias), está ligeramente por debajo del promedio de la OCDE (el grupo de países más ricos del mundo), mientras que Kirguizistán está a la cola. Un tanto semejante podría decirse sobre la rigurosidad en la evaluación del sistema educativo (donde España aparece en el informe detrás de Zambia). 

Estos, y otros muchos datos, muestran el nivel de manipulación que se alcanza en este informe, cuyo objetivo es promover la visión neoliberal a lo largo del mundo. Y como era también de esperar, la mayoría de medios de información y persuasión españoles (de persuasión neoliberal) han proveído las cajas de resonancia para que se presente tal informe como lo que no es: un estudio objetivo sobre la competitividad de los países del mundo, incluyendo España. En realidad, es un panfleto político de sensibilidad neoliberal llevada a extremos.

(*) Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

El gobernador contra el Estado / Juan Torres López *

En otras ocasiones he comentado ya en esta columna que las posiciones políticas del gobernador del Banco de España nacen de a una visión ideológica de las relaciones económicas que no se corresponde con la realidad. 

La mejor prueba de ello son sus continuos errores de análisis y predicción, fácilmente comprobables si a posteriori se contrastan sus declaraciones públicas con lo que efectivamente ha ido sucediendo, o los análisis que ha hecho el banco con la evolución real de la economía. 

Así, pese a disponer de todos los medios a su disposición, el Banco de España y su gobernador (como los de otros países) fueron incapaces de prever la crisis financiera ni siquiera cuando estaba a dos palmos de sus narices. De no ser por la gravedad de la situación, daría risa que quien ha demostrado tantas veces su falta de acierto y perspicacia en el análisis de la realidad se presente ahora a la ciudadanía como el que tiene las claves para salir de la crisis. 

Y a pesar de disfrutar de todas las competencias políticas necesarias, el Banco de España ha sido incapaz de cumplir con el principal objetivo que se le encomienda, evitar la subida de pecios, y ha permitido que los de la vivienda alcance los niveles más altos de la historia.

El gobernador mantiene también desde hace tiempo, como sus colegas del Banco Central Europeo, una posición sobre la política fiscal basada en una mera convicción ideológica sobre el papel del gasto público y de los impuestos que está frenando en toda Europa la posibilidad de crear actividad económica suficiente, de alcanzar pleno empleo y de proporcionar a su ciudadanía bienestar y progreso, en aras simplemente, de salvaguardar los intereses de las grandes empresas que dominan el mercado europeo y a las propias instituciones políticas. 

Como he dicho también en otras ocasiones, el gobernador miente además cuando analiza lo que está ocurriendo en la economía española. 

Si fuera la primera vez que lo dice se podría calificar como un error de análisis pero afirmar de forma ya tan reiterada que el "vertiginoso aumento del número de parados" se debe a "las disfuncionalidades en el funcionamiento de nuestro mercado laboral" es sencillamente una mentira. 

Porque lo que ha hecho y hace que tengamos tasas de paro tan elevadas no son ni las normas o instituciones laborales que regulan nuestro mercado laboral sino la falta de suficiente soporte productivo y la excesiva especialización de nuestra economía en la construcción que quizá sea la actividad económica más proclive a utilizar la mano de obra al socaire de los vaivenes del ciclo. 

Y el gobernador sabe perfectamente que por muchas reformas laborales que se lleven a cabo en la línea que él propone no se resolvería el problema del paro si nuestra economía sigue basándose en la especulación con el ladrillo, sin disponer de más capital social y, sobre todo, de un mayor componente de innovación y capacidad para generar valor añadido. 

Pero si todo eso es grave, las declaraciones que hizo el gobernador en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados el pasado día 5 traspasan ya un nuevo e increíble Rubicón. 

No entraré ahora en algunas de sus manifestaciones más concretas y completamente infundadas, como que abrir las cajas de ahorro al capital privado les permitirá afrontar el futuro "sin necesidad de solicitar ayuda de los contribuyentes", cuando la realidad es que en España y en todo el mundo quien más ayuda ha recibido del Estado, ahora y antes, ha sido precisamente la banca privada. Me referiré a otras tres que considero mucho más graves y que , en mi opinión, merecen una censura social y política inmediata y contundente en defensa de nuestra democracia. 

En primer lugar, me refiere al hecho de que Fernández Ordóñez dé órdenes al gobierno al señalarle imperativamente que "debe cumplir el objetivo de reducir el déficit hasta el 6% sobre el PIB en 2011", lo que significa ni más ni menos que el gobernador del Banco de España se arroga la función que desde que se acabó con las monarquías absolutistas corresponde al poder legislativo como expresión directa de la voluntad popular. 

Se diría que esa posición del gobernador es la expresión de su independencia y así lo es efectivamente. Pero ahí radica el problema porque de esa forma se manifiesta claramente que la existencia de una autoridad o institución independiente del Estado es materialmente incompatible con su carácter democrático. 

En la medida en que priva a los poderes representativos de capacidad material de decidir autónomamente en el ámbito de sus competencias constitucionales (como es elaborar libremente un presupuesto en el que se fijan los ingresos y gastos que se consideran más convenientes para los intereses de la nación) un banco central independiente actúa como un verdadero corsé, como una limitación material de la democracia. 

Como decía el gran constitucionalista y primer presidente de nuestro Tribunal Constitucional Manuel García-Pelayo "es ingenuo suponer que en la mayoría de los casos el instrumentario técnico esté en condiciones de proporcionar la única, mejor y, por tanto, indiscutida vía posible. Lo cierto es que las políticas económicas favorecen a unos intereses y lesionan a otros y que (…) en la mayoría de los casos, los costos de las soluciones dadas se reparten desigualmente entre los distintos grupos o estratos de la población" (Las transformaciones del Estado contemporáneo. Alianza, Madrid, 1990, pág. 74). 

Otra cosa es que deba gozar de autonomía para desarrollar la política monetaria que responda a unos objetivos generales de política económica que deben ser definidos con los poderes representativos y que, en todo caso, debe aplicarse coordinadamente con la fiscal, nunca como una restricción de esta última. 

En segundo lugar, me refiero a las declaraciones del gobernador en el debate con los parlamentarios, cuando afirmó que "las comunidades son soberanas hasta cierto punto si nos fastidian a todos". Una auténtica barbaridad que no solo pone en cuestión nuestro ordenamiento constitucional sino que responde a ese nuevo tipo de pensamiento totalitario que permite a quien lo sostiene considerarse a sí mismo como exclusivo intérprete y depositario de "todos" los intereses sociales. 

Es una aberración insensata considerar que las comunidades autónomas son ajenas al "todos", como si sus gobiernos no fueran la expresión democrática de la voluntad popular y parte del todo y cuyo poder soberano (que no es ni puede ser otro que el que les da la constitución) no puede quedar al albur de lo que afirme una autoridad independiente que se siente intérprete inequívoco de lo que beneficia o "fastidia a todos" los demás. 

Es evidente que la política fiscal de las comunidades autónomas debe diseñarse en el marco de la de todo el Estado pero no en términos de una cesión de soberanía sino de su ejercicio compartido y, mucho menos, en virtud del criterio que establezca unilateralmente un poder que no está ni puede estar concebido para imponerse a los demás. 

Finalmente, me refiero también a la posición que adopta el gobernador ante los ataques que sufre la economía española, que forman parte de lo que en su día calificó el presidente de la Junta de Andalucía como "terrorismo financiero". 

Cabría pensar, a la vista está que ingenuamente, que cuando un Estado democrático se ve amenazado sus autoridades, y más específicamente el gobernador de su banco central dada la naturaleza de esos ataques, debería ponerse a su lado, y como un servidor fiel defenderlo de los peligros que suponen. 

Sin embargo, en lugar de censurar a quienes especulan y constantemente difunden incluso falsedades sobre la economía española, el gobernador aviva las llamas que encienden poniendo en duda los daros del gobierno y llama a complacerlos y a aceptar sus chantaje para ganar una credibilidad que, a la vista está, nunca garantiza que los mercados actúen de un modo menos depredador frente a nuestra economía. No sirve el gobernador a su estado sino que actúa en su contra al dar alas a quienes lo están atacando

(*) Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo científico de ATTAC-España.

Zapatero, ¿el Schröder español? / Vicenç Navarro *

Deduzco de las declaraciones hechas por el presidente Rodríguez Zapatero a Radio Nacional de España (01-10-10) que el jefe del Ejecutivo está tomando al ex canciller Gerhard Schröder de Alemania como su punto de referencia.

En tal entrevista, defendió las medidas impopulares que ha estado tomando y/o proponiendo, causantes de la huelga general, refiriéndose a lo que ocurrió en Alemania, donde –según él–, el Gobierno socialdemócrata liderado por Schröder abordó en el periodo 1998-2005 una serie de políticas de ajuste duro –congelación de pensiones, aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años, reformas fiscales regresivas y reestructuración de la negociación colectiva– que le ha permitido a Alemania sobrellevar ahora la crisis en condiciones mucho mejores que los demás países. 

De la misma manera que Schröder lo hizo en Alemania, ahora –dijo el presidente– lo tenemos que hacer en España, enfrentándonos a unos años duros que darán lugar más tarde a la recuperación económica, como ha ocurrido en aquel país. 

El mayor problema con esta lectura de lo sucedido en Alemania es que es errónea. En realidad, la aplicación de las reformas de Schröder determinó un estancamiento de la economía alemana que, al ser el motor de la europea, afectó negativamente a toda la economía de la Unión Europea. 

Las tasas de crecimiento del PIB alemán (bien total, per cápita, o por trabajador) han sido de las más bajas de la UE-15 durante todos estos últimos años. Y la causa del estancamiento de la economía alemana fueron precisamente las políticas llevadas a cabo por Schröder (continuadas, más tarde, por Angela Merkel). 

Así, las reformas laborales tuvieron como objetivo aumentar la competitividad a base de reducir los salarios de los trabajadores, una situación semejante a la que están intentando las reformas laborales llevadas a cabo en España. Los salarios se estancaron y el número de salarios por debajo del promedio salarial de Alemania subió de manera muy notable.

El aumento (lento) de la productividad no benefició a los trabajadores sino a los empresarios y, muy en especial, a las empresas exportadoras (para una de las cuales ahora trabaja el ex canciller Schröder), y a la banca, cuyo capital dependía en gran manera de las exportaciones. Puesto que dos terceras partes de estas fueron a países de la eurozona, los bancos alemanes acumularon una enorme cantidad de euros que prestaron a la banca de España, Grecia y Portugal, además de comprar deuda soberana de estos países. 

Las exportaciones se convirtieron en el motor de aquella economía, tal como el Gobierno de Zapatero intenta ahora en España. Este crecimiento, sin embargo, no benefició a las clases populares, cuyo nivel de vida se vio también afectado negativamente por las políticas de austeridad y reducción de beneficios sociales. 

Alemania pasó a ser el país de la UE-15 en el que las desigualdades sociales y la pobreza crecieron más rápidamente. Si Schröder no hubiera rebajado los impuestos durante su mandato (tal como también ocurrió durante el mandato Zapatero), el Estado alemán habría recaudado 750.000 millones de euros más de los que recaudó. Esta cantidad es la que la canciller Merkel quiere ahora recuperar a base de recortes sociales (tal como también está ocurriendo en España). 

De ahí que el ministro de Economía del Gobierno Schröder Oskar Lafontaine expresara su desacuerdo (y más tarde dejara el Gobierno y el Partido Socialdemócrata), pues lo que tal ministro deseaba era subir los salarios y el gasto público y convertir así la demanda doméstica (en lugar de las exportaciones) en el mayor motor de la economía alemana. De haber ganado Lafontaine, la Unión Europea se habría beneficiado, pues habría revitalizado la demanda de productos en toda la región.

La situación económica de los países de la eurozona está en gran recesión y sin condiciones de importar productos alemanes, y por lo tanto de poder estimular las exportaciones y la economía alemanas. La manera como Alemania ha salido (provisionalmente) de esta situación no se ha debido –como Zapatero indicaba– a su política de austeridad, sino al contrario, a sus políticas expansionistas, rompiendo con aquellas políticas de austeridad. 

Como bien ha escrito Mark Weisbrot –“The fallacy of taking German lessons” (The Guardian, 30-08-10)–, las políticas de estímulo de la economía alemana son de keynesianismo puro. Según las cifras de la Oficina de Estadística del Gobierno federal, el déficit del Estado en la primera mitad de 2010 fue más del doble que el existente en la segunda mitad de 2009, un enorme crecimiento del déficit que pocos países han experimentado en la UE. 

Es más, los lander (la entidad equivalente a las CCAA en España) han aumentado su gasto de una manera muy notable, precisamente lo opuesto a lo que está ocurriendo en España. Añádase a ello la devaluación del euro y el estímulo económico de China y del este asiático, además de EEUU, que han impulsado las exportaciones alemanas. Nada que ver, pues, con las reformas del canciller Schröder, que han sido responsables de la ralentización económica de Alemania y Europa y del declive del estándar de vida de sus trabajadores, tanto en Alemania como en la UE.

Una última observación. Aquellas políticas, además de ser impopulares y contraproducentes, fueron la causa del colapso del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD). El partido alcanzó los niveles más bajos nunca conocidos de apoyo electoral, consecuencia de una enorme abstención entre sus bases y la desmovilización de sus miembros, la mitad de los cuales dejaron el partido. 

Y me temo que, por desgracia, algo semejante ocurrirá en España, a no ser que el Gobierno de Zapatero, en respuesta a la huelga general, cambie de política. Hoy, el Partido Socialdemócrata Alemán, en la oposición, ha renunciado a la mayoría de aquellas reformas, incluida la del retraso de la edad de jubilación a los 65 años. ¿Aprenderá el PSOE de ello?

(*) Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

La lucha por la memoria es una lucha por el futuro / Pedro Casas *

La sociedad española, incluido yo mismo, ha tardado 30 años, desde la transición del régimen fascista de Franco hacia la incompleta democracia parlamentaria actual, en darse cuenta de la importancia de restituir la historia en lo que a la vulneración sistemática de los derechos humanos se refiere. 

Tras varios años de trabajo titánico de algunas organizaciones memorialistas, la intervención de un juez ambicioso (que bajo su estrellato oculta su responsabilidad en vulneraciones graves de derechos humanos y políticos, como torturas a detenidos bajo su custodia, cierre de periódicos, procesamiento por terrorismo aunque no se haya cogido ni una piedra, etc.), ha contribuido para que hayamos dimensionado colectivamente la magnitud de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo en la posguerra: más de 100.000 todavía desaparecidos 70 años después, a los que hay que sumar los otros miles de fusilados y represaliados con paradero conocido. 

Ningún crimen puede quedar en la total impunidad, y menos cuando se realizó de manera tan extensa y planificada. Lo penoso es que los poderes públicos, sobre todo los gobiernos socialistas, no sólo no han impulsado procesamientos a los responsables (todavía viven muchos), sino que su mezquindad les ha impedido si quiera declarar nulas las sentencias dictadas contra los que lucharos por la legalidad republicana asaltada por los rebeldes fascistas. 

La lucha por la memoria afecta al pasado (justicia), al futuro (conocer la historia para no repetirla), y también al presente: La impunidad que se pactó en la transición significó que buena parte del aparato judicial, militar y policial siga estando ocupado por los mismos responsables de la dictadura, como estamos comprobando ahora. 

A los golpistas y responsables del exterminio planificado hay que juzgarles, además por un deber de justicia, para que tomen buena nota quienes pudieran albergar futuros planes golpistas. Pero lo más importante, a mi entender, es hacer ver a los fascistas lo inútil de su criminal proceder, en la medida en que seamos capaces de continuar, con más bríos si cabe, la lucha de quienes dieron su vida por unos ideales de justicia y libertad que debemos hacer realidad. 

Creo que el mejor homenaje que la sociedad puede y debe realizar a las víctimas de la represión, además de su restitución y enterramiento digno, que por supuesto se merecen, es que seamos capaces de tomar el testigo y continuemos la lucha por los ideales por los que cayeron asesinados. 

En Argentina, país que he podido conocer este verano, se está realizando un proceso de recuperación de la memoria que en estos momentos lo coloca a la vanguardia mundial. Como algún militar se lamentaba, es la primera vez en la historia que “los vencedores son juzgados por los vecinos”, lo que nos muestra que esto es posible. 

La batalla se está librando en muchos frentes, no sólo el judicial (con la anulación de las leyes de punto final y las decenas de juicios que se celebran en estos momentos en todo el país), sino también el investigador para recuperar a los 500 niños robados, o el simbólico con la construcción de parques de la memoria, colocación de placas o la recuperación de los Centros Clandestinos de Exterminio y Desaparición como lugares de recuerdo histórico del terrorismo de Estado, y que son objeto de visitas guiadas donde el contexto político ocupa un lugar prioritario en las explicaciones. 

¡Qué lejos estamos aquí de aquellos avances! Deberíamos reconocer con humildad el fracaso de nuestra “modélica transición”, de la que gobernantes prepotentes han alardeado por el mundo entero, para aprender de este proceso en el que nos llevan la delantera en aquel país y en otros como Chile. 

Pero no van a ser todo lamentos, pues al trabajo muy importante de varios años de recuperación de fosas y otros, hay que añadir las rondas que todos los jueves se vienen realizando en la Puerta del Sol desde hace varios meses, y con una fuerza que parece ir a más, lo que muestra que no estamos tan mal como algunos agoreros del pesimismo nos quieren hacer creer continuamente.

Todavía quedan lugares de exterminio, que lograremos recuperar para la memoria, con permiso o si él de los gobiernos del PP o PSOE (dos años se cumplen ahora del derribo bochornoso de la cárcel de Carabanchel). Y pienso que habrá que ir pensando en convocar alguna gran manifestación por este tema, en la que lanzaría el reto de que cada víctima de la represión franquista, con nombre y apellido, tuviera quien levantara su memoria y su lucha, para mostrar que pudieron apagar sus vidas, pero no sus ideales, que perduran en las generaciones posteriores. 

(*) Pedro Casas es miembro del Ateneo Republicano de Carabanchel

China y el nuevo orden mundial / Noam Chomsky

Entre todas las supuestas amenazas contra la superpotencia dominante en el mundo, un rival está emergiendo callada y poderosamente: China. Y Estados Unidos está sometiendo las intenciones chinas a un estrecho escrutinio.

El 13 de agosto, un estudio del Pentágono expresó preocupación de que China esté expandiendo sus fuerzas militares en formas que "podrían negar la operación de los barcos de guerra estadunidenses en aguas internacionales cercanas a la costa", informó Thom Shanker en The New York Times.

A Washington le alarma que "la falta de apertura de China acerca del crecimiento, capacidad e intenciones de sus fuerzas militares inyecte inestabilidad a una región vital del planeta".

EU, por otra parte, es sumamente abierto acerca de sus intenciones de operar libremente por "la vital región del planeta" que rodea a China (como en otros lugares).

EU anuncia su vasta capacidad para hacerlo: con un presupuesto militar creciente que aproximadamente iguala al del resto del mundo combinado, cientos de bases militares en todo el mundo y una ventaja enorme en la tecnología de destrucción y dominio.

La falta de comprensión de China de las reglas de cortesía internacional fue ilustrada por sus objeciones al plan de que el moderno portaviones de energía nuclear USS George Washington tomara parte en julio en las maniobras conjuntas Estados Unidos-Sudcorea cerca de la costa de China, con una supuesta capacidad de atacar Pekín.

En contraste, Occidente comprende que tales operaciones estadunidenses se llevan a cabo para defender la estabilidad y su propia seguridad.

El término "estabilidad" tiene un significado técnico en el discurso de asuntos internacionales: dominio de Estados Unidos. En consecuencia, nadie eleva las cejas cuando James Chace, ex editor de Foreign Affairs, explica que, con el fin de tener "estabilidad" en Chile en 1973, era necesario "desestabilizar" al país –derrocando al gobierno elegido del presidente Salvador Allende y colocando al general Augusto Pinochet, quien procedió a matar y torturar con abandono e imponer una red de terror que ayudó a establecer regímenes similares en otros países, con el apoyo estadunidense, en pro de la estabilidad y seguridad.

Es rutinario reconocer que la seguridad de Estados Unidos requiere de control absoluto. La premisa recibió el imprimatur académico del historiador John Lewis Gaddis, de la Universidad de Yale, en "Sorpresa, seguridad y la experiencia estadunidense", donde investiga las raíces de la doctrina de guerra preventiva del presidente George W. Bush.

El principio operativo es que la expansión es "la ruta hacia la seguridad", una doctrina que Gaddis remonta a hace dos siglos –al presidente John Quincy Adams, autor intelectual del Destino Manifiesto.

Cuando Bush advirtió "que los estadunidenses deben 'estar listos para acción preventiva cuando sea necesario para defender nuestra libertad y defender nuestras vidas"', señala Gaddis, "se estaba haciendo eco de una antigua tradición más que estableciendo una nueva", reiterando principios que presidentes desde Adams hasta Woodrow Wilson "hubieran entendido... muy bien".

E igualmente los sucesores de Wilson, hasta el actual. La doctrina del presidente Bill Clinton era que Estados Unidos tiene derecho a emplear fuerza militar para asegurar "acceso no inhibido a mercados clave, reservas de energéticos y recursos estratégicos", sin necesidad de idear pretextos del tipo de los de Bush II.

Como lo sabe cualquier don de la mafia, incluso la ligera pérdida de control podría llevar a la pérdida del sistema de dominio de otros, que serían alentados a continuar la misma ruta.

Este principio central de poder está formulado como la "teoría dominó", en la lengua de los formuladores de política, que en la práctica se debe al reconocimiento de que el "virus" del desarrollo independiente exitoso podría "esparcir contagio" en otras partes, y por tanto debe ser destruido mientras las víctimas potenciales son vacunadas, de hecho mediante dictaduras brutales.

Según el estudio del Pentágono, el presupuesto militar chino creció a aproximadamente 150 mil millones de dólares en 2009, acercándose a "una quinta parte de lo que el Pentágono gastó para operar y llevar a cabo las guerras en Irak y Afganistán" en ese año, lo cual, por supuesto, es sólo una fracción del presupuesto militar estadunidense.

Las preocupaciones estadunidenses son comprensibles si uno toma en cuenta la suposición, virtualmente no cuestionada, de que EU debe mantener "un poder incuestionable" sobre buena parte del mundo, con "supremacía militar y económica", al tiempo que asegura la "limitación de cualquier ejercicio de soberanía" de estados que pudieran interferir con sus planes globales.

Esos fueron los principios establecidos por planificadores de alto nivel y expertos en política exterior durante la Segunda Guerra Mundial, al desarrollar el marco del mundo de la posguerra, que en gran parte fue instrumentado.

Estados Unidos debía mantener este dominio en una "gran área" que, cuando menos, debía incluir el hemisferio occidental, el Lejano Oriente y el ex imperio británico, incluyendo los vitales recursos energéticos del Oriente Medio.

Conforme Rusia empezó a pulverizar a los ejércitos nazis después de Estalingrado, las metas de la gran área se extendieron para abarcar tanto de Eurasia como fuera posible. Siempre se entendió que Europa podía seguir un rumbo independiente –quizá la visión degolista de una Europa desde el Atlántico hasta los Urales. 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en parte tenía la intención de contrarrestar esta amenaza, y la cuestión sigue muy vigente hoy día al incluir la OTAN a una fuerza de intervención dirigida por Estados Unidos y responsable de controlar la "crucial infraestructura" del sistema global de energía del que depende Occidente.

Desde que se convirtió la potencia dominante global durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha tratado de mantener un sistema de control mundial. Pero ese proyecto no es fácil de sostener. El sistema está erosionándose visiblemente, con implicaciones significativas para el futuro. China es un protagonista –y rival– cada vez más influyente.

Una economía que se mantiene a flote por el dinero en efectivo de la mafia / Jonathan Freedland *

Los principales bancos del mundo, desesperados por dinero en efectivo durante la crisis financiera, se volcaron hacia los fondos del crimen organizado como “el único capital líquido de inversión” disponible, absorbiendo la mayor parte de los 352 mil millones de dólares de las ganancias del mercado de las drogas en el sistema económico mundial, lavando una enorme suma en el proceso.  
 
Suena implausible, pero esto no es ficción. Este relato fue publicado en el periódico The Observer en diciembre de 2009, cuando el jefe de la Oficina sobre drogas y crimen de las Naciones Unidas (Office on Drugs and Crime) admitió que enormes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico habían mantenido a flote al sistema financiero cuando éste parecía colapsar en cualquier momento.

La historia apareció mucho después de que Le Carré hubiera terminado Our Kind of Traitor, pero confirmó todo lo que la novela estaba revelando: que una considerable porción de la economía mundial, una quinta parte según algunas estimaciones, está conformada por los frutos del crimen organizado; que los criminales que se encuentran detrás del dinero han hallado cientos de maneras ingeniosas de ocultar sus orígenes –y aquellos que podríamos esperar que resistiesen esta trayectoria, incluyendo a bancos reputados y políticos electos, por el contrario ayudan a allanar su camino desde la economía sumergida hacia la economía en blanco.

El problema es de tal magnitud, que a veces la gente no lo ve. ¡Nadie lo captó! dijo un todavía incrédulo Le Carré sobre este comunicado de la ONU cuando nos reunimos en su casa de Hampstead. “No hago teorías conspirativas, pero realmente tuve la sensación de que había sido ocultado”. Él ve demasiadas preguntas sin respuesta, comenzando por cómo fue que 352 mil millones de dólares han pasado a la economía legítima. “¿Qué botones aprietas, a quién llamas? ¿Con quién buscas acordar?”. ¿Alguien del gobierno hizo un guiño a los grandes sinvergüenzas, diciéndoles que ya no tendrían que mantener su dinero en efectivo, digamos, en las Islas Caimán, sino que ahora podrían comprar bonos del estado? ¿Si alguien lo hizo, quién fue y con qué autoridad?

Si esto parece un misterio, un asunto para peritos contables, no debería. Balzac tenía razón: “Detrás de cada gran fortuna, descansa un gran crimen”. Y detrás de las célebres fortunas de hoy, de hecho se encuentran algunos crímenes muy sucios: si no es la venta de armas o enganchar a las drogas a los más vulnerables, es el tráfico de jóvenes como esclavas sexuales y la conversión de inmigrantes en siervos. Cuando los beneficios del mal como estos son blanqueados, el mundo está diciendo que el crimen –aun el más grave– reditúa…

La magnitud es enorme. La Agencia del Crimen Organizado (SOCA, Serious Organised Crime Agency) afirma que los ingresos del crimen organizado en el Reino Unido ascienden a 15 mil millones de libras, y admite que ese dato posiblemente esté subestimado. Si a eso agregamos los ingresos provenientes de Rusia, India y otros, los números alcanzan la estratosfera.

Nada de toda esta riqueza tendría demasiada utilidad para los mafiosos si se mantuviera en el delator estado de efectivo, traicionando sus sucios orígenes. Entonces, este Dimas de la vida real inventa las más ingeniosas maneras de hacerla pasar por legal. La propiedad es una de sus favoritas: compra una casa, la vende y lo recaudado se convierte en dinero limpio. Un comercio funciona de la misma manera, y también un club de futbol. O crea una serie de empresas cáscara registradas por detrás de una chapa de bronce en el lejano Vanuatu o las Islas Solomon, una en posesión de otra que a su vez posee otra, muñecas rusas financieras que “engañan y agotan a los investigadores”, como sostiene Misha Glenny, cuyo libro McMafia es la guía adecuada para entender este nuevo dominio del crimen multimillonario internacional.

Triste, pero él incluye a Londres en esa lista de paraísos seguros, atractivos lugares para quienes quieran lavar fortunas ilícitas. Desde que Gordon Brown estableció su centro en Londres, dejando atrás Nueva York como capital financiera mundial, sostiene Glenny, el resultado inevitable fue el debilitamiento de las regulaciones, un régimen permisivo para la entrada de las grandes fortunas, acuerdos legales para personas que no residen permanentemente en el país [non-dom] y una entera arquitectura legal amigable a los mega ricos.

Esto no significa que las autoridades no hagan nada. La Agencia del Crimen Organizado se vanagloria de rechazar activos criminales por 317 millones de libras en el pasado año: pero las palabras “gota” y “océano” acuden a la mente [N. de la T.: se refiere al refrán “a drop in the ocean”, una gota en el océano]. 

Ciertamente Brown reforzó algunas medidas tendientes a combatir las finanzas terroristas después del 11/9 pero, según coinciden los expertos, el régimen sigue tendiendo a cazar los peces pequeños mientras deja libres a los tiburones. Como afirma Hector Meredith, el principal espía en Our Kind of Traitor: “¿Que un tipejo está lavando un par de millones? Es un maldito sinvergüenza. Llame a los reguladores, pónganlo entre rejas. ¿Pero unos pocos miles de millones? Ahora nos estamos entendiendo. Miles de millones son una estadística.”

¿Qué es lo que explicaría la ceguera institucional hacia estas enormes y sucias fortunas? La influencia política. Los oligarcas rusos, por ejemplo, no se han tomado respiro en su cultivo de amigos políticos, sin reparar en gastos. Le Carré especula que hay un cuerpo sustancial de pares sentados en la Cámara de los Lores “cantando para el coro ruso”. Su novela muestra a un ambicioso político británico que se reúne con miembros de la fraternidad criminal rusa en un yate, a pesar de que indudablemente el parecido con cualquier personaje público es pura coincidencia.

Y a veces, en algunos sitios, no es sólo ceguera. Glenny informa que tras la crisis financiera en Italia a la mafia se le permitió asumir el rol de los bancos, ofreciendo tasas de interés razonables para las pequeñas empresas. Los mafiosi pueden hacerlo porque poseen mucho dinero en efectivo –y a cambio su dinero se lava-. Para el crimen organizado, una recesión es buena para los negocios.

¿Qué puede hacerse? Algo de derrotismo acecha en la novela de Le Carré, como si ese dragón fuera demasiado poderoso como para ser abatido. El autor admite que él no puede ver cómo ningún país puede “enfrentarse a esto”. Otros sugieren que la acción sólo será posible cuando Rusia –donde las economías legal e ilegal están envueltas en un permanente gris jurídico- elija acompañar la batalla internacional contra el crimen organizado.

Pero hay algo más que puede hacerse. Los Estados Unidos han sido un buen ejemplo, respecto de cualquier transacción hecha en dólares dentro de su jurisdicción (razón por la cual las autoridades estadounidenses están persiguiendo el episodio Saudita/BAE mucho después de que los investigadores de la Agencia Anti Fraude -Serious Fraud Office- lo abandonaran en Gran Bretaña). [N. de la T. El mencionado episodio involucra a la fábrica de armas británica BAE Systems, que según una investigación de la BBC de 2006, entregó más de dos mil millones de dólares en sobornos al jefe de seguridad nacional de Arabia Saudita, también ex embajador en Washington, durante 22 años]. Los gobiernos tendrían que encontrar la voluntad política para atrapar a los grandes villanos, no sólo a los pequeños. Terminar con el régimen non-dom ayudaría también.

Una reforma es sorprendente y fácil a la vez. Los oligarcas y sus amigos no vienen a Londres por el clima: un buen motivo es nuestra draconiana legislación sobre calumnias, que los mantiene a salvo del escrutinio público. Hay que cambiarla, ya que sólo así podremos comenzar a debatir por lo alto sobre este fraude criminal –en los periódicos más que en las páginas de una novela, por más apasionante que sea-.

(*) Jonathan Freedland es un crítico literario británico que escribe regularmente en The Guardian.