viernes, 4 de febrero de 2011

Garzón como síntoma / Juan-Ramón Capella *

Los discutibles procesos judiciales penales en que se ha visto envuelto el juez Baltasar Garzón obligan a preguntarse: ¿por qué? ¿Qué ocurre con la Justicia en España? ¿Cuáles son los pecados de Garzón, que han suscitado esos procedimientos penales ante —o del— Tribunal Supremo? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? ¿De qué es síntoma Garzón?

Si uno hace memoria, creo que Garzón tiene en su haber algunos pecados que explicarían lo que hay en el fondo de esos procesos.

Un primer pecado grave es que Garzón sometió a persecución a los GAL, esto es, al terrorismo de estado de la época de gobierno de Felipe González: como consecuencia, un ministro y un viceministro acabaron en la cárcel mientras sus amigos, el presidente y altos cargos, se rasgaban las vestiduras. Margarita Robles, hoy en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Supremo, es el largo brazo del Psoe de Felipe González y Garzón la ha recusado. 
 
Para los jóvenes hay que recordar que, además de los cargos mencionados, en la época ejemplar de Felipe González acabaron en la cárcel el Director General de la Guardia Civil, el Gobernador del Banco de España y la Directora del Boletín Oficial del Estado, por mencionar unos pocos carguillos. Otros dimitieron para evitar el banquillo.

Un segundo pecado de Garzón es que ha destapado la trama Gürtel. De modo que se ha ganado la animadversión del otro partido, del PP. Algunos juristas garantistas que se la pillan con papel de fumar ven pecado en que Garzón interviniera la comunicación de los procesados con abogados presuntamente encargados no solamente de la defensa sino también de operar con los fondos de esa trama en paraísos fiscales. De modo que para estos juristas la intervención de la comunicación de los principales encausados con sus segundos vulneró los derechos de defensa... que el propio juez había tomado la precaución de proteger en sus autos. 
 
La cuestión es opinable jurídicamente: lo que para unos son garantías para otros es impunidad. Aunque también se intervienen legalmente las conversaciones de terroristas con sus abogados sin que nadie ponga el grito en el cielo. Si la ley no está clara, el asunto es de interpretación, y resulta más que feo que para el hecho hermenéutico del juez Garzón el garantismo se desvanezca. 
 
Lo que nos tememos los observadores del asunto es que a la trama Gürtel y a sus complacientes políticos afines la vara de la ley jamás llegue a alcanzarles gracias... a los votos y a la magistratura. Los españolitos estamos acostumbrados a que la Administración de Justicia llegue casi siempre tarde cuando se trata de perseguir a las gentes con poder. Todo prescribe: las dobles contabilidades de los bancos, los cohechos, los fraudes a la Hacienda Pública...

Ah, un tercer pecado de Garzón es la vanidad. Es un juez estrella. La estrella más brillante. El observador no cree que eso sea independiente de su voluntad. Y comprende que a otros honorables magistrados tanta estrella les jorobe en lo más íntimo de su ser. ¿Habría que alguacilarle? La vanidad no es delito; la prevaricación, sí.

Pero el cuarto pecado de Garzón es el peor de todos: haber pretendido aplicar la ley universal sobre los delitos de genocidio a los criminales de la guerra civil española. Esto sí que no se puede tolerar: que se investiguen los crímenes del franquismo, los asesinatos masivos, los robos, las venganzas. No vaya a ser que los hijos de los autores de esos crímenes vean descubiertas las vergüenzas de sus padres, que han estado viviendo impunes entre nosotros, compartiendo las autopistas, los autobuses, la vida cotidiana; no vaya a ser que las falsificaciones de los registros (de la propiedad, o el mismísimo registro civil) les obliguen a devolver lo obtenido; que además los delitos comunes queden al descubierto.

La aceptación por el sistema constitucional de las leyes internacionales sobre el genocidio ha de quedar en papel mojado. Y Garzón quiso lanzarse sobre los molinos de viento sin advertir que eran gigantes: que el franquismo no ha sido nunca derrotado. Sin percibir que incluso la modesta ley de amnistía española se ha aplicado como una ley de prescripción, sin investigar siquiera si los asesinatos del bando franquista tenían motivaciones políticas, como es el supuesto de esa ley, o simplemente, caso por caso, si había además o sobre todo odios y venganzas, medios para usurpar hijos o bienes, toda la porquería social que puede producir este jodido país —por emplear la certera calificación del padre de Federico García Lorca, cuyo asesinato, por supuesto, jamás ha investigado eso que en España llamamos la Justicia—.

Las víctimas de los nazis han obtenido reconocimiento y reparaciones. También las víctimas de los generales genocidas argentinos. Incluso los polacos asesinados por orden de Stalin. Pero el genocidio español ha de pasar como el genocidio armenio: al olvido.

El acoso jurisdiccional al juez Garzón es el acoso fomentado por la ley del olvido, una norma de la constitución tácita del actual sistema político español. Pero esta vez puede ser una vergüenza para la Justicia local: las instituciones europeas de Justicia no tienen por qué enjuiciar el pecado de la vanidad, ni proteger a trama alguna, ni vengar a los GAL, ni ser complacientes con el genocidio.

Aún se puede esperar que el tiro salga finalmente por la culata.
 
(*) Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona

Llamamiento a la convergencia y a la acción: ¡hay que hacer frente al abuso!

 
Estimado amiga y estimada amigo:

Un grupo de personas preocupadas por la situación política y por las amenazas que se ciernen sobre sectores cada vez más amplios de la población sentimos la necesidad de tomar la iniciativa. Pensamos que ha llegado el momento de impulsar un proceso de acercamiento y convergencia de todos los sectores y sensibilidades de la izquierda para ir conformando una respuesta unitaria y eficaz a la situación que vive nuestro país de países.

Nuestra pretensión es muy abierta pero muy clara. Estamos convencidos de que es imprescindible promover la más amplia confluencia de fuerzas de la izquierda social y política frente a la ofensiva neoliberal que estamos sufriendo. Esta ofensiva probablemente no va a remitir en los próximos tiempos sino todo lo contrario.

Creemos que es necesario ir construyendo consensos para definir valores y políticas que permitan defender el bienestar colectivo, la justicia social, el desarrollo sostenible y las libertades democráticas en estos momentos críticos que estamos viviendo. Es sólo un comienzo pero un comienzo necesario para empezar a articular una contraofensiva al neoliberalismo dentro del actual panorama de la izquierda en nuestro país.

Para darle el primer impulso a este proceso, aprobar el programa mínimo antineoliberal y lanzar el proceso de conformación de mesas para la convergencia ciudadana en todo el Estado, hemos convocado una Asamblea el próximo día 19 de febrero a las 11.00 horas en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, Calle Lope de Vega nº 40.

Somos conscientes de que una convocatoria de este tipo no es muy frecuente. Pero existe una posibilidad real, hasta ahora tenida por imposible, de que se produzca una regresión dramática de las conquistas sociales, democráticas y culturales de los últimos treinta años. Está en juego, además, la propia existencia de la izquierda como actor político relevante. Por ello confiamos en tu responsabilidad y en tu generosidad en unos momentos tan importantes como los que estamos viviendo.

Un saludo cordial

El grupo promotor de la iniciativa
Juan Torres López, Manolo Monereo, Ricardo García Zaldívar, Carlos Martínez García, Armando Fernández Steinko, Roberto Viciano, Carlos Ruiz Escudero

 ***


Las mujeres y hombres que firmamos este llamamiento lo hacemos porque creemos que es urgente despertar la conciencia de la opinión pública, es urgente que la ciudadanía pase a la acción. Creemos imprescindible actuar cuanto antes para frenar los abusos que se están cometiendo contra los trabajadores y trabajadoras, contra los que ni siquiera han tenido la oportunidad de serlo como es el caso de millones de mujeres, contra los pensionistas o contra los pequeños y medianos empresarios que también padecen los abusos de la banca y de las grandes empresas.

Firmamos este llamamiento para denunciar las amenazas que se ciernen no solo sobre la economía, sino sobre la democracia (porque cada vez cuenta menos la opinión del pueblo), sobre la justicia (porque los financieros nunca pagan el daño que provocan), sobre el medio ambiente (porque con la excusa de la crisis dejan de aplicarse las pocas normas que lo protegen y se favorece a las industrias que más lo destrozan) y sobre el bienestar de la mayoría de la población (porque se está haciendo que la paguen quienes no tienen culpa de ella y disponen de menos recursos).

Y lo hacemos para promover la convergencia de todos los ciudadanos y ciudadanas, sean miembros o no de organizaciones políticas, sindicales, sociales, no gubernamentales o culturales para poner en marcha una respuesta unitaria que permita enfrentarse con eficacia a la manipulación informativa, a los recortes en los derechos sociales y al daño que todo esto está produciendo al ya de por sí débil Estado de Derecho en el que vivimos.
 
Las fuerzas políticas que defienden las políticas que se vienen aplicando, los gobiernos que han decidido no enfrentarse a los poderes financieros y numerosas instituciones nacionales e internacionales están haciendo recaer el principal coste de la crisis sobre sus víctimas, sobre la mayoría de la población, sobre las clases trabajadoras, los pensionistas y trabajadores autónomos. Su única receta para salir de la crisis es la reducción de sus ingresos, el recorte de sus derechos sociales y laborales, el sacrificio del Estado del Bienestar y el estrangulamiento de pequeños y medianos empresarios que no disponen de los mismos recursos que las grandes empresas para hacer frente a la crisis. Gracias a su enorme influencia política y mediática extorsionan a los gobiernos elegidos y logran hacer creer a la mayoría de la gente que su versión de la crisis y sus recetas son las únicas posibles para conseguir salir de ella.
 
Los gobiernos de derechas, y también algunos de base social progresista como el español, están capitulando frente a esos poderes que ahora llaman "los mercados" pero que en realidad son los intereses endogámicos de los propietarios de las grandes empresas y entidades financieras. Han renunciado a ser expresión de la soberanía popular y desmovilizan a la ciudadanía diciéndole que nada se puede hacer frente a ellos.
 
También queremos denunciar con este llamamiento el engañando de la ciudadanía porque lo cierto es que existen otras formas mucho más realistas de interpretar el origen de la crisis, existen políticas más eficaces para salir de ella, políticas que no provocarían otra más grande en poco tiempo y que no harían pagar sus consecuencias a los que menos tienen. Expertos y expertas de todo el mundo y la propia Asamblea General de las Naciones Unidas demuestran que esas alternativas existen y que serían viables si los gobiernos decidieran ponerlas en marcha.

Lo que está ocurriendo es una inmoralidad flagrante y contraria a los principios más elementales de la democracia y de la justicia social. Pero si se quiere evitar no se puede hacer frente a esta situación con el silencio, con la desunión entre las personas que se sienten comprometidas con la justicia social y con la dignidad de todos los seres humanos. No es posible hacer frente a esta situación sin un consenso amplio, coordinado y sin exclusiones entre quienes se oponen a ella y sufren sus consecuencias.
 
Por eso hacemos este llamamiento urgente a todas las personas, organizaciones, movimientos y grupos comprometidos con la justicia, la democracia y la transformación social, a todos aquellos y aquellas víctimas de esta situación para que converjan en un espacio unitario de lucha y de denuncia alrededor de un programa inicial de mínimos. Este programa es un comienzo y podrá ser desarrollado en los próximos meses. Proponemos el siguiente.
 
a) Inmediata elaboración y dotación presupuestaria de un plan de urgencia por la igualdad como base de lucha contra la crisis y basado en la lucha contra la exclusión, el desempleo, la pobreza extrema y la violencia de género. En concreto, inmediata puesta en marcha de normas ya aprobadas y no aplicadas y otras de nueva creación para garantizar la plena integración de las mujeres en el empleo de calidad y en la sociedad, así como la de los hombres en el ámbito del  espacio privado: permisos por nacimiento y adopción iguales e intransferibles para ambos progenitores; universalización del derecho a la educación infantil pública y asequible desde los cero años; implantación general de la semana laboral de 35 horas y racionalización de horarios, prestaciones especiales para las familias monoparentales; eliminación de las barreras para el acceso al crédito de las mujeres y supresión de todos los incentivos para la permanencia de las mujeres en el hogar o en la economía sumergida (declaración conjunta en el IRPF, incentivos al tiempo parcial, excedencias no pagadas, prestación por cuidadoras en el entorno familiar, pensión de viudedad vitalicia, etc…).
 
b) Inmediata puesta en marcha de medidas para evitar que cientos de miles de familias pierdan definitivamente sus viviendas, se queden sin servicios básicos de luz o de agua o sean desahuciadas por las entidades financieras que han provocado la crisis. Revisión de las operaciones abusivas cometidas por la banca en los últimos años e indemnización a los clientes por los daños y pérdidas ocasionados.
 
c) Puesta en marcha de un plan de financiación urgente y extraordinaria de trabajadoras y trabajadores autónomos y de pequeñas y medianas empresas para garantizarles recursos suficientes que les permitan seguir desarrollando su actividad y vuelvan a crear empleo. Para ello es imprescindible la paralización o derogación de todos los proyectos o medidas adoptadas para entregar las cajas de ahorros al capital bancario privado; nacionalizar aquellos bancos y cajas de ahorros que no cumplan con la función de financiar la actividad productiva así como la creación de una banca pública de nuevo tipo sometida a principios éticos y de servicio público.
 
d) Anulación de las reformas emprendidas para debilitar el sistema público de pensiones y apertura de una negociación sobre el futuro del sistema que no ponga sobre la mesa los recortes en el gasto sino estrategias para aumentar los ingresos del sistema de la seguridad social mediante la creación de empleo y especialmente del femenino, el incremento de la productividad y, sobre todo, mediante la recuperación del peso que han perdido los salarios en el renta nacional en los últimos quince años.
 
e) Puesta en marcha de una reforma fiscal basada en la tributación sobre las grandes fortunas y patrimonios, sobre los beneficios de los bancos, de las grandes empresas, y sobre las transacciones financieras especulativas.
 
f) Adopción de un plan urgente contra la economía sumergida, contra el fraude y la evasión fiscal así como prohibición inmediata de la actividad de los bancos y cajas de ahorros españoles en paraísos fiscales.
 
g) Renegociación del pago de la deuda pública generada por la crisis bancaria primando los intereses generales del Estado y de la sociedad.
 
h) Impulso inmediato de los programas de gasto social imprescindibles para lograr que se reactive la economía española equiparándolo en todo el territorio nacional a la media europea en educación, sanidad, pensiones, servicios de dependencia e igualdad. Puesta en marcha de un plan de austeridad orientado a la reducción de gastos superfluos en la administración que no son precisamente, como afirman la derecha y los grandes grupos empresariales, los que merman el autogobierno, la defensa de los trabajadores y trabajadoras o el funcionamiento de las instituciones en las que se basa la democracia moderna.
 
i) Rechazo claro del gobierno de las actuaciones antidemocráticas de la burocracia europea, de su connivencia con los intereses financieros y de sus continuos ataques contra la soberanía de los estados y de los pueblos. Exigencia de un mayor peso del Parlamento europeo en la toma de decisiones, de un funcionamiento verdaderamente democrático de las instituciones europeas y la supeditación del Banco Central Europeo a los objetivos de creación de empleo y bienestar en Europa.
 
Pero los buenos argumentos no bastan, hay que poner los medios para difundirlos y para que transformen en actos. Para ello, para crear un nuevo estado de opinión en todo el país y poder pasar a la acción de forma efectiva y coordinada, también hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se agrupe y organice sobre bases unitarias.
 
Para ello llamamos a la creación inmediata de Mesas de Convergencia Ciudadana en todos los barrios, en todos los pueblos y localidades y en todos los centros de trabajo. Estas mesas tienen tres objetivos. El primero es que los ciudadanos de buena voluntad se sienten a deliberar desde la pluralidad, pacífica y democráticamente, sean o no miembros de partidos, de sindicatos o de cualquier otra organización, que lleguen a acuerdos y consensúen posturas y argumentos erradicando el sectarismo. 

El segundo objetivo es informar al resto de la ciudadanía sobre la verdadera naturaleza de la crisis,  desenmascarar a sus verdaderos culpables y difundir las propuestas alternativas. 

El tercer objetivo es impulsar acciones conjuntas para exigirle a los poderes públicos locales, autonómicos y estatales soluciones justas y democráticas a la situación creada, soluciones que no estén basadas, como está ocurriendo, en el recorte de derechos y recursos de los débiles, sino en los principios elementales de responsabilidad, de equidad, de igualdad y de respeto a los derechos humanos.
 
La iniciativa de convergencia unitaria y democrática a la que llamamos no pretende ni debe suplantar las iniciativas de partidos y organizaciones políticas, culturales y sindicales contra el neoliberalismo que ya están en marcha. Todo lo contrario. Quiere potenciarlas y hacerlas más eficaces poniéndolas en común, fomentando la comunicación entre todas ellas, generando un clima para el entendimiento, para la discusión constructiva y para las iniciativas conjuntas. 
 
Para poner todo esto en marcha, para divulgar nuestra invitación a la acción y para organizarla, convocamos a toda la ciudadanía a un encuentro estatal el próximo día 19 de febrero de 2011 a partir de las 11 horas en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO de Madrid sito en la Calle Lope de Vega nº 40 e invitamos a quienes estén de acuerdo con nuestros propósitos y compartan nuestro compromiso, a suscribir este llamamiento en el espacio de la red que figura a continuación, espacio en el que iremos informando sobre el desarrollo de la iniciativa.  

El gran asalto a las cajas / Albert Recio Andreu *

En mi infancia me enseñaron que las Cajas de Ahorros eran una institución distinta a los bancos. En mi ciudad aún estaba vivo el recuerdo de la quiebra del Banco de Barcelona que había arruinado a personas modestas. Las cajas, en cambio, eran vistas como instituciones no especulativas, defensoras del ahorro de los menos ricos, instituciones amigas del entorno (en las escuelas de mi barrio eran habituales los premios en forma de pequeños depósitos: los escolares ahorrábamos sumas modestas mediante la compra de unos sellos pensados para alentar una cultura de la responsabilidad). 
 
Esta figura de las cajas como instituciones sociales empezó a quebrar con la liberalización financiera de principios de los ochenta y la transformación de estas instituciones en operadores financieros normales de la mano de una camada de dirigentes formados en las escuelas de negocios. 
 
Aunque resulta evidente que se ha ido difuminando su diferencia con los bancos, ésta ha persistido en ciertos aspectos: las condiciones laborales, los retornos a la comunidad (pese a que hay mucho de criticable en las obras sociales de las cajas, sobre todo de exceso de acciones publicitarias, salen bien paradas cuando se las compara con los bancos privados) e incluso la implicación en la financiación del tejido productivo local. (No era impensable que una mayor democratización de sus órganos directivos las hubiera podido convertir en impulsoras a gran escala de la economía social). Por ello, con todos sus aspectos criticables, seguían apareciendo, a ojos neoliberales, como una “peligrosa anomalía económica”.

Por tanto, hacía tiempo que las cajas españolas estaban en el punto de mira de los funcionarios del gran capital financiero. Ellas mismas han contribuido a su desmatelamiento con errores propios, especialmente el de subirse al carro de la especulación inmobiliaria a gran escala. Si la gran banca española está saliendo mejor parada de la crisis que las cajas no es tanto por su “eficiencia” como porque su internacionalización previa (explotando chollos financieros como el de las pensiones privadas latinoamericanas) les ha permitido compensar los problemas locales.
 
La crisis actual esta siendo, para los intereses dominantes, como el cerdo: todo resulta aprovechable. Y tras el mercado laboral y las pensiones ahora toca que las cajas sean “reformadas” (seguramente con el caluroso apoyo de algunos de sus directivos formados en cualquier “Business School” local o yanki y esperanzados con que con la transformación podrán obtener los generosos “bonus” que reciben las cúpulas bancarias). 
 
La secuencia del proceso constituye en sí misma una maniobra clásica de golpe de estado: primero se dice que deberán alcanzar un determinado grado de solidez financiera, después se anuncia que ésta deberá ser superior a la de los bancos (ya se sabe: la economía social es menos fiable y hay que asegurarse) y finalmente se afirma que las entidades que no alcancen dicha solidez serán “nacionalizadas” (o sea que pasarán por un programa de saneamiento financiado por la colectividad) como paso previo a su venta total o parcial a inversores privados. También pueden acortar el camino y optar de entrada por la venta al capital privado (es lo que ya ha anunciado la Caixa, una de las instituciones más sólidas). 
 
Vistas en perspectiva, las tormentas financieras recientes que asolaron al país parecen ser el mismo tipo de maniobras de amedrentamiento que realizan los “señores de la guerra” o las mafias cuando quieren conseguir que alguien les ceda un activo o les “solicite” protección.

Si la rendición final se produce —en estos tiempos casi todo lo indeseable acaba por ser inevitable— estaremos expuestos a nuevos problemas. De una parte, toda la experiencia anterior de liberalizacion financiera y de privatización en lugar de redundar en la pretendida competencia creativa se ha traducido en un mero proceso de oligopolización económica. Esto ha ocurrido claramente en el sector bancario, donde hemos acabado, como en la liga de fútbol, con sólo dos grandes grupos. 
 
Y también ha pasado en el resto de sectores privatizados. No hay ninguna razón para que esto no vuelva a ocurrir con las antiguas cajas. Quizás lo único que ganaremos es que a todo el mundo le queden más claros quiénes son los “amos” del país. La otra posibilidad es que, al menos en un plazo inmediato, la privatización sea una puerta de entrada de los fondos financieros, siempre ávidos de entrar en aventuras cortoplacistas. 
 
Y sus efectos especulativos se pueden dejar sentir en muchos campos: nuevas operaciones especulativas en el campo financiero, tratamiento más duro de la clientela e incluso impactos negativos en las redes de empresas locales que aún dependen de las cajas. Teóricamente las cajas preservaran su obra social mediante el cobro de dividendos de sus bancos participados, pero la pérdida de control de la gestión directa refuerza la posibilidad de que estos ingresos disminuyan por cambios en las políticas de gestión (retribuciones a los altos directivos y a los inversores privados, desvíos de fondos mediante operaciones financieras “ad hoc”, etc.)

Aunque el final parece inevitable hay que seguir insistiendo en que la participación pública en las entidades debería ser el embrión de una nueva banca pública y no una mera etapa hacia la privatización. Y deberíamos plantear directamente la cuestión a “nuestros” teóricos representantes en los consejos de las cajas (representantes de sindicatos, impositores, corporaciones locales) para que reviertan el proceso. Porque el triunfo de los mercados es en gran parte el producto de la dejación de responsabilidades de los presuntos representantes de los intereses colectivos.
 
(*) Doctor en Economía y profesor titular del Departamento de Economia Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona

Davos y la política / Felipe González *

Cuando se produjo la implosión del sistema financiero global allá por el otoño de 2008, fundamentalmente en Estados Unidos y Europa, porque Japón llevaba muchos años en una prolongada crisis, hubo un clamor general para que los responsables políticos intervinieran. Dejar caer a Lehman Brothers, primer banco de inversión del mundo, se consideró un error y el pánico se propagó por todos los países centrales. La recesión mundial fue la consecuencia de ese estallido.

Algunos consideramos que la política, ausente en la era de hegemonía del pensamiento de la "mano invisible del mercado", de la desregulación, estaba de vuelta. Los irresponsables que con sus malas prácticas nos llevaron a esta catástrofe, se agazaparon y pidieron a gritos ser rescatados.

Parecía, en efecto, que aunque fuera a un coste inmenso, la política como representación de los intereses generales, empezaba a tomar las riendas del mercado para desarrollar un marco regulatorio y un sistema de control que evitara la galopada de los movimientos de capital puramente especulativos, de la proliferación de esos "derivados" sin registros contables ni conexión con la economía real o de los bonus escandalosos para accionistas y ciudadanos.

Lo primero fue el rescate. Centenares de miles de millones de dólares o euros, en Estados Unidos o en Europa, se destinaron al saneamiento de las entidades financieras en crisis. Y aún más, según los casos, a paliar los efectos en la economía real de los países occidentales. Sin excepciones, el impacto de este esfuerzo financiero, recayó sobre el déficit y sobre la deuda de los países afectados. Es decir, sobre los ciudadanos.

A continuación empezó una lucha distinta. La política parecía dispuesta a limitar los despropósitos que se habían producido en el funcionamiento anómico de los mercados. Se pretendía acabar con la enorme cantidad de ingeniería financiera sin base real; con la ausencia de contabilidad de operaciones llenas de humo que iban creando la burbuja que terminó por estallar. Incluso se estaba pensando en cómo limitar las operaciones a futuro que tensionan al alza los precios de las materias primas -incluidas las alimentarias-. En definitiva, lo que se estaba buscando es que la política gobernara a los mercados y no fuera gobernada por estos.

Las escenas vividas en Davos indican algo muy diferente. La política a la defensiva y los representantes del sistema financiero rescatado al ataque. Merkel y Sarkozy defienden el euro ante las dudas planteadas sobre su capacidad de supervivencia. "Es nuestra moneda y la vamos a mantener". "No se engañen, saldremos de esta situación y no dejaremos caer a ningún país del euro", etcétera.

Los analistas financieros, los felices rescatados por las arcas públicas, los que no advirtieron la que se nos venía encima con sus prácticas intolerables, están crecidos. Vuelven a pronosticar y a recomendar a los políticos qué es lo que deben hacer. Su lenguaje suena así: "No se ocupen de nosotros, ni de nuestros bonos, ni de cómo y con qué productos debemos operar, ocúpense de reducir sus deudas y controlen sus equilibrios presupuestarios". "O sea, nos tienen que dejar a nuestro aire, que hagamos lo que queramos y ustedes deben ocuparse de sus asuntos. Si no nos dejan tranquilos no habrá créditos para la economía productiva".

O sea, muchos de ellos estaban quebrados, como Lehman Brothers, fueron rescatados con dinero público, es decir con endeudamiento de los Estados, provocaron una catástrofe que continúa en la economía real. Y, ahora, vuelven a dictaminar sobre lo que deben hacer los políticos, poniéndolos a la defensiva. Es demasiado descaro para que la opinión pública no esté indignada, aunque hayan logrado que lo esté más con los responsables políticos.

En estos momentos estamos soportando de nuevo las operaciones a futuro sobre granos, es decir sobre la alimentación. Una mala cosecha en Rusia, más los incendios, produce una supresión de exportaciones. Lo que afecta a la oferta mundial no es significativo por sí mismo, pero los movimientos especulativos tensionan al alza los precios en todas partes. En el norte de África, por mirar cerca de nosotros, nos encontramos con una nueva "revuelta del pan", aunque mezclada con el trasfondo de ansia de libertad de mucha gente.

Y nos sentimos inermes. Cualquier especulador puede comprar siete cosechas de arroz o de trigo, o de..., con un afianzamiento del 5% de su valor estimado. La presidencia francesa del G-20 intenta recuperar la idea de una tasa, bien sea mínima, a los movimientos de capital. Si el movimiento no es especulativo, la tasa será indolora. Si lo es, y se repite cada 24 o 48 horas, empezará a pesar en los especuladores. Es una buena idea que nos retrotrae a la nonata tasa Tobin.

Pero si, como temo, no sale adelante, se podría cortar de raíz este movimiento que provoca hambre y desesperación en el mundo, exigiendo un afianzamiento del 60%. Menos trámites de acuerdos imposibles -hasta ahora- y poner cara la especulación salvaje, aumentando en serio el riesgo para los actores.

Pero, en fin, es solo una parte de esta fronda que nos llevó a la crisis y que teníamos la esperanza de que la política, de vuelta, pudiera racionalizar. En los debates de Davos parece que esa esperanza se convertirá en melancolía y que de nuevo incubaremos la siguiente burbuja financiera. Entonces nadie tolerará que se vaya al rescate de los que la provocan, a costa de tanto sufrimiento.

(*) Felipe González fue presidente del Gobierno español entre 1982 y 1996.

No son revoluciones / Yasmina Khadra *

Si los levantamientos que se encadenan en determinados países árabes tienen en común una misma motivación, a saber, la expresión ultrajada de un hartazgo y de una necesidad vital de emancipación y de libertad, los regímenes totalitarios contestados son muy diferentes los unos de los otros. En Yemen se trata de una dictadura estática, esclerotizada, sin proyecto real de sociedad y sin dinámica, basada exclusivamente en las alianzas tribales. Una dictadura virtual, sorda, opiácea, que ha instalado al pueblo en el estoicismo y la renuncia.

En Túnez, el régimen, nacido a partir de una esperanza de renovación y de progreso, cayó en la trampa de una espantosa estrechez de miras que condujo a Ben Ali a perder de vista la oportunidad de poder inscribir su nombre con letras de oro en la historia de su país. Ben Ali era, sin duda alguna, el más convincente de los presidentes árabes. Disponía de un pueblo magnífico, instruido, moderno, emancipado y no violento. Su reino era pan bendito. 

Pero, al no hacer la gloria estremecerse más que a las almas que son dignas de ella (Gogol dixit), el soberano de Cartago optó por la depredación bulímica y por una represión policial que no tenían ninguna razón de ser. Privilegió el reino de sus allegados y de su familia política en detrimento de su propio reino y acabó por verse superado por el giro de los acontecimientos. Podríamos decir que la dictadura de Túnez era sobre todo un poder crapuloso sobre el país, basado en el nepotismo, la corrupción y el tráfico de influencias.
En Egipto se trata de un régimen fantoche, deseado y alimentado por los intereses estadounidenses e israelíes. Considerado como la punta de lanza del mundo árabe, se ha convertido en su eslabón débil. Su incondicional alianza con los norteamericanos ha perjudicado mucho al destino de Palestina y dispersado considerablemente a la unidad árabe. Al concentrar en su seno a las principales instituciones árabe-africanas (políticas, económicas, culturales y deportivas), Occidente ha hecho de él su único interlocutor y su principal peón en la región. 

Valiéndose de ese privilegio, el régimen de Mubarak trocó deliberadamente su estatuto de hermano mayor por el poco brillante papel de cómplice y de traidor, actitud que el pueblo egipcio, considerado como el más intelectualizado del mundo árabe, no ha acabado de digerir. En la dictadura egipcia se da el ejercicio flagrante de una creciente injerencia de los intereses geoestratégicos occidentales, en particular los de Estados Unidos e Israel. Su vocación consiste esencialmente en amordazar el orgullo y la dignidad nacionales en beneficio de ambiciones vampirizantes exteriores.
Los levantamientos que tienen lugar en esos tres países responden también a una urgencia capital. En Yemen, como en Túnez y en Egipto, los pueblos reclaman la libertad, el honor y la posibilidad de acceder a una vida decente. Los regímenes denostados han sido, para nuestros pueblos, la causa principal del marasmo y de la descomposición socioeconómica que nos deniegan el derecho a poder ascender en el concierto de las naciones. Pero de ningún modo se trata de revoluciones. Se trata de una reacción espontánea, incoherente y sin orientación precisa, cuyo objetivo es el de expulsar al tirano sin prever ni preocuparse por lo que vendrá después. Una revolución es un acto pensado, maduramente articulado en torno a una hoja de ruta, de una estrategia, y conducido por actores identificados y determinados. 

No vemos a cabecillas titulares designados en las calles de El Cairo, de Túnez o de Adén. Privados de catalizadores eficaces, estos vastos movimientos de protesta van a tener que seguir hasta el final y desbaratar todos los ardides que los Gobiernos amenazados van a multiplicar para cambiar la situación a su favor. Nos hallamos ante la duda sideral, de ahí que se haga imperativo el recurso inmediato a conciencias intelectuales o políticas capaces de encarnar la cólera popular y la saludable alternancia exigida por el pueblo. Sería desastroso seguir sitiando las plazas públicas sin erigir en ellas tribunas y sin hallar para ellas una voz fuerte y creíble que desbanque los discursos falaces y las llamadas a la calma de los regímenes acorralados. 

Como sería desastroso aceptar un compromiso, que, con toda evidencia, no sería sino una trampa inesperada y una tentativa de ganar tiempo para los Mubarak y sus esbirros. Cometimos esa torpeza en Argelia con ocasión de la formidable insurrección de octubre de 1988. Al no contar con guías prevenidos que nos evitaran las trampas de la recuperación y nos precavieran de los fallos de nuestra inadvertencia, aplaudimos la proclamación de la democracia y del multipartidismo para desengañarnos algunos años más tarde bajo el tsunami islamista. No quisiera que esta catástrofe se operara en Túnez y en Egipto.

Esa es la razón por la que resulta de extrema importancia, para esos dos países, escoger a hombres y mujeres aguerridos, vigilantes y dispuestos a erradicar toda traza de los antiguos aparatos represivos del Estado y a impedir las tentativas de instrumentalización y desviación ideológicas que reducirían a cenizas la instauración de una auténtica democracia laica y republicana.
Sin embargo, si el caso tunecino suscita la simpatía de Occidente, el de Egipto le quita el sueño. Porque en Egipto no se trata del porvenir del pueblo egipcio, sino de una nueva configuración de las relaciones de fuerza en la región. Si el régimen de Mubarak se hundiera, la "paz" de Oriente Próximo ya no estaría garantizada. Entendiendo por "paz" la estabilidad de Israel y su impunidad. Estados Unidos va a emplear todo su peso para mantener el régimen, a riesgo de sacrificar a Mubarak. Y los egipcios están viviendo las horas más peligrosas de su historia republicana. O aceptar la "transición" o la guerra civil. 

Personalmente, no soy nada optimista. Cada día que pasa lo hace en beneficio del régimen, que ha elegido la guerra de desgaste. Ya no es la calle la que gestiona el asedio. La economía está parada, la gente no percibe sus salarios y los estómagos empiezan a acusar el hambre. El régimen lo sabe y va a tratar de prolongar las manifestaciones pacíficas para volver a desplegarse, restablecer sus redes de propaganda y de disuasión y sembrar la duda en los ánimos. En el momento en que escribo, Mubarak habría confiado ya el destino de Egipto a los expertos del Pentágono. Esa "transición" que reclama Washington es la trampa mortal que destruirá toda oportunidad de recuperar su honor y su salvación al pueblo egipcio.
Hay dos preguntas que hacerse:
1. ¿Podrían extenderse estos levantamientos a Libia, Argelia, Marruecos y Jordania? Para Libia, la cuestión ni se plantea. Para los libios, Gadafi no es un dictador sino un líder iluminado. Tardaremos en ver sumidas en la cólera a las calles de Trípoli. Respecto a los otros tres países, a pesar de la corrupción generalizada, el desempleo, el empobrecimiento galopante y la falta de perspectivas para la juventud y los nuevos diplomados, no habrá insurrecciones en ellos. Los Gobiernos actuales prometerán la introducción de vastas y urgentes reformas para satisfacer las reivindicaciones de sus pueblos y seguirán sin comprender que es la alternancia lo que la nación exige. El brazo de hierro será flexible, pero nadie podrá prever la reacción popular a corto plazo. Una cosa es cierta, gracias a lo que ocurre en Túnez y en Egipto, los pueblos saben ya dónde están sus verdaderas fuerzas. Nada será ya como antes.
2. ¿Van a cambiar algo estos levantamientos? En Yemen, nada concluyente. Al régimen le bastaría con hacer algunas concesiones para dispersar a las multitudes. Las alianzas tribales están demasiado corrompidas como para renunciar a sus conquistas en beneficio de sus comunidades. Túnez podría arreglárselas. Tiene bazas reales de salir bien parado de la transición, pero los excluidos del aparato del poder no renunciarán a su parte del pastel. En cuanto a Egipto, se velan las armas, o, por seguir con la tradición musulmana, es "la noche de la duda". Se juega todo a una carta. Y todo lleva a creer que se va a armar una buena. Los envites geoestratégicos son de tal calibre que gustosamente aceptarían el sacrificio de algunas decenas de miles de muertos.

(*) Yasmina Khadra es escritor argelino.

Una expresión ciudadana / Gema Martín Muñoz *

Las manifestaciones que se están dando en Túnez, primero, y Egipto, a continuación, son ante todo un movimiento ciudadano. No se limita a una revuelta popular, ni a una sublevación social por las pésimas condiciones socioeconómicas en que se vive. Es una demanda firme de ejercer sus derechos de ciudadanía. Y están todos juntos, musulmanes, cristianos, islamistas, laicos, clases medias, estudiantes, intelectuales. 

Desde hace años todas las encuestas sociológicas que regularmente se hacen entre las opiniones públicas árabes nos estaban diciendo sistemáticamente que su principal aspiración era gozar de un Estado de derecho. Pocos atendían a este sustancial dato, tan ocupados siempre en el peligro islamista, el velo islámico, preservar el statu quo... De ahí la sorpresa.

Parece que a los árabes les gusta la democracia, para sorpresa probablemente de algunos. Y parece que están preparados para ejercerla. Se sienten ciudadanos y quieren serlo. La sorpresa viene, en todo caso, de la errónea interpretación de identificar regímenes con país, y de no prestar atención a las enormes dinámicas de cambio y maduración ciudadana que las mujeres, los jóvenes y la mayor parte de la sociedad estaban realizando desde hace años en esos países. No se ha mirado a la sociedad, solo a los sistemas políticos.

En esas sociedades, las mujeres (con velo y sin él) están haciendo su particular revolución silenciosa contra el patriarcado y están participando activamente en esa gran reivindicación ciudadana, y en general los jóvenes (el 70% de la población tiene menos de 30 años), principalmente urbanos, muy politizados y con una mayoritaria preparación universitaria y diplomada, representan un enorme potencial para el desarrollo democrático y socioeconómico del país. Y si este se trunca, representan por el contrario un inmenso desafío de alienación ciudadana con indeseables evoluciones.

Se está viendo con simpatía esta movilización porque, y es totalmente cierto, es civil y los partidos islamistas no han desempeñado ningún papel. Y eso es bueno porque ni ellos, ni ningún otro partido, podrá reclamar legitimidad alguna de origen. La legitimidad más que nunca es de la ciudadanía entera, con todas las ideologías presentes. Pero ello no significa que no vayan a tener un papel que jugar en la transición democrática si esta se desarrolla bien. 

En el caso de Túnez, donde acaba de llegar Rachid Gannuchi, líder carismático de En Nahda, el movimiento islamista va a recuperar base social. En Egipto, la oposición política más estructurada y con base social son los Hermanos Musulmanes. Su perfil de actuación está siendo deliberadamente bajo (En Nahda ha anunciado que no presentará candidatura a la presidencia de Túnez). Esta posición responde a la conciencia de que cualquier viso de protagonismo islamista puede ofrecer el tan útil argumento del "peligro islamista" para perder el sustantivo apoyo externo a la reivindicación ciudadana y quebrar la unidad interna existente.

De hecho, los menos interesados en que esa evolución democrática se desarrolle son quienes están intentando poner en primera línea de la información el riesgo de que Egipto sucumba en manos de radicales islamistas. Pero la cuestión que se plantea es que si se impone la dinámica democrática, los nada radicales islamistas del Nahda tunecino y de los Hermanos Musulmanes egipcios estarán presentes en el proceso, y eso no debe privar de legitimidad ni apoyo a la tan necesaria transición democrática. 

Podríamos en este caso adaptar la famosa frase clintoniana a: "¡Es la democracia, estúpido!". La pertinaz actitud de elegir unilateralmente a los actores que deben participar en la escena política en esta parte del mundo en nombre de sus ciudadanos ha hecho ya todo su fracasado recorrido. Como también lo han hecho las propuestas diversas de reforma política edulcorada y para la galería internacional que desde finales de los ochenta se han prometido sin resultado práctico alguno. El momento y el discurso de la reforma está caducado, ahora es el tiempo de la transición democrática, y lo que esos ciudadanos árabes están expresando es lo mismo que los ciudadanos españoles pedimos con la misma firmeza y entusiasmo hace más de 35 años.

La dimensión del cambio es, sin duda, de gran alcance porque supone modificar los parámetros sustanciales de la política internacional en esta región. Dejar de entender el statu quo como sinónimo de estabilidad porque, por el contrario, ha engendrado rabia, humillación, pobreza, extremismos. Afrontar que se podrá tener buenos aliados pero no clientelas. Y eso tiene muchas consecuencias en esta parte del mundo.

El caso de Egipto es, en este sentido, mucho más desafiante. Su peso simbólico y estratégico es determinante, y sin duda preocupa a muchos el alcance que tendría su cambio de régimen. Pero el nacionalismo que también alimenta la rebelión es otro componente sustancial a tener en cuenta para valorar la fuerza de la movilización. 

Los egipcios se saben referencia de toda la región y han digerido muy mal su pérdida de influencia regional, desplazada a otras partes del mundo árabe, las consideradas excesivamente estrechas relaciones con Israel, y su gran debilitamiento intelectual, otrora líder y pionero en la producción cultural árabe. Todos estos factores, unidos a una profunda alienación contra un sistema que les ha marginado, empobrecido y despreciado, se han convertido en una explosiva alquimia de componentes, verdadero polvorín en la actualidad. 

Por todo ello, la quiebra o intento de rendición de esta rebelión ciudadana egipcia (promoviendo el caos, el enfrentamiento violento y la provocación) augura un más que probable baño de sangre que ni el nacionalista Ejército egipcio, actor fundamental, ni la comunidad internacional pueden permitir. Las consecuencias serían desastrosas (más violencia, más radicalización, más inestabilidad).

Pero también es cierto que si la transición democrática arraiga, es necesario un sustancial apoyo económico internacional que acompañe al frágil proceso político. Durante mucho tiempo se ha defendido en Europa que invertir en el desarrollo económico era la clave para contribuir a la transformación de esos países, desentendiéndose de las cláusulas que vinculaban esa política al avance democrático (como establecía la declaración de Barcelona, los acuerdos de libre comercio, la nueva política de vecindad, etcétera). 

Los resultados han sido escasos y efímeros. Es ahora, en el apoyo al desarrollo económico acompañado de democracia, donde los actores exteriores tienen una verdadera baza que jugar: siendo fieles a sus propias definiciones, declaraciones y objetivos y dejando de lado los hegemonismos trasnochados que con cierto regusto colonial se han justificado por una pretendida minoría de edad política árabe. El carácter ciudadano de estas manifestaciones los ha definitivamente liquidado.

(*) Gema Martín Muñoz es directora general de Casa Árabe y profesora de Sociología del Mundo Árabe e Islámico de la UAM.