viernes, 10 de diciembre de 2010

México en guerra / Ignacio Ramonet

El 20 de noviembre pasado se celebró el centenario de la Revolución Mexicana. La primera gran revolución social del siglo XX. Una gesta conducida por dos legendarios héroes populares, Emiliano Zapata y Pancho Villa, que conquistaron para obreros y campesinos: derechos sociales, reforma agraria, educación pública, laica y gratuita, y la seguridad social.

A cien años de distancia, paradójicamente, la situación de México, "es análoga, en muchos aspectos, a la que prevalecía a finales de 1910: concentración de la riqueza a niveles insultantes y amplitud de los atrasos sociales; distorsiones a la voluntad popular; vulneraciones a los derechos laborales y sindicales; negación de garantías básicas por la autoridad; claudicación de la soberanía ante los capitales internacionales y un ejercicio oligárquico, patrimonialista, tecnocrático e insensible del poder político" (1).

A ese deprimente catálogo se suma una guerra. O mejor dicho, tres guerras: la de los cárteles del narcotráfico entre sí por el control de territorios; la de los grupos Zetas (organizaciones delictivas constituidas por ex militares y ex policías) que practican el secuestro y el robo contra la población civil; y la de los militares y fuerzas especiales contra los propios ciudadanos.

Desde el 1 de diciembre de 2006, cuando, presionado por Washington, el recién elegido Presidente Felipe Calderón lanzó su "ofensiva contra el narcotráfico", la ola de violencia ha dejado en el país alrededor de 30.000 muertos... 

 
México se asemeja cada vez más a un "Estado fallido" atrapado en un cepo mortal. Por sus comarcas campean a sus anchas  toda clase de matones armados: fuerzas especiales del Ejército y comandos de elite de la policía; bandas de paramilitares y parapolicías; cuadrillas de sicarios "legales" y "liberados"; agentes estadounidenses de la CIA y de la DEA; y en fin los Zetas que se ensañan en particular contra los migrantes centro y suramericanos en ruta hacia Estados Unidos.  Ellos son sin duda los autores del execrable asesinato de 72 migrantes descubierto el pasado 24 de agosto en el Estado de Tamaulipas.

Anualmente, unos 500.000 latinoamericanos atraviesan México rumbo al Norte. En su travesía, son víctimas de toda suerte de abusos: arrestos arbitrarios, expolios, hurtos, despojos, violaciones... 

Ocho de cada diez mujeres migrantes sufren abuso sexual; muchas son esclavizadas como sirvientes de las bandas criminales, o forzadas a prostituirse. Cientos de niños son sometidos a trabajos obligatorios. Miles de migrantes son objeto de  raptos. Los Zetas reclaman a las familias (en el país de origen o en Estados Unidos) el pago de rescates. "Para el crimen organizado es más facil secuestrar durante unos días a 50 desconocidos que paguen entre 300 y 1.500 dólares de rescate cada uno, que raptar a un gran empresario" (2). 

Si el secuestrado no tiene a nadie que compre su libertad, es asesinado. Cada célula Zeta posee su propio "carnicero" encargado de decapitar y descuartizar a las víctimas y de quemar los cadáveres en un barril metálico (3). En la última década, unos sesenta mil indocumentados, cuyas familias no pudieron pagar, fueron "desaparecidos"...

El Presidente Felipe Calderón anuncia regularmente éxitos en el combate contra el narcotráfico, así como el arresto de importantes capos. Y se felicita de haber recurrido al Ejército. Una opinión que muchos ciudadanos no comparten. Porque los militares, desprovistos de experiencia en este tipo de intervención, han multiplicado los "daños colaterales" y ejecutado por equivocación a centenares de civiles...


¿Por equivocación? Abel Barrera Hernández, que acaba de ganar el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, concedido en Estados Unidos, no lo cree. Considera que la guerra contra el narco se utiliza para criminalizar la protesta social: "Las víctimas de esta guerra -afirma- son la gente más vulnerable: los indígenas, las mujeres, los jóvenes. Se usa el Ejército para intimidar, desmovilizar, causar terror, acallar la protesta social, desarticularla y criminalizar a los que luchan" (4).


Por su parte, en Washington, la Administración de Obama estima que el baño de sangre que se vive en México constituye un peligro para la seguridad de EEUU. La jefa de su diplomacia, Hillary Clinton, declaró: "La amenaza del narcotráfico se está transformando y en algunos casos, se asocia con la insurgencia". Añadió que el México actual "se parece a la Colombia de los años 1980".


En realidad, Estados Unidos tiene enormes responsabilidades en esta guerra. Es el mayor opositor a la legalización de las drogas. Es el abastecedor (al 90%) (5) de armas de todos los combatientes. Tanto de los cárteles y de los Zetas, como del Ejército y de la policía... Es, además, la principal narcopotencia, masivo productor de marihuana y primer fabricante de drogas químicas (anfetaminas, éxtasis, etc.).


Es, sobre todo, el primer mercado de consumo del mundo con más de siete millones de adictos a la cocaína...  Y las mafias que operan en su territorio son las que mayor rendimiento obtienen del tráfico de estupefacientes: un 90% del beneficio total, o sea unos 45.000 millones de euros por año... Cuando todos los cárteles de América Latina se reparten apenas el 10% restante...


En vez de dar a sus vecinos (malos) consejos, que han sumido a México en una infernal guerra, Washington debería barrer su propia casa.


Notas:
(1) La Jornada , México, 20 de noviembre de 2010.
(2) Léase el excepcional libro-testimonio de  Óscar Martínez, Los migrantes que no cuentan. En el camino con los centroamericanos indocumentados en México , Icaria, Barcelona, 2010.
(3) Proceso , Mexico, 29 de agosto de 2010.
(4) La Jornada , op. cit.
(5) El Norte , Monterrey, 9 de septiembre de 2010. 

Existen alternativas a los recortes / Vicenç Navarro *

Se ha creado una percepción generalizada, reproducida en los mayores medios de información del país, de que la única respuesta posible a la desconfianza mostrada por los mercados financieros hacia la economía española es la que el Gobierno de Zapatero está llevando a cabo. 

Esta respuesta incluye las reformas laborales orientadas a flexibilizar y abaratar los salarios (supuestamente para hacer la economía más competitiva) y la reducción del gasto público, incluyendo el social. 

Esta última medida se realiza con el objetivo de reducir el déficit público, cuya elevada dimensión se presenta como la causa de que aquellos mercados duden de la fortaleza de la economía española.

Y lo que es incluso más llamativo es que los mayores partidos en la oposición en las Cortes españolas –PP, CiU y PNV– piden más dureza en aquella respuesta, exigiendo mayor desregulación de los mercados de trabajo (mediante medidas que debilitarían enormemente a los sindicatos, descentralizando la negociación colectiva) y mayores recortes de gasto público y social.

Se establece así una dinámica de competición para mostrar a tales mercados quién es más duro. Vimos la semana pasada cómo grupos de empresarios se reunieron, unos con el presidente Zapatero y otros con el monarca, para presionar al Gobierno a fin de que no le flaquearan las piernas en su toma de decisiones. 

Un análisis de las propuestas que estos grupos han hecho muestra que ninguna afectaría los intereses del mundo de las grandes empresas y de la banca. Antes al contrario, todas ellas muestran una gran blandura hacia los intereses de tales grupos fácticos, que saldrían todos ellos beneficiados con dichas medidas.

Echo en falta una invitación del Gobierno y del monarca a los sindicatos y a los pensionistas para que estos tengan la oportunidad de exigirles dureza, y pedirles que sus piernas no flaqueen en el momento de tomar decisiones para ayudar a la economía a que salga de la crisis, a base de afectar los intereses de aquellos grupos que les visitaron. 

En realidad, la reducción del déficit público puede conseguirse bajando el gasto público o, como alternativa, subiendo los impuestos, y muy en particular los de aquellos que se han beneficiado enormemente de la bajada impositiva que el presidente Zapatero, y antes el ex presidente Aznar, realizaron durante los últimos 15 años. 

Esta reducción de impuestos ha sido, tal como ha señalado el Fondo Monetario Internacional, responsable del 40% del déficit estructural existente en España y en la mayoría de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) que siguieron semejantes políticas. 

Si se recuperaran los tipos existentes antes de las reformas regresivas fiscales, pasando de un 43% a un 45% para las rentas superiores a 60.000 euros, y se añadiera un nuevo tramo para los que ingresan más de 120.000 euros, con un tipo del 50%, el Estado ingresaría 2.500 millones de euros más a las arcas, afectando únicamente al 3,98% de los ciudadanos. 

A esta cantidad podría añadirse la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, cuya eliminación en 2008 favoreció enormemente a los sectores más pudientes de la sociedad. Con tal medida, el Estado podría ingresar otros 2.120 millones de euros.

Si, por otra parte, se recuperara el tramo que pagaban las grandes empresas en su impuesto de sociedades, pasando del 30% al 35%, el Estado recuperaría 5.300 millones de euros (afectando únicamente a un 0,12% del total de las empresas, que son las que tienen una base impositiva superior a 30 millones). Otra cantidad recuperable podría conseguirse aumentando el tributo de un 1% a un 5% en las sociedades de capital variable, las famosas Sicav.

Y la respetada asociación de técnicos tributarios del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha indicado que, a través de medidas creíbles e inmediatas, se podría reducir en un 5% del PIB el tamaño de la economía sumergida. Ello significaría un aumento de 12.700 millones más para las arcas públicas, que deberían incrementarse a 6.155 millones más si eliminaran los paraísos fiscales que están siendo utilizados ampliamente por la banca y por las grandes empresas. 

Todas estas y otras medidas que deberían tomarse no afectarían a la gran mayoría de las clases populares, recaudándose 35.235 millones de euros, más del doble que los fondos que el Gobierno español intenta conseguir mediante las medidas que están dañando las clases populares. Ni qué decir tiene que ninguna de estas propuestas fueron sugeridas por los grupos de empresarios que visitaron al presidente y al rey pidiendo dureza.

Todas estas medidas fiscales regresivas que tomaron los gobiernos de Aznar y Zapatero son responsables de que España continúe siendo uno de los países más desiguales de la OCDE. 

La renta disponible de la decila superior en España es 10,3 veces mayor que las rentas de la decila inferior, una de las desigualdades más altas de la OCDE. Finlandia es 5,6 veces, Suecia 6,2, Alemania 6,9 y así una larga lista de países que son menos desiguales que España. Sólo son más desiguales EEUU, 15 veces, y Gran Bretaña 13,8. 

Y la propiedad está incluso más concentrada, pues el 10% más rico de la población española posee el 58% de toda la propiedad.

Y es precisamente esta enorme concentración la que dificulta la recuperación económica, pues los ricos consumen mucho menos que las clases populares. 

Y lo que se necesita ahora es que se consuma y con ello crezca la demanda. Si el Estado fuera duro con los ricos del país y recaudara aquellos 35.235 millones de euros, podría crear empleo, por ejemplo, en los escasamente financiados servicios del Estado del bienestar, lo que estimularía enormemente la demanda y con ello la recuperación económica, reduciendo así el déficit público. Si no lo hacen es porque les flaquean las piernas para enfrentarse a los ricos.

(*) Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y ex catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona

El 54 % de los españoles apuesta por reformar la Constitución en cuanto a Justicia y modelo autonómico

MADRID.- Casi el 40 por ciento de los españoles se declara "poco o nada satisfecho" con la Constitución de 1978 y cerca de la mitad asegura lo mismo cuando se le pregunta sobre el funcionamiento de la democracia, según el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de noviembre.

Esta encuesta, en la que se evalúa la visión que tienen los ciudadanos sobre la Carta Magna y distintas instituciones del Estado, se basa en 2.469 entrevistas personales y domiciliarias realizadas en 238 municipios de 50 provincias realizadas entre el 3 y el 11 de noviembre, y tiene un margen de error de más/menos 2 por ciento.

Los encuestados no tiene reparos en reconocer el escaso conocimiento que tenemos los españoles de nuestra ley fundamental, ya que siete de cada diez cree que la conocemos "muy poco" o "casi nada" y el 22 por ciento considera que sólo se sabe de su contenido "por encima". Cuando se les interroga sobre su propio conocimiento de la misma sólo el 12 por ciento dice conocerla "bien".

Aunque tres de cada cuatro entrevistados consideran que la forma en la que se hizo la Transición es un motivo de "orgullo" para los españoles, 32 años después de la aprobación de la Constitución un 39 por ciento se confiesa "poco" o "nada" satisfecho con la Carta Magna, frente al 45,8 que está "muy o bastante" satisfecho con ella.

Respecto a la necesidad de modificarla, cerca del 25 por ciento no es partidario de tocarla, pero hay un 54 por ciento que quiere hacer cambios, principalmente para reformar la Justicia (9,7%), el sistema autonómico (7%), para "adaptarse a los nuevos tiempos" (5,3%) y para garantizar los derechos sociales (5,2%).

La reforma relativa a la sucesión de la Corona, que en algún momento se ha barajado con el fin de garantizar la igualdad del hombre y la mujer al acceso a la Jefatura del Estado, sólo es reclamada por el 4,7 por ciento, mientras que un 3,4 por ciento quiere cambiar la monarquía como forma de gobierno.

También se acercan al 5 por ciento los que piden reformas que afecten a las Cortes y la ley electoral y el endurecimiento y cumplimiento de las condenas. Un 3,4 por ciento pide revisar la Ley del Menor y sólo el 1 por ciento aspectos relativos al derecho de autodeterminación y el federalismo.

La mitad de los españoles está "muy o bastante satisfecho" con el funcionamiento de la democracia, frente al 47 por ciento que confiesa que le satisface "poco o nada". En paralelo, sólo el 8 por ciento cree que la democracia española funciona mejor que las del resto de la Unión Europea, tres de cada diez considera que aquí funciona peor y un 38 por ciento no ve diferencias.

El sondeo revela también que está extendida la percepción de que los bancos y las grandes empresas tienen más poder que el Gobierno o el Parlamento. En concreto, el CIS ha elaborado una tabla de 'poderosos' en la que las entidades financieras ocupan el primer lugar (con un 31,6 por ciento menciones), el Gobierno figura con un 26,4 por ciento y las grandes empresas llegan al 15 por ciento.

Por detrás aparecen los medios de comunicación (8,7%), que se sitúan por delante de los partidos políticos (7,6%) y del Parlamento (2,6%). Los sindicatos se anotan un 2,1 por ciento y los militares se quedan a las puertas de 1 por ciento.

Las instituciones que más confianza merecen a los ciudadanos son, por este orden, las Fuerzas Armadas y la Monarquía, que son las únicas que aprueban. Les siguen el Defensor del Pueblo y los medios de comunicación, que superan el 4,5, y ya por debajo se sitúan los parlamentos y gobiernos autonómicos, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y las Cortes. La lista la cierran los partidos políticos con una nota de 2,8 puntos, el Gobierno con un 3,5 y, tan solo una décima por debajo, aparece la Iglesia Católica.

Los españoles consideran que los medios de comunicación son los que tienen más capacidad de controlar un eventual abuso del poder por parte del Gobierno, seguido de los partidos que están en la oposición y del Tribunal Constitucional. Sin embargo creen que los ciudadanos no pueden hacer casi nada a ese respecto y tampoco confieren esta competencia al Defensor del Pueblo.

Cuando se pide opinión sobre la labor de las Cortes, se evidencia que los que piensan que en el Congreso y en el Senado se presta "demasiada atención a problemas de poca importancia" son más del doble de los que creen que en estas instituciones se analizan "problemas fundamentales para el país".

En concreto, un 61 por ciento cree que el Congreso se centra en temas superfluos y el 59 considera que el Senado hace lo mismo. En conclusión, el 66,7 por ciento se declara "poco o nada satisfecho" con el funcionamiento del Parlamento, que sólo respalda el 20 por ciento.

Además, los españoles piensan mayoritariamente que los partidos políticos son necesarios para el funcionamiento de la democracia, pero a la vez asumen que "sólo sirven para dividir a la gente", que se "critican mucho entre sí pero en realidad son todos iguales" y que "son necesarios para defender los intereses de los distintos grupos y clases sociales". Tres de cada cuatro españoles se declaran bastante o muy de acuerdo en que los políticos no se preocupan mucho de lo que piensan los ciudadanos y siempre buscan sus intereses personales.

Respecto al trabajo del Tribunal Constitucional, el 34 por ciento lo avala, pero hay un 39 por ciento que lo critica. También son más (46%) los que consideran poco o nada útil la labor del Defensor del Pueblo que los que la respaldan (41%).

Ya os vale / Juan José Millás

A medida que pasa el tiempo, y no solo por la publicación de los documentos secretos, se hace más evidente que la invasión de Irak, llamada impropiamente guerra, fue un crimen consciente y múltiple. Miles de civiles fueron asesinados o mutilados, cuando no concienzudamente torturados o placenteramente violados. Hombres, mujeres, adolescentes, niños, todos servían para hacerse el machote, para presumir de bíceps o de abdominales. 

Los autores de la masacre se encuentran todavía en libertad, cruzan fronteras sin problemas, descansan los pies en las salas de autoridades de los aeropuertos, escriben libros de los que obtienen sustanciosos anticipos, dan conferencias a precio de oro, y cuando se refieren al tema, lejos de mostrar arrepentimiento, aseguran que harían una y mil veces lo mismo, es decir, mil veces, amparándose en mentiras, bombardearían un país, mil veces destrozarían sus museos, sus edificios públicos, sus viviendas privadas, mil veces fundarían centros de tortura, mil veces azotarían a los prisioneros, mil veces les aplicarían descargas eléctricas en los genitales, mil veces, para disimular, pagarían las piernas ortopédicas de uno o dos niños, mil veces harían negocio con la reconstrucción de lo destruido, mil veces se llevarían a la cuenta corriente los beneficios del desastre. 

No hay psicópata asesino, en ninguna cárcel del mundo, capaz de alardear tanto de sus crímenes. Y como de muestra vale un botón, aquí tienen a un prisionero iraquí abrazando a su hijo en un campo de prisioneros de EE UU. Ya os vale, Aznar, Bush, Blair y compañía.

Economía del colapso / Alberto Recio *

Aunque en nuestra imaginación las catástrofes suelan adoptar una forma apocalíptica, como en el desastre de Hiroshima y Nagasaki, a menudo tienen formas menos teatrales: una sucesión de pequeños desastres que acaban por generar un resultado brutal. Muchas de las mayores tragedias de la Humanidad, como la sucesión de grandes guerras, han venido precedidas por esta dinámica de los pequeños fallos que al final han conducido a una crisis inevitable. 
 
Ésta es la forma que siempre he pensado que va a tomar —posiblemente ya ha tomado— la crisis ambiental y la forma que está adoptando la evolución de la actual crisis —mejor, recesión— económica. 
 
Mientras suceden una serie de desastres intermedios aún queda espacio para enderezar el rumbo, pero el apego a una línea de conducta inadecuada bloquea esta posibilidad y conduce a una situación fuera de control. 
 
Estamos asistiendo a un nuevo episodio de este espiral de tragedias. Una nueva tormenta irlandesa (siempre hay un país que sirve para nombrar cada capítulo, un nombre que sirve para eludir el carácter sistémico del proceso) que, de momento, ya ha justificado un plan de rescate y su contrapartida de costes sociales, pero que anuncia nuevos episodios (como los viejos comics de “aventis”) enfocando a Portugal, a España y, más allá, a Italia y Bélgica. 

Si el rumbo no cambia parece evidente que el ajuste español, por su tamaño, acarrearía un salto cuantitativo importante. Que el modelo irlandés era inestable lo veía cualquiera que no hubiera sido adoctrinado en la dogmática de la economía neoclásica moderna. Pero el ajuste actual no se explica sólo en los fallos del modelo sino también en la contumacia de las recetas.

Por una parte desde el crac de Lehman Brothers la consigna ha sido no dejar quebrar ningún banco más. En teoría esto se limitaría a aquellos con un tamaño multinacional, pero en la práctica la cobertura se ha extendido a un número mucho mayor de entidades. 

Ello supone una ruptura de la lógica normal de la economía mercantil, que permite la quiebra o concurso voluntario. (El acreedor deja de pagar, negocia una “quita” o reducción de su deuda, unos plazos de pago generosos y, si todo ello es insuficiente, se liquida; lo que supone que los deudores pierden parte de sus ingresos, pagan por sus errores a la hora de evaluar riesgos). 

La única forma de evitar este proceso es transfiriendo la deuda al sector público, impidiendo a éste actuar como un ente privado y por tanto endeudando de sopetón al conjunto de la población. 

La justificación que se da al impedimento de la quiebra bancaria es que, de producirse, afectaría gravemente al hipersensible sistema financiero, lo que generaría un proceso en cadena de incalculables y peligrosas consecuencias. Pero si se acepta este razonamiento, lo que hay que hacer es una regulación/reordenación del sistema financiero que reduzca su hipersensibilidad, que imponga cortafuegos, impida comportamientos erráticos, corte la especulación generadora de desastres. 

El sistema financiero siempre ha sido una fuente de problemas, pero no cabe duda que la liberalización neoliberal ha incrementado su inestabilidad y sin reconducir este problema sólo queda averiguar dónde estallará la próxima bomba y a qué país le tocará aplicar un ajuste/rescate.

Por otra parte está la Unión Europea. Creada con un modelo que por un lado deja sin control los movimientos del capital y por otro genera directrices rígidas a seguir por los gestores públicos. Un modelo de actuación impuesto al alibi por la dogmática neoliberal y por la pretensión de los grandes países (especialmente Alemania) de imponer sus directrices al resto. El resultado es un modelo que ha fallado en la prevención de los problemas (es notorio el nulo control del pomposo Banco Central Europeo sobre la actuación de la banca privada) y constituye un fracaso en el tratamiento de la enfermedad. 

La política de austeridad impuesta a los países con problemas no sólo genera enormes costes sociales sino que convierte el endeudamiento en un mal endémico para muchos años. La negativa del BCE a intervenir en el mercado de la deuda (como sí lo ha hecho la Reserva Federal comprando cantidades ingentes de bonos basura) alimenta las tensiones financieras de los estados en dificultades, pues permite a los piratas financieros hacer “apuestas” que fuerzan a incrementos criminales de los tipos de interés. 

Muchas de estas presiones no se hubieran desencadenado si el BCE hubiera adquirido deuda griega e irlandesa y mucho menos si no se hubiera forzado a los estados a “socializar” las deudas privadas de sus bancos.

El camino del desastre está marcado por políticos y técnicos incompetentes que no saben reconocer que el manual con que se orientaban lo había escrito gente fantasiosa pero poco realista. La fuerza de los intereses creados, de un sistema financiero todopoderoso impone un guión de tragedia griega. Con sujetos que no pueden escapar de una lógica atroz. La combinación de poderosos, y obsesivos, intereses de la elite mundial con la desorientación, seguidismo y conservadurismo de los dirigentes públicos (políticos y asesores) configura un cóctel letal para el bienestar de la inmensa mayoría de la población.

Nos quieren hacer pagar por un endeudamiento que es, básicamente, el resultado de los problemas generados por el modelo neoliberal: el desequilibrio exterior recurrente de muchos países, las desigualdades de renta intolerables y un sistema financiero desbocado. Sin atajar estas tres grandes cuestiones la sucesión de sociedades con problemas será persistente (y su injusta traducción en graves costes sociales para la mayoría). Y por ello hay que partir de la base de que el tema de la deuda no tiene solución sin una reducción de la misma. 

Y la vía que se me ocurre más sencilla es dejar que los grandes deudores privados, los bancos con problemas, quiebren y funcionen los mecanismos clásicos de la quita y el aplazamiento de pagos. 

Evidentemente no es la solución global. Pero sí puede ayudar a impedir la expansión de una dinámica enloquecida, al tiempo que ponga a debate las estructuras profundas que están en el origen principal de los problemas: la dinámica de la globalización, las políticas neoliberales, el modelo de construcción europea... 

En manos de los pirómanos
Tras examinarse ante los grandes financieros internacionales, ahora Rodríguez Zapatero ha repetido ante los verdaderos amos del país. Sólo ha sacado de la convocatoria, por razones de imagen, a las principales empresas de capital multinacional que controlan posiciones clave en el sector industrial (aunque la presencia de multinacionales es tan grande que no ha podido evitarlas del todo, Agbar y Cepsa se han colado en la convocatoria). Se trata de una muestra representativa de quién manda en el país, de cuáles son sus intereses reales, de cuál es su grado de control sobre las decisiones públicas.
 
Si adoptamos un punto de vista sectorial, encontramos 7 empresas financieras (Santander. BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, la Caixa, Caja Madrid y la aseguradora Mapfre), 8 ligadas a la construcción y a la gestión de servicios públicos (ACS, FCC, Acciona, OHL, Sacyr, Ferrovial y las ingenierías Técnicas Reunidas y Abengoa ), 5 energéticas (Repsol, Cepsa, Gas Natural, Endesa, Iberdrola), 5 gestoras de servicios públicos (Hispasat, Telefónica, Abertis, Agbar y la aeronaútica Iberia), 3 turísticas (Sol Melià, Globalia y Riu), 3 de distribución (el Corte Inglés, Inditex-Zara, Mercadona, más el representante de Anfac), 2 de medios de comunicación (Telecinco, Planeta) y sólo 5 ligadas a distintas actividades industriales y tecnológicas: Gamesa (equipos eólicos), Indra (electrónica), MCC (grupo de las cooperativas vascas), Grifols (farmaceútica) y Ebro Foods (alimentaria).

Esta sola enumeración es significativa del peso que tienen las distintas actividades en el núcleo central de nuestro capitalismo. La mayor aglomeración sectorial se encuentra también en aquellos que han protagonizado la burbuja financiero-constructora. 

Por el contrario conviene subrayar que el único grupo con una presencia claramente industrial es, no casualmente, un grupo cooperativo que, por muchas cuestiones críticas que tiene abiertas, sigue funcionando con una lógica bastante distinta que la que ha regido en las empresas capitalistas prototípicas.

Hay otras lecturas posibles de esta “selección nacional”. Por ejemplo, resulta palpable que once de las empresas participan del patronato de la Fundación Fedea, el principal productor de propuestas neoliberales y de reformas estructurales del país (sólo cuatro de sus empresas-patrones han sido excluidas del magno evento, la extranjera BP, las menores Bolsa de Madrid e Ibercaja y el grupo March, ya representado a través de sus participadas ACS y Abertis). 

Muchos de los presentes han firmado asimismo el documento, también neoliberal, de la Fundación Everis. El peso de empresas cuyo negocio se basa en la gestión de servicios públicos o el suministro público es aplastante (incluidas aquellas que provienen directamente de las privatizaciones de la década pasada). 

No era por tanto imaginable que de la mayoría de estas empresas salieran propuestas orientadas a un cambio profundo del modelo productivo, sino más bien demandas que refuercen sus líneas de negocio. Ellas han sido las principales creadoras-beneficiarias del modelo que nos ha conducido al desastre. Y en lugar de exigirles responsabilidades y emprender su reforma estructural, se les pide una vez más que sigan orientado nuestro futuro.

El resultado de la reunión ha seguido la pauta esperada. Más bien han sido las empresas las que le han marcado el camino al Gobierno, y le han exigido “que no le tiemble el pulso”, que no ceda ante las presiones sociales. 

Y han sido precisos en sus demandas: culminar la concentración/privatización de las cajas, aclarar el modelo energético (freno a las renovables que complican el modelo de negocio) y, sobre todo, reforma laboral y de pensiones. Ya ha salido la propuesta de crear un organismo nacional de control de la competitividad para “poner presión”, o sea institucionalizar el desguace de derechos sociales, la eliminación de barreras ambientales, condicionar la entera vida social al evanescente objetivo de la competitividad.

En una lectura crítica, el grado de sumisión de los poderes públicos a los intereses de una minoría que globalmente representa un modelo de capitalismo rentista y parasitario resulta absolutamente escandalosa. Desde una perspectiva democrática, constituye un acto absolutamente irresponsable que las únicas voces que escuche un presidente de Gobierno de izquierdas sean las de estos intereses oligárquicos o las de sus asesores áulicos (los 100 insignes). 

Desde una perspectiva reformista, el desprecio que se hace al tejido social (incluso a los segmentos más vivos del mundo empresarial) demuestra la estolidez de unas elites dirigentes que sólo son capaces de pensar la economía en clave de unos pocos intereses. El gobierno se rebaja a ser un mero ejecutor de los grandes intereses, con unas formas que nos llevan a recordar las más esquemáticas formulaciones marxistas sobre el papel del Estado. Podemos pensar en inculpar a estos dirigentes políticos por alentar a los que han creado un grave problema de inseguridad económica. 

Macroproyectos y saqueo público
Los grandes proyectos de infraestructuras se hacen más en función de los beneficios que de las necesidades reales. Sus promotores y propagandistas exageran siempre los beneficios potenciales y minimizan sus impactos sociales y ambientales. Para el negocio todo vale. Es algo que economistas ecológicos como José Manuel Naredo y Federico Aguilera llevan años demostrando. La “crisis de las autopistas” constituye un ejemplo de libro de todo este entramado de intereses, despilfarro y saqueo público.

El Gobierno del PP impulso la construcción de una nueva generación de autopistas de peaje, la mayoría en las cercanías de Madrid (radiales, eje Aeropuerto, Madrid-Ocaña-La Roda, Madrid-Toledo) y en el Sureste (circunvalación de Alacant, Alacant-Cartagena, Cartagena-Vera). Una vez realizados estos proyectos, que se han financiado con avales públicos que totalizan 3.513 millones de euros, se han demostrado un fiasco. 

Por dos razones básicas: porque el tráfico real es muy inferior al previsto para justificar el proyecto (en el caso más escandaloso, la Madrid-Barajas, sólo se ha llegado al 13% del tráfico previsto) y porque algunos fallos judiciales elevaron sustancialmente el pago de las indemnizaciones a los propietarios de los terrenos expropiados para construir las vías. 

Todo un clásico de los macroproyectos: exageración de los beneficios potenciales y saqueo de los intereses de personas con poco poder social. Lo lógico, de seguir los manuales de capitalismo competitivo, es que las empresas que erraron sus previsiones apechuguen en forma de pérdidas. 

Pero en el neocapitalismo oligárquico los problemas se resuelven apelando una vez más al paternalismo sumiso de papá Estado, y así las autopistas (sus promotores) van a ser salvadas con dinero público: Por una parte con créditos participativos del Gobierno (inicialmente 135 millones de euros, hasta alcanzar los 250 millones), esto es, créditos que pasan a convertirse en capital no recuperable en caso (seguro) de pérdidas. 

Y por otra parte con una aportación de 80 millones de euros como “adelanto de ingresos”, justificados como la diferencia entre los ingresos reales por peajes y el 80% de los ingresos teóricos previstos en los próximos tres años (algo totalmente fantasioso visto el bajo nivel de uso de estas autopistas). 

Como parece que el PP está poniendo trabas a esta última cuestión, el Gobierno ya ha aprobado el pasado 26 de noviembre un nuevo régimen tarifario y una prolongación del plazo de concesión a alguna de estas empresas (la RII de Madrid, la Alicante-Cartagena). Seguramente el siguiente paso será la nacionalización completa, regada eso si de una nueva compensación.

A riesgo de pasar por demagogo no me resisto a transcribir los nombres de los propietarios beneficiados por la medida. No hace falta ser muy experto en economía para adivinar los nombres de los interfectos: Abertis, Acciona. ACS, OHL, FCC, Ferrovial, Sacyr, OHL, Caja Madrid (todos invitados por Zapatero) a los que se suman algunos elementos de la segunda línea de empresas constructoras (Comsa Emte, ICC, Ploder, Sando, Azvi). 

Puestos a ser malpensados vale la pena anotar que casi todas las empresas del núcleo duro aparecen implicadas en varios de los más importantes escándalos de corrupción que asolan el país, como el caso Brugal (Sacyr), Orihuela (ACS, Acciona), Telde (ACS) o el Palau de la Música (Ferrovial). 

Eso sí: todos ellos empantanados en complejos procesos de los que nunca se llega a ver la salida. Es incluso morboso detectar que ha sido el grupo parlamentario de CiU el principal promotor de la medida. Una buena muestra de su modelo de colaboración público- privada.

Más allá de la anécdota cruel de inflar con fondos públicos la cuenta de resultados de unas empresas incompetentes (pues ello y no otra cosa es invertir en una actividad que no tiene mercado) lo que este caso muestra a las claras es la lógica de muchas de las políticas de infraestructuras: megaproyectos pensados sobre todo desde el punto de vista de conseguir transferencias públicas a costa de construir equipamientos infrautilizados, de tronchar el territorio, de destruir otras formas de actividad y de generar graves problemas ambientales. Todo ello da una idea de cómo estamos sometidos al poder obsceno de una oligarquía despiadada y unos políticos sin sentido de lo público. 

(*) Alberto Recio Andreu es profesor titular de la Facultad de Económicas en la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de numerosas investigaciones.

La Fed hizo el trabajo de Dios y rescató en secreto a megabancos y grandes corporaciones / Marco Antonio Moreno *

¿Puede la Reserva Federal convertirse en Banco Central del Mundo? No, pero al parecer eso es lo que busca de acuerdo a los detalles conocidos esta semana y que dan cuenta de 21.000 operaciones en secreto y a espaldas del gobierno y de la gente desde diciembre de 2007 a julio de 2010 por más de 3,3 billones de dólares. La divulgación de esta información ha sido opacada por la filtración de los datos de WikiLeaks, en los cuales la diplomacia estadounidense sacó a relucir toda su ropa sucia.

La mayoría de estas transacciones realizadas por la Fed a espaldas del Congreso y del Gobierno, fueron a los mayores bancos, instituciones financieras y corporaciones de todo el mundo. De hecho, resulta que los bancos extranjeros y empresas extranjeras recibieron una parte muy importante de estos rescates.  

La Reserva Federal se ha convertido así en una máquina global de rescate completamente inexplicable y que ha operado a espaldas de todo el mundo. Las dimensiones y el alcance de los préstamos sólo permiten dar cuenta de lo mal que han estado las cosas y de la nula transparencia del sistema financiero. ¿Hasta qué punto esto se habría producido si hubiese sido sometido a discusión?. ¿Lo habría aprobado abiertamente el Congreso?

Es importante tratar de entender exactamente lo que pasó. A bancos y corporaciones de todo el mundo se les permitió préstamos gigantescos casi en forma gratuita. Cuando se accede a tasas de de interés del orden de 0,25 por ciento, el dinero es casi gratis. Pero estos préstamos no han estado disponibles para todo el mundo, solo para los amigos de la Fed. 
 
¿Puede aceptarse que a Grecia o Irlanda se les facilite dinero a una tasa del 7 por ciento? Como vemos, estos préstamos sólo han estado al alcance de los privilegiados: los megabancos y las megacorporaciones amigas de la Fed, y la información viene a conocerse después de tres años. Durante todo este tiempo la Fed ha engañado y mentido al mundo. 
 
De este modo, la Reserva Federal ha actuado como una especie de dios financiero. Ella decide quién sobrevive y quién no. Centenares de bancos pequeños de Estados Unidos (esta semana se llegó a 920) han desaparecido desde el comienzo de la crisis y la Reserva Federal no ha tenido compasión por ellos. Sólo cuando se trata de bancos o empresas “demasiado grandes para quebrar” la Fed empieza a repartir bolsas gigantescas de dinero gratuito. Es una vergüenza del sistema. 

En un artículo del Washington Post, el Presidente de la Reserva Federal de Dallas, Richard Fisher, reconoció que la Fed “jugó con billones de dólares y tomó una enorme cantidad de riesgo con el dinero del pueblo”. La cita es muy dolorosa porque el pueblo se enfureció con el rescate de los 700.000 millones de dólares de octubre de 2008. Pero aquella suma resultó una bagatela en comparación a los casi 3,5 trillones de dólares a un interés de casi cero y otros arreglos que la Fed hizo con las instituciones amigas sin consultar ni al Congreso ni al gobierno de los Estados Unidos. 

De hecho, el senador Bernie Sanders se disgustó con la gigantesca cantidad de dinero que se fue al extranjero e hizo la siguiiente observación “¿Tiene la Reserva Federal intenciones de convertirse en el banco central del mundo? Porque sí es así, eso es una cuestión que debe debatirse”. Pero lo cierto es que la Fed ha actuado como banco central del mundo a espaldas de todo el mundo y ridiculizando la inoperancia del FMI y el BCE

Los defensores de la Reserva Federal insisten en que de no mediar estos préstamos por debajo de la ventanilla a los bancos y las empresas extranjeras, la actual crisis financiera estaría en una situación mucho peor. De hecho, sostienen que deberíamos estar agradecidos de que la Reserva Federal salvó al mundo del colapso financiero total. Es decir que el retorno a las cavernas estaba a la vuelta de la esquina. 

La lista de empresas rescatadas por la Fed a espaldas de los contribuyentes es bastante larga. Entre las instituciones financieras están: Goldman Sachs, Citibank, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bank of America, Bear Stearns, Pacific Management Investment Co. (PIMCO), para sorpresa e muchos. Entre las grandes corporaciones mundiales se encuentran: General Electric, Caterpillar, Harley-Davidson, Verizon, McDonald’s, BMW, Toyota. La lista de bancos extranjeros incluye a Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Scotiabank, Barclays Capital, Bank of Scotland, Deutsche Bank, Credit Suisse, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Dexia, Bayerische Landesbank, Dresdner Bank, Commerzbank, Santander, BBVA

Los defensores de la Reserva Federal insisten en que el mundo financiero habría terminado si la Fed no hace nada. Puede ser cierto si comprendemos que todo el sistema financiero se rige por el esquema ponzi. Y que todo este esquema ponzi ardió en llamas en año 2008 como lo señalé en La caída de un avión en llamas, mientras muchos decían que no existía crisis alguna en el mundo. 

Sin embargo, y como lo he advertido, el sistema financiero se encuentra colapsado porque las políticas monetarias no dan un equilibrio de largo plazo al vulnerar el tema del empleo. La Reserva Federal puede intentar mantener desesperadamente tantas bolas en el aire como quiera, pero a la larga es inevitable que todo se derrumbará si no hay empleo real que lo sustente. 

El hecho que la Reserva Federal haya debido recurrir a medidas tan extremas para “salvar” al sistema financiero demuestra que las cosas llegaron a un terreno desesperado. Y la aparente calma que se vive hoy es sólo un punto de inflexión frente a las turbulencias que se avecinan. El sistema financiero mundial es un castillo de naipes construido sobre una base de arena. La Reserva Federal puede seguir imprimiendo y tirando en helicóptero tanto dinero como quiera, siguiendo las tesis de Milton Friedman, pero al final nada podrá detener el colapso del sistema cuando los países decidan que el dólar es una moneda que no tiene valor alguno.

(*) Economista, Magister de la Escuela Latinoamericana de Postgrados, y Diplomado en Economía Financiera