lunes, 15 de noviembre de 2010

Dinero y política en las elecciones norteamericanas / Javier Tajadura Tejada *

 
La derrota del partido demócrata en las elecciones legislativas de EEUU obedece a causas diversas. Ahora bien, entre ellas no se puede minusvalorar el hecho de que el Partido Republicano y el Tea Party se han beneficiado de unas sumas que exceden los 2700 millones de euros para combatir -más con insultos y descalificaciones personales que con razones y argumentos- al Presidente Obama y a sus políticas. No es exagerado afirmar que en estas elecciones el poder económico ha ejercido una influencia como nunca antes había ocurrido en la secular historia de la democracia norteamericana.

Ello ha sido posible gracias a una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos dictada el pasado 21 de enero. Por su trascendencia, esta resolución judicial implicó uno de los mayores cambios experimentados en la vida política norteamericana de los últimos cincuenta años. La sentencia eliminó cualquier límite a la financiación por parte de empresas privadas a las campañas políticas.

El Alto Tribunal entendió que esa limitación supone una violación de la primera enmienda a la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, y que debe aplicarse por igual a ciudadanos, asociaciones y grupos empresariales. El tribunal no eliminó la restricción sobre las cantidades que una corporación empresarial puede entregar directamente a la campaña de un candidato, pero a partir de ahora, las empresas pueden gastar una cantidad ilimitada a favor o en contra de cualquier candidato o partido. El Tribunal Supremo contradijo con esta sentencia dos decisiones suyas anteriores. La decisión fue adoptada por una mayoría de cinco votos frente a cuatro. Es el cambio constitucional más importante de las reglas de juego de la democracia americana en muchas décadas.

La mayoría de los republicanos que cuentan con un fuerte y fiel respaldo de los gigantes empresariales recibió la sentencia como un importante triunfo. Su líder en la Cámara de Representantes la calificó como "una victoria de los principios constitucionales". Los demócratas, por el contrario, la acogieron con fuertes críticas a pesar de que en la última elección presidencial Obama recibió una sustanciosa financiación empresarial. Los magistrados del Tribunal Supremo discrepantes del fallo alertaron expresamente del riesgo que se corre de favorecer la corrupción política.

El concepto mismo de democracia sufrió con esta sentencia un golpe formidable. Y ello por la sencilla razón de que sin una efectiva y real separación de poderes, no se puede hablar de democracia. En el Estado Constitucional de nuestro tiempo, la articulación de un sistema en el que "el poder frene al poder" no puede ya establecerse sobre la distinción entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en la medida en que todos ellos conforman un único poder, sino que habrá de materializarse en la confrontación entre poder político, poder económico y poder comunicativo o mediático. Confrontación que, a la postre, a lo que acaba reduciéndose es a la dialéctica entre poder público y poder privado.

Y, en este contexto, y desde esta perspectiva, resulta difícilmente discutible que, enfrentados a la dialéctica poderes públicos-poderes privados, la decisión del Tribunal Supremo norteamericano del pasado 21 de enero sólo puede contribuir a la concentración del poder en la medida en que los poderes económicos acaben controlando todo el devenir político. Nos encontramos ante una gran victoria de las compañías petrolíferas, los bancos de Wall Street, las empresas aseguradoras y otras muchas corporaciones cuyo poder e influencia no dejan de crecer.

No deja de ser significativo que el mismo día en que se notificó la sentencia que comentamos se hizo pública una encuesta entre ejecutivos norteamericanos según la cual el 77 por ciento de ellos consideraba que Obama no es suficientemente partidario del sistema capitalista.

El dilema sobre quién manda realmente en el ámbito económico, si los representantes de los ciudadanos o los dirigentes empresariales fue planteado ya por Max Weber. Hoy, el futuro de la democracia constitucional, en EEUU como en Europa, depende en buena medida de cómo se resuelva.

El resultado de las últimas elecciones legislativas celebradas en Estados Unidos es en cierta medida la consecuencia lógica de la sentencia que comentamos. Cierto es que la gestión de Obama ha tenido sus luces y sus sombras y que el voto del miedo ha desempeñado un papel importante, pero el poder económico directamente o a través de sus filiales mediáticas (Fox) ha ejercido una influencia determinante.


(*) Javier Tajadura Tejada es profesor titular de Derecho Constitucional en la UPV

¿En qué situación estamos en la crisis económica? / Carlos Berzosa *

La crisis económica tiene ya una duración de tres años, pues sus inicios se pueden situar en el verano de 2007, cuando estalla la burbuja especulativa inmobiliaria en Estados Unidos y se desencadena el cataclismo provocado por las hipotecas basura. Se agravó en septiembre de 2008 cuando afectó con fuerza a los bancos y el sistema financiero está a punto de derrumbarse, que no cae por la intervención de los gobiernos. La crisis inmobiliaria se transformó en una crisis financiera de una extrema gravedad, a la que ha seguido una gran recesión.

Desde hace un tiempo en las economías desarrolladas ha habido leves recuperaciones, con ritmos diferentes según los países. La recuperación, allí donde se ha producido, es lenta y leve, lo que mantiene la incertidumbre al tiempo que unos niveles de desempleo elevados. A la crisis de la economía real le ha seguido la crisis de la deuda pública y privada, y con posterioridad ha tenido lugar la guerra de divisas.

Ante la cumbre del G-20 en Seúl no se vislumbran señales de acuerdos internacionales capaces de evitar males mayores, y lo que se anuncia es el malestar de determinados países ante la política de Estados Unidos y la consiguiente debilidad del dólar. La devaluación del dólar hace más intensa la guerra de divisas, en la que hay unos perdedores: los países europeos de la zona euro que se encuentran con una moneda fuerte que debilita las exportaciones y favorece las importaciones. La economía española, muy debilitada desde que se desencadenó la crisis, se ve muy perjudicada por esta fortaleza del euro, lo que sin duda debilitará todavía más una posible recuperación.


La situación no es nada fácil y economistas como Roubini, en una entrevista en El País, en el suplemento Negocios del pasado 31 de octubre, anuncia otra posible crisis, e insiste en que al paso que vamos la próxima crisis financiera va a ser aún peor. Nos esperan años dolorosos, dice, por el alto endeudamiento público y privado. Critica con mucha razón al Banco Central Europeo, que con su política demasiado obsesionada por la inflación conduce a un verdadero desastre. Por lo que concierne a la guerra de divisas, advierte de que si el euro llega a 1.60 por dólar no habrá posibilidad de recuperación.

No se puede olvidar que Roubini fue uno de los pocos economistas capaces de predecir la crisis actual, como tuve ocasión de señalar en el artículo anterior, y aunque no se pueda tener la certeza, en el mundo inestable en el que estamos, acerca de que sus predicciones bastantes pesimistas se cumplan, no estaría de más tenerlo en cuenta. 


La lectura de su libro escrito conjuntamente con Stephen Mihm “Cómo salimos de ésta” (Destino, 2010) resulta sugerente y acertado en gran parte de sus análisis. La enseñanza que se puede extraer de su lectura es que o cambiamos ya el rumbo de la economía mundial, o si no seguiremos en una etapa de incertidumbre y riesgos permanentes.

Pero Roubini no es el único en plantearnos un panorama un tanto desalentador, sino que en el mismo suplemento, en otra entrevista que se realiza a Carmen Reinhart, de origen cubano, pero que vive desde los 10 años en Estados Unidos, critica la actuación de Alemania porque considera que condena a la Unión Europea a graves problemas. 


Esta economista es coautora con Kenneth Rogoff de “This time is different” (Princeton University Press, 2009), una historia de las crisis de los últimos ochocientos años en la que demuestra que esta vez tiene muy poco de diferente. Estima que España al ser un país muy endeudado lo va a tener muy difícil en los próximos dos años. Advierte del peligro en que se sigue encontrando la economía griega, a la que augura una más que probable suspensión de pagos, y ve posible que se produzca también la de algún país del este de Europa, al tiempo que anuncia posibles problemas en Portugal e Irlanda.

Sus pronósticos no se encuentran muy descaminados, pues han vuelto a aparecer ataques especulativos a la economía española, y se ha creado una gran desconfianza hacia la economía de Irlanda. Existe un gran temor a lo que pueda suponer la caída de esta economía y lo que pueda arrastrar tras de sí, entre otras a la economía española. La situación resulta muy delicada y pone de manifiesto la fragilidad del sistema financiero y la vulnerabilidad de determinadas economías. Grandes tormentas se avecinan y todavía no se ha despejado el ambiente de la crisis en la que estamos sumidos.

Ante esta situación se pone de manifiesto la inoperancia de la gobernabilidad internacional y de la Unión Europea (UE). La reunión del G-20 puede significar otra decepción más, y se observa con preocupación que, ante la gravedad de los problemas existentes, sigue habiendo una falta de coordinación internacional, y no digamos dentro de la UE. Cada país trata de salvarse a sí mismo, sin contemplar que esa actitud puede ser perjudicial para el conjunto y para ellos mismos.

En el mismo suplemento del diario El País encontramos un artículo de la que ha sido hasta septiembre presidenta del Consejo de Asesores Económicos del presidente Obama, la profesora de la Universidad de California Christina D. Romer, en el que plantea con claridad meridiana que este no es el momento de reducir el déficit. Así, considera que países como Grecia y otros de la periferia euro ya no pueden adquirir préstamos a unos tipos asequibles. 


Los países que disfrutan de la confianza de los mercados -Estados Unidos, Francia y Alemania- tienen razones para esperar y deben desempeñar una función esencial como fuentes de crecimiento y demanda para la economía mundial. El reforzamiento de estas economías contribuirá a evitar que el mundo se precipite hacia otra recesión y permitirá una curación continuada de los mercados financieros vulnerables en los Estados Unidos y en el extranjero.

En suma, seguimos metidos en grandes turbulencias económicas, y la crisis está lejos de resolverse. Aunque no existen remedios milagrosos para arreglar los enormes desaguisados creados por el modelo de crecimiento y por gran parte del sistema financiero, sí se deben tomar medidas que atenúen los efectos perversos. Conviene leer y hacer caso a economistas de prestigio, que sin ser heterodoxos, sí hacen propuestas que se salen de la ortodoxia en la que hemos vivido en los últimos años, y a la que se quiere volver. Los cambios son cada vez más urgentes si no queremos meternos en una espiral de riesgos y sobresaltos continuos.

(*) Carlos Berzosa es catedrático de Economía y rector de la Universidad Complutense

Lo que desean Cameron en Gran Bretaña y Rajoy en España / Vicenç Navarro *

La estrategia de la coalición conservadora-liberal en Gran Bretaña en sus recortes de gasto público es predecible y sigue la misma línea de los partidos conservadores-liberales de la Unión Europea, incluyendo el PP en España y CiU en Catalunya. 

Aunque no lo expliciten, su intención es aprovechar la crisis económica y financiera para conseguir lo que tales partidos han deseado desde que la debilidad y desarme ideológico de las izquierdas gobernantes les ha permitido dominar la vida política, hegemonizando la cultura mediática del país. Su éxito se basa en haber convencido a un sector importante del país de que no hay alternativa posible a las políticas de austeridad.
 
En Gran Bretaña, la coalición gobernante presenta “la enorme deuda pública de Gran Bretaña” como la causa de que se deban llevar a cabo estas políticas, con el fin de calmar la supuesta desconfianza de los mercados financieros. Tal argumento se repite en Alemania, en Francia, en España (incluyendo Catalunya), en Grecia, en Portugal, en Irlanda, y en una larga lista de países de la Unión Europea.

La limitada credibilidad de este argumento en el caso británico la ha denunciado Martin Wolf, columnista del Financial Times, que ha desmontado uno por uno los argumentos que el nuevo gobierno británico presentó como justificación de las políticas de austeridad. En primer lugar, la deuda pública como porcentaje del PIB es en Gran Bretaña muy semejante a la que ha tenido históricamente: ni mayor, ni menor.


En segundo lugar, no parece que haya ansiedad por parte de los mercados financieros acerca de la posibilidad de que el gobierno británico no pueda pagar la deuda. Los bonos públicos se venden con gran facilidad. Los intereses de los bonos públicos a diez años son sólo de un 3%, y han permanecido constantes, después del cambio de gobierno. Tal como señala Martin Wolf, David Cameron y su aliado Nick Clegg están utilizando los mercados financieros para llevar a cabo cambios que deseaban hacer.

Las medidas tomadas por el gobierno británico tienen como objetivo desmantelar el estado del bienestar británico, mediante las siguientes intervenciones. Una es la eliminación del principio de la universalidad en los derechos sociales y laborales. Un principio de la socialdemocracia, sobre el cual se estableció el estado del bienestar en Europa, era el principio de universalidad, es decir, que los derechos de acceso a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, a las escuelas de infancia, a los servicios de dependencia, a la vivienda social, a las transferencias públicas (como pensiones y ayudas a las familias), eran derechos universales (derechos de ciudadanía), que beneficiaban a todas las clases sociales, independientemente de su ubicación social y de su nivel de renta. 


El principio de “a cada cual según su necesidad y de cada cual según su habilidad” era un principio fundamental de las distintas sensibilidades socialistas en democracia, llamáranse como quisieran. El derecho era igual para todos y el pago predominantemente se hacía a través de la gravación fiscal progresiva. La fortaleza y la popularidad del estado del bienestar estaban basadas en este principio que estaba en el eje de la Europa Social. Era resultado de una alianza de clases, entre la clase trabajadora y la clase media, estableciendo un estado del bienestar de elevada calidad, donde las clases medias se encontraran cómodas.

Pues bien, esto es lo que los conservadores y liberales (en realidad neoliberales) quieren destruir, privando de tal universalidad a aquellos que –dicen ellos- se lo pueden pagar. El argumento de que es injusto que una persona de renta alta y renta media alta reciba ayudas o servicios públicos en momentos de austeridad es el argumento que utilizan y llega a parecer lógico y razonable. Así, en Gran Bretaña familias con niños por encima de cierto nivel de renta no recibirán los pagos por niño que reciben ahora. Y en España, conservadores y neoliberales están proponiendo que los pensionistas por encima de cierto nivel de renta no debieran tener los medicamentos gratuitos.


La consecuencia de ello es que se elimina el principio de universalidad y, con ello, se abre la posibilidad de que el nivel de renta que separa aquellos que tienen derechos versus aquellos que no los tienen vaya reduciéndose más y más hasta llegar un momento en que el estado del bienestar se transforma en un estado para los pobres, es decir, un estado asistencial. Y esta es la estrategia de Cameron, de Rajoy y de Artur Mas para desmantelar el estado del bienestar: transformar el estado del bienestar universal en estado asistencial.

Esta conversión conlleva también la privatización del estado del bienestar, para lo cual se da autonomía financiera a los centros sanitarios públicos, por ejemplo, para aumentar sus ingresos mediante la contratación con las mutuas privadas, para conseguir privilegios para pacientes de tales mutuas. Un tanto semejante ocurre con las escuelas públicas, a las cuales se les permite que puedan contratar sus servicios a instituciones privadas a fin de conseguir fondos. 


Una persona que ha denunciado estas políticas en la Gran Bretaña es el nuevo responsable en temas económicos del Partido Laborista, Alan Johnson, el único miembro del gobierno laborista en la sombra, por cierto, que no tiene educación universitaria. (Huérfano a los 12 años, vivió en una vivienda pública con su hermana. No fue a la escuela más allá de sus 15 años, habiendo trabajado como cartero y con los sindicatos desde entonces). ¿Por qué no hay más Johnsons en las direcciones de los partidos de izquierda? La gran mayoría de la dirección del partido laborista son, como Ed Miliband, licenciados en políticas, en filosofía y en economía de las universidades más prestigiosas de Gran Bretaña.

Y esto es un problema que explica, en parte, la transformación del Partido Laborista (New Labour) en un partido socioliberal que había ya iniciado, en parte, tales cambios en el estado del bienestar. En realidad, muchas de las políticas que la coalición conservadora-liberal ha expandido las iniciaron los gobiernos laboristas anteriores. La impopularidad de esta reforma entre sus bases electorales explica su espectacular descenso electoral.

Algo semejante está ocurriendo en España, donde las políticas de austeridad del gobierno PSOE están causando un gran declive de su popularidad entre sus bases electorales, dando pie a la posible victoria de las derechas, que irán más allá en sus recortes sociales para destruir el estado del bienestar. Si el debate político se centra en el tamaño de los recortes, en quién recorta menos y quién recorta más, la derrota de las izquierdas gobernantes es casi inevitable, ofreciéndole en bandeja la victoria electoral a las derechas.

Una última observación. Se está presentando el declive del apoyo popular al gobierno Zapatero, como consecuencia de que tal gobierno no se explica bien, lo cual me parece un argumento poco creíble. En realidad, se ha explicado muy bien, con gran apoyo de los medios, la mayoría de los cuales (de persuasión conservadora y liberal) apoyan tales políticas. No es el mensajero, sino el mensaje el que, con razón, es impopular. El creciente distanciamiento de las direcciones de los partidos gobernantes (de tradición socialdemócrata) de sus bases populares las hace vulnerables a ser seducidos por la estructura del poder y su sabiduría convencional.


(*) Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Tasa Tobin, solidaridad y decencia / Rafael Simancas *

La propuesta del Presidente español ante la ONU para establecer una tasa sobre las transacciones financieras internacionales ha recibido una reacción brutal e intolerable desde la gran banca española. Las diatribas contra Zapatero han variado desde una falsa descalificación técnica por la supuesta “inviabilidad” de la medida, hasta la amenaza de obstaculizar la recuperación económica, pasando incluso por el insulto directo.

La iniciativa del Presidente del Gobierno de España ante Naciones Unidas tiene un fundamento político acorde con los principios ideológicos que inspiran su programa y que le dieron la mayoría electoral: la solidaridad con los más desfavorecidos. 

La medida tiene también un fundamento moral incuestionable, porque resulta indecente que los grandes agentes financieros que ocasionaron la crisis vigente por la desmesura de su codicia se nieguen a hacer un esfuerzo mínimo para paliar sus consecuencias terribles sobre cientos de millones de seres humanos. Y el fundamento técnico está respaldado por muchos economistas de prestigio que avalan su pertinencia y su viabilidad.

La propuesta de la llamada tasa Tobin es plenamente coherente, además, con la disposición de Gobierno español para aplicar en nuestro país la nueva imposición sobre los beneficios bancarios que la Unión Europea ha acordado instaurar en todos los Estados integrantes. 

Y también viene a sumarse al anuncio de un tipo incrementado en el IRPF para las rentas superiores a 120.000 o 130.000 euros anuales, lo cual supondrá una recaudación añadida de entre 200 y 400 millones euros y un paso significativo en el sentido de la justicia fiscal. No esta demás recordar, no obstante, que aun cuando subamos ese tipo máximo del 43 al 45 o al 47%, todavía estaremos muy lejos de los países de nuestro entorno que más gravan a las grandes fortunas, como Dinamarca (62%), Suecia (57%) u Holanda (52%).

Los argumentos esgrimidos contra la tasa sobre las transacciones financieras son tan previsibles como fácilmente desmontables. Se dice que sería de “imposible aplicación por la fácil desubicación de las transacciones”, pero no se dice que tal problema puede soslayarse con una aplicación generalizada de la medida tras un acuerdo en Naciones Unidas o en el G-20. 

Se dice que la iniciativa “encarecería gravemente el crédito para empresas y familias”, pero no se dice que tal argumento puede defenderse también para acabar con las tasas sobre combustibles, el alcohol, el tabaco, etc., y que su toma en consideración con carácter general tornaría en inviable cualquier sistema fiscal.

Se dice que “el nuevo impuesto sería un obstáculo para la recuperación”, pero no se dice que el origen mismo de la crisis se encuentra en la falta de reglas que durante décadas caracterizó el tráfico de finanzas, y tampoco se dice que la tasa Tobin tiene precisamente como objetivo clave la prevención y la persuasión frente a las prácticas especulativas que amenazan cíclicamente la estabilidad económica mundial. 

Se dice, por fin, que se trata de una “imbecilidad” y “otra de la majaderías de Zapatero”, pero no se dice que puestos a lanzar descalificaciones de gran calibre, seguramente merecería una bien gruesa el comportamiento de quienes presumen de aumento de beneficios de dos dígitos en plena crisis, al tiempo que cuestionan la recaudación de un fondos mínimos para atemperar la hambruna y la miseria de millones de criaturas.

Ya era hora de que se plantearan formalmente iniciativas de estas características. Con el discurso de Zapatero ante Naciones Unidas hemos sido muchos los que nos hemos reafirmado en nuestras convicciones progresistas y en la confianza hacia el Gobierno socialista de España. Ahora hace falta coraje para mantener la propuesta y para trabajar en su cumplimiento efectivo.

(*) Rafael Simancas es periodista y miembro destacado del PSM-PSOE

La burbuja Obama / Josep Borrell *

Hace dos años los progresistas del mundo entero celebrábamos la victoria de Obama quizá alimentando expectativas desmesuradas, como esas “exuberancias irracionales” que a veces se adueñan de los mercados financieros. Esperábamos, entre otras cosas, que superase la crisis económica, entonces todavía en sus inicios y desconocida en su magnitud, y que los EE.UU. volviesen a crecer y lo hiciesen de forma mas justa, rompiendo con el poder del desacreditado Wall Street.

Las elecciones de mitad de mandato representan la explosión de esa burbuja de expectativas creada entorno a Presidente Obama.

Se puede discutir si es un problema de forma, de comunicación diríamos por aquí, o de fondo. De personalidad, que algunos consideran distante, arrogante y de una superioridad profesoral que no gusta al “main street” americano. O de las prioridades y del contenido de sus políticas.

Se puede también pensar que el voto sanciona que le ha hecho perder de forma aplastante la mayoría en el Congreso y salvado por los pelos la del Senado, es objetivamente injusto. En efecto, el balance de los dos primeros años de Obama en política interior es más que respetable, desde la reforma sanitaria a la regulación financiera pasando por planes de relanzamiento de la economías sin los cuales la situación seria mucho peor de lo que es.

Pero los electores no han valorado lo peor que podría ser sino lo malo que ya es. Y por lo que parece, los republicanos han conseguido convencer de que los planes de estímulo fiscal y las medidas de intervención directa en la economía son parte del problema y no de la solución.

Como en otra época, se podría también ahora decir “¡es la economía, estúpido!”, es la crisis social que corroe a los EE.UU., con la pobreza y el paro alcanzando niveles récords lo que explica el resultado. El voto del pasado martes se explica, sobre todo, por una reacción de cólera frente a un situación económica dramática para la mayoría. Con un desempleo en el 10 %, que sería mucho mayor si lo calcularan como en Europa un crecimiento anémico, del orden del 2 % y la moral por los suelos, los apoyos que Obama cosechó para llegar a la Presidencia se han quedado en casa. La izquierda se ha sentido decepcionada por los compromisos que Obama aceptó para sacar adelante sus leyes estrella, reforma sanitaria y fianciera. La derecha le ha considerado demasiado intervencionista y la agitación radical de los republicanos ha sido mucho mas movilizadora que las explicaciones racionales sobre los efectos que las reformas producirán o lo mal que estaríamos si no hubiésemos hecho lo que hemos hecho.

La mayoría de los observadores opinan que no es un voto de apoyo entusiasta a los republicanos porque sus proyectos o sus líderes convenzan más. Las encuestas reflejan una opinión más favorable de los demócratas que de los republicanos y todavía Obama está por delante de todos los potenciales pretendientes republicanos a su sucesión. Es un voto de sanción al gobierno porque el problema económico que prometió resolver, lejos de que así sea, se ha agravado. Algo que también tiene alguna analogía con lo que ocurre por aquí.

El programa de los republicanos no tiene ninguna posibilidad real de ser aplicado. Su discurso de menos Estado y menos impuestos, tradicional en ellos pero esta vez reforzado por la crítica a un Presidente “socialista” que trataba de “europeizar” los EE.UU., se quedaría , como ha ocurrido en el pasado en el mismo Estado pero con menos impuestos. En realidad, los republicanos son en la práctica el partido que ha creado, con Reagan y con Bush, el déficit fiscal americano, uno de los grandes problemas del país y del mundo entero.

La cuestión es ahora si los republicanos abandonaran su radicalismo electoral y buscaran compromisos con Obama, como el los había buscado con ellos antes de estas elecciones. O, si por el contrario, buscaran una confrontación mayor entre la Casa Blanca y el Congreso. Así lo ha proclamado el que será nuevo líder republicano en el Congreso, al prometer la confrontación total con Obama en todos los frentes. Si así fuera, el sistema político americano se bloquearía y no sería posible adoptar nuevas medidas de estímulo económico.

Una situación así sería ya peligrosa en tiempo normales. Pero estos tiempos no son normales. Existe un riesgo grande de deflación que explica por qué al día siguiente de las elecciones la Reserva Federal ha decidido lanzar su plan de inyección de liquidez mediante la compra de Bonos públicos por valor de 600.000 millones de dólares. Es la última munición que le queda a Obama para intentar revitalizar la economía. Y la va a aplicar de la mano de un republicano, el gobernador de la FED, Ben Bernanke, sobre el que ya han empezado a llover feroces críticas, y no sólo de los republicanos radicales, por una medida que presenta aspectos controvertidos y sobre la que tendremos que seguir comentando.

(*) Josep Borrell es ex presidente del Parlamento Europeo