domingo, 12 de diciembre de 2010

Cinco cadáveres políticos del 2011 / Moisés Naím *

Hosni Mubarak tiene 81 años y ha sido presidente de Egipto desde 1981. Fidel Castro ha cumplido 85 y durante medio siglo ejerció el poder supremo de Cuba. A sus 83 años, el rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, es el jefe de Estado más longevo: comenzó en 1946. Abdalá ibn Abdulaziz, el rey de Arabia Saudí, ya sobrepasa los 86 años. El "Líder Supremo" que también se hace llamar "El Querido Líder", "Nuestro Padre", "El General" y "Generalísimo" va a cumplir 70 años y es, en realidad, el cruel tirano de Corea del Norte: Kim Jong-il.

Los cinco están muy enfermos, y es probable que alguno muera en 2011. Pero aunque ello no suceda, su debilidad física se traduce en una debilidad política que obligará a sus países a pasar por complicados e impredecibles cambios en la estructura de poder. Las convulsiones políticas provocadas por estas transiciones trascenderán las fronteras de estos cinco países. Egipto es un jugador fundamental en el mundo árabe y la influencia cubana en América Latina es conocida. 

Lo que sucede en Arabia Saudí determina lo que usted paga por la gasolina de su coche, y un conflicto armado entre las dos Coreas tendría efectos inmediatos sobre la economía mundial. De hecho, la reciente exacerbación de la belicosidad de Corea del Norte esta íntimamente ligada al proceso de sucesión. El precario equilibrio político de Tailandia podría fácilmente saltar en pedazos con el fallecimiento de su rey, y el eventual desbordamiento de las tensiones hacia sus vecinos desestabilizaría el Sureste asiático.

A pesar de las inmensas diferencias de todo tipo -culturales, económicas, geográficas, sociales-, es sorprendente descubrir cuán similares son estos cinco países en cuanto a los procesos de sucesión de sus actuales líderes.

Todo queda en familia. Fidel le ha dejado el poder a su hermano Raúl. Kim Jong-il ha designado como sucesor a su hijo de 26 años, Kim Jong-un, quien, gracias a sus desconocidos méritos militares, acaba de ser ascendido a general de cuatro estrellas. Por ley hay que referirse a él como "Brillante Camarada". Hosni Mubarak está haciendo lo posible para que su hijo Gamal asuma el poder. 

Si George H. Bush y George W. Bush fueron presidentes, se preguntan los Kim o los Mubarak, ¿por qué nosotros no? En el caso de los reyes la sucesión familiar es más obvia. Y también más complicada. El rey Abdalá designó como heredero a su hermanastro, el príncipe Sultán bin Abdulaziz. El problema es que el delfín también es octogenario. Y ha sufrido, o aún sufre, de cáncer. Allí las decisiones sucesorias se toman en un complicado y secreto proceso de negociación entre las diferentes facciones de la familia real saudí. 

Lo mismo ocurre en Tailandia. El hijo del rey, el príncipe Maha Vajiralongkorn (57 años) es el heredero natural. Pero mientras que su padre es venerado, el príncipe es temido e impopular. Su controvertida vida amorosa, su adoración por Fu-Fu, su perro poodle que tiene rango militar y al que a veces sienta en los banquetes, y los constantes rumores sobre sus malas amistades contrastan con la admiración hacia su hermana, la princesa Sirindhorn. Uno de los escenarios posibles es que, en el lecho de muerte, el rey pueda saltarse a su hijo y designar a la princesa o a uno de sus nietos. En todo caso, lo último que necesita la atribulada Tailandia es que a las violentas confrontaciones políticas en la calle se le sumen confrontaciones en el palacio real.

Hijos, hermanos y... generales. Otro denominador común en estos cinco países es el papel determinante que desempeñan las fuerzas armadas en la selección del sucesor del líder actual. Todos estos gobiernos dependen de los militares para mantenerse en el poder. En Egipto, la falta de experiencia castrense del hijo del presidente y sus promesas de reformas económicas y políticas no le han granjeado simpatías entre los generales. Raúl Castro no solo es el hermano de Fidel, sino que durante décadas estuvo al frente de las fuerzas armadas. 

En Arabia Saudí, los príncipes que controlan el estamento militar o los servicios de inteligencia son los mejor situados para la sucesión, o al menos tienen una influencia determinante en el proceso de selección. En Corea del Norte, lo más probable es que quien gobierne, una vez desaparecido el "Querido Líder", no sea su hijo el "Brillante Camarada", sino una junta militar. En Tailandia, los generales tienen una larga tradición de golpes y de intervención en asuntos de Estado. La muerte del rey exacerbaría estas propensiones.

La edad no perdona. "No hay mal que cien años dure, ni cuerpo que lo resista", reza el viejo dicho. Los autócratas que buscan extender su mandato mas allá de su muerte, dejando en el poder a su hijo o a su hermano, violan este precepto y tratan de que haya males que duren más de cien años. En algunos casos lo lograrán. En otros, el cuerpo (es decir, la sociedad) no lo aguantará. Ya lo veremos en 2011.
Feliz año. Regreso en enero.

(*) Moisés Naím dirige desde hace diez años la revista Foreign Policy, que circula en 180 países y es publicada en 12 idiomas.

En defensa de Wikileaks / Ernesto Hernández Busto *

Como arrastrada por la maldición del código binario, Internet ha vuelto a colocar a la sociedad contemporánea ante un conflicto aparentemente irresoluble, una encrucijada que involucra al periodismo, la política y las nuevas tecnologías. El caso Wikileaks nos muestra con toda claridad el modo en el que el flujo de información marca hoy una nueva fase de las relaciones humanas, con difícil encaje en la política tradicional.

La batalla entre el imperativo de confidencialidad y la libertad de expresión, cuyos "efectos colaterales" hemos visto estas semanas, y cuyas implicaciones finales atañen al funcionamiento mismo de la democracia, trae los ecos de polémicas que han marcado la historia del periodismo, pero también resulta inédita en muchos aspectos. 

Sin Internet y sin la moderna tecnología de compresión de datos, valga la obviedad, no existiría el Cablegate. Es inimaginable una filtración como esta hace dos décadas: no solo por la facilidad para hurtar los archivos, sino por la ausencia de un mecanismo de fácil acceso a la información filtrada. Si algo hemos aprendido estos días es que la Red representa el único reto serio a ciertos poderes constituidos, capaz de garantizar de facto la posibilidad de un estado de transparencia como el que hoy defienden Wikileaks y sus seguidores.

Habría que empezar por aceptar que el nivel que ha alcanzado la tecnología para filtrar datos y documentos, y para compartirlos con garantías de anonimato, es tal que nos permite dar por sentado más fugas futuras de información a gran escala. Un analista de The Economist lo dejaba claro hace unos días: "Así como la tecnología ha hecho más fácil para los Gobiernos y corporaciones husmear de forma cada vez más invasiva en la vida privada de las personas, también se ha vuelto más fácil para las personas, que trabajan solas o en conjunto, hundirse en y apropiarse de los archivos secretos de los Gobiernos y corporaciones".

Así visto, Wikileaks sería apenas la manifestación temprana de un fenómeno mucho mayor, que afecta de manera definitiva toda la vida contemporánea: una exigencia de transparencia y una demanda de restricción del espacio de lo secreto. La nueva generación de personas criadas en un mundo digital siente una solidaridad irreprimible con la "causa Wikileaks": hace mucho que piden mayor transparencia y apertura, no solo a sus conocidos, sino también a sus Gobiernos. 

Hay un nuevo ethos en ciernes y se respira la vaga sensación de que algo anda mal en los patrones políticos del control de la información. Podemos estar o no de acuerdo, nos puede parecer más o menos gratuito, pero este clima de desasosiego, que incuba las tentaciones del seudoanarquismo y la desobediencia civil, ya forma parte consustancial del espíritu de la época.

Todo esto ha catalizado, de alguna manera, en el caso Wikileaks y en la reciente saga de Julian Assange, convertido por muchos en un nuevo símbolo de la libertad de expresión. Las reacciones en contra tampoco se han hecho esperar. Quizás la manera más rápida de tocar varias implicaciones de este tema sea precisamente detallar algunas de esas objeciones. 

A saber:
Eso no es periodismo: es la lectura de ciertos puristas del oficio. Tienen razón solo hasta cierto punto. Buena parte del periodismo del siglo XX se construyó a partir de "filtraciones" de información privilegiada. Por supuesto, no es lo mismo pasearse por Wikileaks y glosar una docena de cables que "tener una historia". Pero sorprende que los defensores de un periodismo ultrafáctico no se hayan dado cuenta de los verdaderos alcances de esta modificación. Assange lo ha llamado, con cierta sorna, "periodismo científico". 

"Trabajamos con otros medios", dice, "para llevar las noticias a la gente, pero también para probar que son verdad. El periodismo científico le permite leer una noticia, y después hacer clic en línea para ver el documento original en que se basa. Así puede juzgarla usted mismo: ¿es auténtica la historia? ¿El periodista informó correctamente?".

Wikileaks no tiene la vocación ni los recursos para proponer un relato periodístico tradicional. Pero como medio de información o intermediario de nuevo tipo contribuye sin duda al pacto de confianza sobre el que se funda el periodismo moderno: que los secretos, aun aquellos más incómodos, pueden ser revelados en nombre del interés público, y que la prensa exigirá al Gobierno que cumpla con el imperativo democrático de transparencia o pague el precio por ocultar. 

Cierto: si Wikileaks existe, es también porque la prensa tradicional no ha sabido -o no ha podido- garantizar la confidencialidad de sus fuentes. Pero ahora el intermediario ha acordado con sus informantes que estas exclusivas tendrán el mayor impacto posible, y ha cumplido. Su reciente alianza con importantes medios de prensa obedece a esa exigencia y marca un nuevo patrón a tener en cuenta. Todos salen ganando. O casi.

No hay nada que no supiéramos: es lo que repiten una y otra vez aquellos que no se han tomado la molestia de leer, siquiera, una pequeña porción de los cables revelados. Simple ignorancia. Pero esta queja revela, en realidad, una perversa dependencia del sensacionalismo más obvio; quienes así hablan quieren sangre, buscan escándalos con rostro humano, tormentas políticas que encarnen los secretos revelados. Muchos de estos opinantes supuestamente escépticos se comportan, en realidad, con las mismas expectativas que el Gobierno bolchevique cuando filtró los tratados secretos de la I Guerra Mundial: son estos lectores, y no Wikileaks, los que rebajan el periodismo al "ajuste de cuentas".

Son chismorreos, no justifican el uso de la noción "interés público". Periodistas eminentes, como David Brooks o Christopher Hitchens, han reaccionado ante Wikileaks invocando privilegios de la diplomacia decimonónica: el nivel de confianza se verá comprometido, algunas cosas no deben exponerse, la privacidad y la inmunidad diplomática son pilares de nuestra civilización... Aplican las razones de lo privado al marco de lo público, y expresan una veneración casi supersticiosa por un mundo cuya materia fundamental es la intriga. Hablan de diplomacia como Bouvard y Pécuchet se referían a un ábside románico o al duque de Angulema. Deberían remontarse más atrás, a los Borgia o a la diplomacia veneciana del siglo XVI.

La confidencialidad diplomática no desaparecerá. Es parte del mundo civilizado, claro, pero es una convención. Seguiremos pagando a los diplomáticos (no olvidemos que con nuestros impuestos) y ellos seguirán haciendo su trabajo, obteniendo información y tejiendo secretos. Por lo demás, cualquier interesado en que se respete la Convención de Viena debe exigir lo mismo al Gobierno norteamericano, que según estos cables no ha sido demasiado escrupuloso al respecto. Como decía el otro día The Guardian: "Para que la santidad de la valija diplomática signifique algo, debe ser un valor universal".

Es cierto que las naciones más democráticas son más vulnerables a la exposición pública de sus secretos. Pero el secreto, realmente, nunca es total. Ningún diplomático que se respete cree en la confidencialidad absoluta. Lo que existe es información pública e información para uso gubernamental.

Lo siento por el sanctasanctórum de la diplomacia, pero yo sí creo que el público tiene derecho a saber que China quiere rearmar a Irán y a Corea del Norte. O que estuvo tras el ataque a Google. Que Chávez y el narco financian a Daniel Ortega. Y que los médicos cubanos en Venezuela viven en un infierno de vigilancia, extorsión y chantaje antes de emigrar a EE UU. En estos cables hay muchas opiniones, pero estos son hechos de interés.

Voy a dejar a un lado argumentos del tipo "Assange es un peligroso anarquista", "Wikileaks es una organización terrorista", "estamos ante la cruzada personal de un megalómano" o "Assange se aprovecha de la protección de las democracias liberales, pero se niega a someterse a ellas". No inciden, creo, en la verdadera naturaleza del fenómeno que nos ocupa: el papel que ha jugado, y seguirá jugando Internet para definir las fronteras de la información legítima.

Wikileaks es mucho más que el Cablegate. Lleva años creando una reputación y tratando de garantizar su independencia. Mientras hablaban de Kenia y de Timor Oriental, pocos se preocuparon por su deontología. Ahora la filtración es a otra escala, y las exigencias nos obligan a meditar este asunto con la dosis precisa de responsabilidad y realismo, pero, sobre todo, con la convicción de que una sociedad abierta nunca debe castigar el acceso a la verdad.

(*) Ernesto Hernández Busto es ensayista (premio Casa de América 2004). Desde 2006 edita el blog de asuntos cubanos PenúltimosDías.com 

Stefano Rodotà, profesor de Derecho Civil: 'Italia es el laboratorio del totalitarismo moderno'

ROMA.- Puntal del laicismo, la democracia y el sentido común, Stefano Rodotá es un hombre exquisitamente amable. Sabio del derecho, comprometido a la antigua y heredero del activismo de Pasolini, es acaso el penúltimo humanista europeo y uno de los pocos intelectuales de referencia que quedan en esta Italia "triste y deshilachada, que solo se mira el ombligo y parece cada vez más un apéndice del Vaticano cuando se acercan los 150 años de la unidad del país".

Profesor emérito de Derecho Civil en la Universidad de La Sapienza de Roma, Rodotà, nacido en Cosenza hace 73 años, escribe libros y artículos, asiste a congresos, dirige el Festival de Derecho de Piacenza, promueve manifiestos y da la batalla civil por un sinfín de causas, de la libertad de prensa a la ética pública y la eutanasia.
Elegido diputado por el Partido Comunista Italiano en 1979, vivió la convulsa década final de la Primera República en el Parlamento y luego fue el primer presidente del Partido Democrático della Sinistra (PDS), fundado en 1991 por Achille Occhetto a partir de las cenizas del PCI. Solo un año después, quizá profetizando la que se avecinaba, abandonó la política.
Hoy enseña en universidades de todo el mundo, y como especialista en filosofía del derecho y coautor de la Carta Fundamental de Derechos de la UE, es la "tabla" de medir libertades individuales, nuevos derechos, calidad democrática y abuso de poder. Sus textos sobre la relación entre derecho e intimidad, tecnología, trabajo, información y religión se consideran clásicos.
Ahora, Trotta acaba de traducir su libro La vida y las reglas. Entre el derecho y el no derecho, un ensayo de 2006 ampliado en 2009 en el que Rodotá replantea los límites del derecho y reivindica uno nuevo, "más sobrio y respetuoso con las múltiples y nuevas formas que ha adquirido la vida humana".
El profesor denuncia la tiranía que los nuevos popes de la ley tratan de imponer a los ciudadanos: la "casta de notables" que forman juristas y abogados, los grandes despachos internacionales que "crean las reglas del derecho global por encargo de las multinacionales", los "invisibles legisladores que secuestran el instrumento jurídico, transformando una mediación técnica en una actitud sacerdotal".
El libro traza una crítica posmarxista de la jungla de las ataduras legales que frenan las libertades que traen las innovaciones técnicas y científicas. Partiendo de Montaigne ("la vida es un movimiento desigual, irregular y multiforme"), Rodotá explica cómo el "evangelio del mercado", el poder político y la religión han coproducido "una mercantilización del derecho que abre la vía a mercadear incluso con los derechos fundamentales", según se ve en asuntos tan dispares como la inmigración, las técnicas de fertilización o los avances de la biología.
Según Rodotá, esa lógica mercantilista e invasiva es "radicalmente contradictoria con la centralidad de la libertad y la dignidad", y la privatización de la legalidad en un mundo global crea enormes desigualdades, paraísos e infiernos, "lugares donde se crean nuevos derechos y libertades y otros donde el legislador pretende adueñarse de la vida de las personas".
"La paradoja es que esa disparidad, que en teoría ayuda a extender la conciencia de la igualdad por el mundo, puede consagrar una nueva ciudadanía censitaria", explica. "Si se legisla sobre los genes, el cuerpo, el dolor, la vida, los regalos o el trabajo aplicando la represión, la arrogancia y la técnica empresarial de la deslocalización, las libertades se convierten en mercancías y solo aquellos que pueden permitirse pagar pueden acceder a ellas".
Rodotà cita por ejemplo las leyes sobre los matrimonios homosexuales o la reproducción asistida, "que en Italia han creado un flujo de turistas del derecho hacia países como España y otros menos seguros como Eslovenia o Albania". Y en el lado opuesto, "los paraísos fiscales y los países que respetan menos los derechos laborales o la legislación ambiental, y así captan empresas y millonarios".
El gran reto, afirma en esta entrevista, es "salir del derecho y regresar a la vida". O, como afirma en el prólogo del libro el profesor José Luis Piñar Mañas, "vincular vida y derecho, derecho y persona, persona y libertad y dignidad; poner el derecho al servicio del ser humano, y no del poder".
Pregunta. ¿No es paradójico que un jurista alerte contra los excesos del derecho?
Respuesta. Bueno, la mayor paradoja es que el derecho, que debe solo ser una mediación sobria y sensata, se convierta en un arma prepotente y pretenda apropiarse de la vida de la gente. Esta nueva tendencia está muy ligada a las innovaciones científicas y tecnológicas. Antes nacíamos de un solo modo; desde que Robert Edwards, el flamante premio Nobel, inventó el bebé probeta, han cambiado las reglas del juego y la ley natural no se gobierna solo por la procreación natural. Hay otras oportunidades de elegir y surge el problema: ¿debe actuar el derecho? ¿Hasta dónde? A veces, su pretensión es meter en una jaula a la ciencia, oponer derecho a derechos, usar el derecho para negar libertades. ¿Es eso lícito? A veces puede parecer que lo es, por ejemplo en la clonación.
P. ¿Y otras veces?
R. A mi juicio, el derecho debe intervenir, pero sin arrogancia, sin prepotencia, sin abusar, dejando a las personas decidir de forma libre y consciente. El caso de Eluana Englaro es un ejemplo palmario del uso prepotente de la ley y, de paso, del retraso cultural y político italiano. El poder y la Iglesia decidieron, contra lo que afirma la Constitución sobre el inalienable derecho de las personas a su dignidad y a su salud, que era preciso actuar para limitar la dignidad de esa mujer sin vida cerebral y el derecho de su padre a decidir por ella. El problema no es solo el empellón autoritario del poder político, sino el insensato desafío a la norma soberana, la Constitución, y la colaboración de la Iglesia en ese ataque.
P. La Iglesia odia también las células madre. Pero la fecundación asistida fue prohibida en Italia en un referéndum popular.
R. Algunas innovaciones científicas ponen en tela de juicio la antropología profunda del ser humano. El uso y descarte de distintos embriones en las técnicas de fertilidad es una de ellas. El derecho debe acompañar esos cambios, pero no bloquearlos. Los científicos piden reglas para saber si sus avances son moral y socialmente aceptables. Un uso prepotente de la ley limita sus investigaciones, niega el avance mismo, y al hacerlo se apodera de nuestras vidas porque nos niega todo derecho, o peor todavía, se lo niega solo a algunos. Los ricos italianos pueden ir a fertilizarse a España, los pobres no. Eso produce una ciudadanía censitaria y destruye el estado social. La vida está antes que la política y el derecho.
P. ¿La Italia actual está sometida al fundamentalismo católico?
R. Italia es un laboratorio del totalitarismo moderno. El poder, al abusar del derecho, privatizarlo y tratarlo como una mercancía, da alas al fundamentalismo político y religioso, y eso mina la democracia. Los obispos italianos no admiten el testamento biológico; los alemanes propusieron un texto más avanzado que el de la izquierda italiana. Al cumplirse un año de la muerte de Eluana, Berlusconi escribió una carta a las monjitas que la cuidaron diciendo que estaba muy triste por no haber podido salvarle la vida. Admitió públicamente que el poder había tratado de adueñarse de su vida. Ahora acaba de ofrecer un Plan por la Vida a la Iglesia. Con tal de tener su apoyo para seguir gobernando, Berlusconi ha malvendido el Estado de derecho al Vaticano por cuatro perras.
P. Y los homosexuales siguen sin derechos. Y los laicos cada vez pintan menos.
R. El Tribunal Constitucional ya ha dicho al Parlamento que debe reconocer las bodas gais. La Carta de Derechos de la UE es también muy clara. Necesitamos un derecho amable, no un derecho que niegue los derechos. La religión no puede domar la libertad. La Constitución de 1948, artículo 32, dice que la ley no podrá en ningún caso violar los límites impuestos por el respeto de la vida humana. Ese artículo se hizo pensando en los experimentos nazis, con la emotividad de los procesos a los médicos en Nuremberg. ¡Y lo hizo Aldo Moro, un político católico!
P. ¿Pensó alguna vez que llegaría a añorar a la Democracia Cristiana?
R. Aquellos políticos tenían otra talla cultural. Las discusiones parlamentarias entre la DC y el PCI eran de un nivel impresionante. Gobernando la DC se hicieron las leyes del aborto y del divorcio. Sabían que la sociedad y el feminismo las exigían y entendieron que no admitirlo dañaría su credibilidad política. Muchos eran verdaderamente laicos. Tenían más sentido de la medida y más respeto. Hoy estamos en el turismo para poder nacer y para poder morir, la gente reserva sitio en los hospitales suizos para poder morir con dignidad. ¿Es posible que un Estado democrático obligue a sus ciudadanos a pedir asilo político para morir? El derecho debe gobernar esos conflictos, no alentarlos.
P. Rosa Luxemburgo decía que detrás de cada dogma había un negocio que cuidar.
R. Desde luego, imagino que la sanidad privada influye en las posiciones del Vaticano. Desde el Concilio todo ha ido a peor, y hoy Italia está gobernada por movimientos como Comunión y Liberación, que hacen negocios fabulosos con la ayuda y la anuencia del Gobierno. La mala política siempre es hija de la mala cultura. La degradación cultural es la clave del problema. Espero que el régimen político de Berlusconi acabe lo antes posible, pero recuperarnos de este desierto cultural llevará décadas. El uso de la televisión, no solo partidista, sino sobre todo embrutecedor; la degeneración del lenguaje... Todo ha ido a menos. La degradación ha ido mucho más allá del perímetro del centro derecha, y vemos en todas partes actitudes especulares a la de Berlusconi.
P. Algunos están poniendo en discusión incluso los derechos sindicales.
R. El pensamiento jurídico se ha empobrecido mucho. En los años setenta hicimos una reforma radical del derecho de familia porque la cultura de los juristas y su sentido democrático lo permitieron. Se cerraron los manicomios, se hizo el Estatuto de los Trabajadores... Hoy todo eso sería impensable.
P. La izquierda permanece impasible... ¿Por qué?
R. La recuperación de la cultura es la primera premisa para recuperar la política de izquierda. Todos dicen que debe mirar al centro, yo creo que se debe empezar por recuperar la izquierda. Craxi destruyó la socialdemocracia, el PCI se suicidó, y ese cataclismo dura todavía. Hemos perdido la primacía de la libertad, y hoy manda el uso personalista y autoritario de las instituciones. La sociedad se ha descompuesto, el país se está deshaciendo. La política hace ostentación de fuerza, y el derecho se hace migajas.
P. ¿Europa nos salvará?
R. No parece que Europa viva un momento espléndido. Crecen la xenofobia y el racismo, y la debilidad cultural de Italia se expande por el continente. Trono y altar se han aliado otra vez, ahora de manera distinta. Hoy asistimos a la fusión entre el mercado, la fe y la política, que tratan de organizarnos la vida manipulando el derecho. En Italia, la corrupción no es que no sea perseguida, es que está protegida por la ley, como en el escándalo de la Protección Civil: se derogaron la transparencia y los controles ordinarios para poder robar mejor. En los años setenta las comisiones eran de risa, y en todo caso había una compostura, un respeto por la colectividad. Craxi fue devastador, un cambio de época. Ahora, la máxima es: "Si lo hace Berlusconi, ¿por qué no voy a hacerlo yo?".

Recuerden sus principios / Soledad Gallego-Díaz *

Hace ya muchos años que las democracias más prestigiadas del mundo reaccionan ante cualquier ataque de manera completamente inconsistente con los principios con los que fueron creadas y con las libertades civiles que aseguran defender. Sucedió a raíz del gravísimo atentado con las Torres Gemelas, en Estados Unidos, o contra el metro en el Reino Unido. 

Y está sucediendo otra vez en el caso de las filtraciones de Wikileaks, que no tienen absolutamente nada que ver con atentados ni con violencias, sino con la libertad de expresión y de comunicación. Una vez más, conviene recordar la pregunta que se hicieron algunos intelectuales de las democracias emergentes a raíz del 11-S: "¿Está usando Occidente su dominio para preservar su poder o para preservar las reglas cívicas que él mismo estableció en el siglo XX?".

Difícil poder explicar qué principios defienden las democracias "clásicas" cuando el Gobierno de Estados Unidos intenta bloquear a Wikileaks asegurando que los documentos que ofrece, por ser, en teoría, clasificados, no pueden ser descargados ni por funcionarios, ni por empresas que tengan contratos con la Administración norteamericana, ni, lo que es todavía más asombroso, por "individuos privados", por ejemplo, estudiantes, que, al bajarse esa información en sus ordenadores, están "poniendo en peligro sus posibilidades de acceder en el futuro a un puesto de trabajo dentro de la Administración pública".

La Universidad de Columbia difundió esa advertencia del Departamento de Estado a través de su página de servicios y tuvo que ser su Escuela de Asuntos Públicos Internacionales la que diera la voz de alarma y defendiera que "los estudiantes tienen derecho a discutir cualquier información de la arena pública que consideren relevante para sus estudios o para su rol como ciudadanos globales, y de hacerlo sin temor a consecuencias adversas". 

Pero incluso la Escuela de Asuntos Públicos pasó por alto el aspecto más inquietante de la nota hecha pública por la Secretaría de Estado: con su advertencia, la Administración norteamericana está admitiendo que puede examinar y valorar las páginas web descargadas a lo largo de su vida por todos aquellos que aspiran a trabajar para ella.
 
Hasta la impecable Biblioteca del Congreso, el último lugar en el que uno pensaría que se puede ejercer la censura, emitió un comunicado explicando que se veía obligada a bloquear el acceso a Wikileaks, "debido a las leyes en vigor sobre protección de documentos clasificados". "Cobardes", replicó en su propia página web un usuario de este excepcional centro de documentación. "Revisen el Código de Ética de las Bibliotecas Norteamericanas, que ustedes prometieron respetar". El punto dos de ese Código (www.ala.org) compromete a los bibliotecarios a luchar contra cualquier intento de censura de sus contenidos.

Es posible que sea la reacción de la Administración norteamericana ante la revelación de los documentos, y no el contenido mismo de esos papeles, lo que termine realmente por minar la reputación de Estados Unidos. En el fondo, los documentos de la Secretaría de Estado no revelan secretos que le perjudiquen, sino las mentiras que han dicho en público, no ellos, sino buena parte de sus aliados, políticos españoles incluidos. 

Sea como sea, lo que es evidente es que los ciudadanos se sienten cada día menos seguros de la honestidad democrática de sus dirigentes. Basta con leer el último informe de la organización Transparencia Internacional sobre la percepción de corrupción en Estados Unidos y en la Unión Europea y su principal conclusión: los ciudadanos creen que ha crecido alarmantemente en los últimos años.

El 73% de los europeos cree que hay más corrupción ahora que en 2006. Lo creen los españoles, pero también los alemanes (70%) e incluso los finlandeses (50%). La crisis financiera y económica está sin duda en el corazón de esta fuerte desconfianza en políticos y altos funcionarios, pero no estaría mal que no se agreguen más elementos desmoralizadores a una situación que está produciendo tanto agotamiento.

Las desigualdades de riqueza y renta: causas y consecuencias de la crisis / Vicenç Navarro *

En la discusión y debate sobre las causas de las crisis financieras y económicas no se está prestando mucha atención al enorme impacto que las desigualdades de renta y de riqueza están teniendo en las crisis y, viceversa, al impacto que las crisis están teniendo en tales desigualdades. Existe una percepción bastante generalizada entre las poblaciones de los países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) de que viven en sociedades desiguales, pero la evidencia existente muestra que tales desigualdades son incluso mayores de lo que la gente supone. 

Así, en EEUU se ha preguntado a la población, a través de una encuesta, las siguientes preguntas: ¿cuál es el porcentaje de la riqueza que el 20% de la población más rica del país, posee? Se explica en la pregunta el significado de riqueza, que es la propiedad que el individuo tiene. La población responde diciendo que, según ella, el 20% posee el 60% de la riqueza del país. La realidad, sin embargo, es distinta. El porcentaje es mucho mayor; no es un 60% sino un 85%. Cuando se le pregunta cuál debiera ser el porcentaje de la riqueza que el 20% de la población más rica debiera tener, responde que debiera ser un 30-35%.

En la encuesta también se pregunta: ¿cuál es el porcentaje de la riqueza en el país que posee el 40% de la población, la gente que tiene menos riqueza? La respuesta que la población da es un 10%. En realidad es sólo un 0.3%. Y a la pregunta de cuál es el porcentaje que debiera ser, responde que tendría que ser un 20-25%. (Los datos sobre EEUU proceden del artículo de David Cay Johnston, Boletín Tax Notes, publicado en Dollar and Sense. Nov/Dec 2010. p.4). 

Estos datos muestran que las desigualdades en la riqueza son en EEUU mucho mayores de lo que la población estadounidense conoce y desea. Una situación semejante ocurre en la mayoría de países de la OCDE, aunque tal tipo de encuestas no se han hecho en España, uno de los países de tal comunidad que tiene mayores desigualdades de riqueza y de rentas.

A la luz de los datos que muestran que la mayoría de la población que vive en los países de la OCDE desearía que hubiera menos desigualdades, la pregunta que debería hacerse es ¿Por qué se toleran tales desigualdades? Y la respuesta a esta pregunta es que la enorme concentración de la riqueza conlleva una enorme influencia política y mediática que los sectores más ricos de la población ejercen sobre los estados, los cuales se mueven dentro de una cultura económica favorable a sus intereses. Ello explica que la mayoría de estados están siguiendo unas políticas que están reforzando tales desigualdades con un aumento de la concentración de la riqueza (véase mi artículo “Existen alternativas a los recortes”, Público 09.12.10).

¿CÓMO LOS MERCADOS FINANCIEROS ACENTÚAN LAS DESIGUALDADES?

Un ejemplo de la influencia política que tienen los grupos más pudientes de la población es la manera como los estados responden a las presiones de los mercados financieros. Un instrumento que está al servicio de los intereses financieros son las agencias de valoración de la deuda pública soberana de los países (la mayoría de las cuales están basadas en EEUU), y que configuran en gran manera el comportamiento de los mercados financieros internacionales. 

La opinión de estas agencias es, en gran parte, responsable de los enormes recortes de gasto público que los mercados financieros están exigiendo, causando el debilitamiento y desmantelamiento de los estados del bienestar en los países de la OCDE, que benefician principalmente a las clases populares. Tales agencias están al servicio de la banca y de los sectores más pudientes de la población en los países afectados por las demandas de austeridad de gasto público.

Existen muchas muestras de esta alianza de intereses. El caso más reciente es el de la famosa agencia Standard & Poor’s. Tal agencia acaba de publicar un artículo en su boletín The Outlook (oct. 13, 2010) titulado “Washington Worries” en el que alarma a los inversores de todo el mundo indicando que la eliminación de los recortes de los impuestos al 1% de la población, la más rica de EEUU (tal como había propuesto el presidente Obama), contribuirá a la “desconfianza e inseguridad de los mercados financieros”, expresión que se utiliza también para justificar los enormes recortes de los estados del bienestar tanto en EEUU como en Europa.

Según el Centro de Estudios Fiscales, Tax Policy Center, la eliminación de estos recortes fiscales al 1% más rico significaría una pérdida de ingresos al estado federal de EEUU de nada menos que 680.000 millones de dólares. Como bien ha señalado Bradley Hitchings en una carta de protesta publicada en Dollar and Sense. Oct/Nov 2010, esta medida, además de ser enormemente regresiva y de empobrecer las arcas del Estado Federal, perjudicará enormemente la recuperación económica de EEUU (y también de Europa), pues los ricos consumen mucho menos que la gente normal y corriente. Sustraer 680.000 millones de dólares de la demanda en un momento en que el mayor problema es la escasez de demanda, es una medida enormemente negativa.

Estos hechos prueban, entre otros, que las agencias están al servicio de la banca y de los ricos, y que sus propuestas benefician a éstos a costa de los intereses y bienestar de las clases populares en EEUU y en Europa. Vemos pues que las medidas que tales mercados están imponiendo incrementan todavía más las desigualdades sociales que obstaculizan la recuperación económica.

LA BAJADA DE IMPUESTOS INCREMENTA LAS DESIGUALDADES Y ENTORPECE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Las derechas a ambos lados del Atlántico están proponiendo bajar los impuestos como manera de estimular la economía y salir de la recesión. En EEUU, los Republicanos están abanderando esta reducción de impuestos. Y en España, el Partido Popular y CiU están también pidiendo reducir los impuestos.

En Estados Unidos, el diario de la ultraderecha, el Wall Street Journal (su director, que simpatiza con el Tea Party, ha indicado que la democracia interfiere con el capitalismo, señalando que él prefiere lo último sobre lo primero) ha presentado la bajada de impuestos del Presidente Reagan como la causa de la recuperación económica que permitió salir a EEUU de la recesión del periodo 1981-1982. 

En realidad, y tal como ha señalado Paul Krugman, el Presidente Reagan fue el presidente que ha incrementado más los impuestos en EEUU en tiempos de paz desde la II Guerra Mundial. Disminuyó los impuestos de los sectores más ricos pero subió los de todos los demás. Consecuencia de estas políticas fiscales regresivas, las desigualdades aumentaron de una manera muy notable. Lo mismo ocurrió, por cierto, durante la Administración Republicana del Presidente Bush padre, y más tarde con Bush hijo. 

Tal como han documentado Barry Bosworth y Gary Burtless del Brookings Institution, estos cambios regresivos no estimularon ni la demanda (pues los ricos consumen menos que el resto de personas) ni la inversión. El estímulo de la economía vino del aumento del gasto público militar, y del aumento del déficit público, ambas medidas profundamente keynesianas.

En realidad, si en lugar de invertir en gasto militar hubieran invertido en gasto social o industrias verdes, la producción de empleo y estimulo del crecimiento económico hubiera sido incluso mayor. Alguien debiera informar a los asesores económicos del Sr. Mariano Rajoy, Presidente del PP y del Sr. Artur Mas, Presidente de CiU, sobre estos hechos. La bajada de impuestos no es la manera de estimular la economía. En realidad, aumenta las desigualdades, y con ello retrasa la recuperación económica.
 
(*) Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy in The Johns Hopkins University