Qué tienen en común dos fenómenos recientes tan diferentes en apariencia como Wikileaks y las revoluciones democráticas de los países árabes? Sin duda la conmoción y aun la subversión del viejo orden político a través de una nueva relación de los ciudadanos con la información propiciado por el desarrollo de Internet y la comunicación móvil.
Si la globalización del capitalismo en su versión neoliberal está mostrando la impotencia de la política a escala de los Estados-nación, la radical transformación de la esfera de la información y la comunicación está arruinando el esclerotizado y anacrónico modelo de ejercicio de la política fundado en la oligarquización de las decisiones, el secretismo y la asimetría de información entre gobernantes y gobernados.
Este violento y rápido cambio de paradigma va a suponer —ya lo está haciendo— una auténtica revolución política también en nuestras desarrolladas sociedades democráticas, aquejadas de dasafección por parte de una ciudadanía tan escéptica como descontenta, pese a la resistencia feroz que le van a oponer —ya le están oponiendo— las viejas estructuras políticas y los intereses que las sostienen.
La confluencia de un contexto de aguda crisis económica, como vive nuestro país, y de fuerte deslegitimación de su clase política, identificada por la ciudadanía como uno de sus principales problemas colectivos, junto a las posibilidades para el acceso a la información y para la interacción que abren los nuevos desarrollos tecnológicos, dibujan el escenario propicio para un cambio profundo —diría inevitable— de las estructuras políticas, una reforma sustancial de los dispositivos institucionales y una nueva forma de relación de los ciudadanos con la vida pública, como ya está empezando a ocurrir en otros países.
Nada va ser ya igual en el futuro. Es un cambio cultural el que está en marcha y la esfera política deberá adaptarse a sus exigencias. No será una súbita convulsión, pero sus efectos serán muy profundos. Todo un sistema político fundado sobre la delegación y la representación va a resultar radicalmente alterado. En el nuevo paradigma emergente el ciudadano va a ser el centro de la vida pública. La democracia ritualizada de la cita electoral (¿qué hacen los ciudadanos los restantes 1.400 días hasta las siguientes elecciones?) dejará paso a la participación efectiva en la toma de decisiones y en la colaboración de la gente en la solución de los problemas públicos, directamente y por medios electrónicos.
El caduco modelo de los partidos profesionalizados que ejercen monopolísticamente el poder político y están especializados en ocupar todas las esferas de la representación, la política reducida a la lucha entre élites para asegurarse el acceso al poder, la proclamación de principios falseados continuamente por prácticas que se pretenden ocultar, las estructuras inhibidoras de la presencia participativa de la sociedad civil, tienen sus días contados.
Como ha dicho Manuel Castell, «aquellos Gobiernos, o partidos, que no entiendan la nueva forma de hacer política y que se aferren a reflejos estatistas trasnochados serán simplemente superados por el poder de los flujos y borrados del mapa político por los ciudadanos tan pronto su ineficacia política y su parasitismo social sea puesto de manifiesto por la experiencia cotidiana».
No se trata de un modelo adscrito privativamente a ninguna de las líneas de pensamiento político tradicionales. Puede ser suscrito por liberales consecuentes, republicanos cívicos o socialistas democráticos, como también por las corrientes que alimentan los nuevos movimientos sociales: por todos aquellos que crean en las promesas emancipatorias de los ideales democráticos, en la necesidad de contar con la disposición colaborativa de los ciudadanos para mejorar tanto la legitimidad de las decisiones como la eficiencia y la eficacia de las actuaciones públicas.
Ni tampoco ha de suponer una recaída en la ingenuidad de fiar todo al altruismo de los ciudadanos, como si no existieran los diferentes intereses en conflicto ni las profundas desigualdades sociales. Pero sí implica la confianza en que los cambios institucionales y legales pueden favorecer la disposición cívica de los ciudadanos y los avances tecnológicos posibilitarla y aún hacerla imparable.
Los signos de los cambios aparecen por todos lados. La liberación de datos en poder de las Administraciones —el llamado Open Data— puestos a disposición de los ciudadanos alcanza ya a cuarenta países, dieciocho ciudades y cuatro espacios supranacionales que han puesto en marcha catálogos de datasets públicos. La idea es simple: estos datos son de los ciudadanos. Leyes de Transparencia y Acceso a la Información en poder de las Administraciones públicas se generalizan, aunque en casos como el español se pretenda retrasar con excusas de mal pagador.
La doctrina política que se conoce como Gobierno Abierto (Open Government) —incorporada por Obama como uno de los principales objetivos de su mandato— que busca el salto desde la democracia representativa a la participativa siguiendo los principios de la transparencia, la participación y la colaboración, se está abriendo paso y no va a poder ser detenida.
Los códigos de Buen Gobierno, los presupuestos participativos, los registros públicos de intereses, las auditorías ciudadanas, la extensión de la e-administración, mecanismos eficaces de rendición de cuentas (accountability), las plataformas digitales de Gobierno Abierto, la apuesta por incorporar el software libre a la Administración, la transparencia legislativa, etc., constituyen otros tantos elementos de este amplio proyecto de revitalización de la democracia.
Estas modificaciones acabarán por tener efectos multiplicadores, provocando nuevos cambios relevantes en un ´efecto cascada´ que transformara los contextos de la participación y el compromiso de los ciudadanos con el Gobierno de lo público. Crisis es una palabra que no se refiere ya sólo al ámbito de la economía: es toda una cultura política la que se ve cuestionada e impugnada —hasta su superación— por este nuevo horizonte de corresponsabilidad compartida que emerge para nuestras democracias.
Si la globalización del capitalismo en su versión neoliberal está mostrando la impotencia de la política a escala de los Estados-nación, la radical transformación de la esfera de la información y la comunicación está arruinando el esclerotizado y anacrónico modelo de ejercicio de la política fundado en la oligarquización de las decisiones, el secretismo y la asimetría de información entre gobernantes y gobernados.
Este violento y rápido cambio de paradigma va a suponer —ya lo está haciendo— una auténtica revolución política también en nuestras desarrolladas sociedades democráticas, aquejadas de dasafección por parte de una ciudadanía tan escéptica como descontenta, pese a la resistencia feroz que le van a oponer —ya le están oponiendo— las viejas estructuras políticas y los intereses que las sostienen.
La confluencia de un contexto de aguda crisis económica, como vive nuestro país, y de fuerte deslegitimación de su clase política, identificada por la ciudadanía como uno de sus principales problemas colectivos, junto a las posibilidades para el acceso a la información y para la interacción que abren los nuevos desarrollos tecnológicos, dibujan el escenario propicio para un cambio profundo —diría inevitable— de las estructuras políticas, una reforma sustancial de los dispositivos institucionales y una nueva forma de relación de los ciudadanos con la vida pública, como ya está empezando a ocurrir en otros países.
Nada va ser ya igual en el futuro. Es un cambio cultural el que está en marcha y la esfera política deberá adaptarse a sus exigencias. No será una súbita convulsión, pero sus efectos serán muy profundos. Todo un sistema político fundado sobre la delegación y la representación va a resultar radicalmente alterado. En el nuevo paradigma emergente el ciudadano va a ser el centro de la vida pública. La democracia ritualizada de la cita electoral (¿qué hacen los ciudadanos los restantes 1.400 días hasta las siguientes elecciones?) dejará paso a la participación efectiva en la toma de decisiones y en la colaboración de la gente en la solución de los problemas públicos, directamente y por medios electrónicos.
El caduco modelo de los partidos profesionalizados que ejercen monopolísticamente el poder político y están especializados en ocupar todas las esferas de la representación, la política reducida a la lucha entre élites para asegurarse el acceso al poder, la proclamación de principios falseados continuamente por prácticas que se pretenden ocultar, las estructuras inhibidoras de la presencia participativa de la sociedad civil, tienen sus días contados.
Como ha dicho Manuel Castell, «aquellos Gobiernos, o partidos, que no entiendan la nueva forma de hacer política y que se aferren a reflejos estatistas trasnochados serán simplemente superados por el poder de los flujos y borrados del mapa político por los ciudadanos tan pronto su ineficacia política y su parasitismo social sea puesto de manifiesto por la experiencia cotidiana».
No se trata de un modelo adscrito privativamente a ninguna de las líneas de pensamiento político tradicionales. Puede ser suscrito por liberales consecuentes, republicanos cívicos o socialistas democráticos, como también por las corrientes que alimentan los nuevos movimientos sociales: por todos aquellos que crean en las promesas emancipatorias de los ideales democráticos, en la necesidad de contar con la disposición colaborativa de los ciudadanos para mejorar tanto la legitimidad de las decisiones como la eficiencia y la eficacia de las actuaciones públicas.
Ni tampoco ha de suponer una recaída en la ingenuidad de fiar todo al altruismo de los ciudadanos, como si no existieran los diferentes intereses en conflicto ni las profundas desigualdades sociales. Pero sí implica la confianza en que los cambios institucionales y legales pueden favorecer la disposición cívica de los ciudadanos y los avances tecnológicos posibilitarla y aún hacerla imparable.
Los signos de los cambios aparecen por todos lados. La liberación de datos en poder de las Administraciones —el llamado Open Data— puestos a disposición de los ciudadanos alcanza ya a cuarenta países, dieciocho ciudades y cuatro espacios supranacionales que han puesto en marcha catálogos de datasets públicos. La idea es simple: estos datos son de los ciudadanos. Leyes de Transparencia y Acceso a la Información en poder de las Administraciones públicas se generalizan, aunque en casos como el español se pretenda retrasar con excusas de mal pagador.
La doctrina política que se conoce como Gobierno Abierto (Open Government) —incorporada por Obama como uno de los principales objetivos de su mandato— que busca el salto desde la democracia representativa a la participativa siguiendo los principios de la transparencia, la participación y la colaboración, se está abriendo paso y no va a poder ser detenida.
Los códigos de Buen Gobierno, los presupuestos participativos, los registros públicos de intereses, las auditorías ciudadanas, la extensión de la e-administración, mecanismos eficaces de rendición de cuentas (accountability), las plataformas digitales de Gobierno Abierto, la apuesta por incorporar el software libre a la Administración, la transparencia legislativa, etc., constituyen otros tantos elementos de este amplio proyecto de revitalización de la democracia.
Estas modificaciones acabarán por tener efectos multiplicadores, provocando nuevos cambios relevantes en un ´efecto cascada´ que transformara los contextos de la participación y el compromiso de los ciudadanos con el Gobierno de lo público. Crisis es una palabra que no se refiere ya sólo al ámbito de la economía: es toda una cultura política la que se ve cuestionada e impugnada —hasta su superación— por este nuevo horizonte de corresponsabilidad compartida que emerge para nuestras democracias.
(*) Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia
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