miércoles, 13 de abril de 2011

El borrador de la "Ley Sinde" viene con trampa / A. Bernabé Sáez *


Sin sorpresas, tal y como estaba previsto se ha presentado el borrador del Real Decreto de lo que venimos llamando popularmente como Ley Sinde. Lo curioso es que no se ha propuesto a la sociedad en su conjunto sino a los cuatro medios de siempre, por mucho que ellos hayan decidido compartirlo.

Así pues, tenemos entre manos lo que se supone que será la nueva Ley de Economía Sostenible en cuanto a propiedad intelectual se refiere. ¿Hay sorpresas? Algunas, poco a poco podemos ir desengranando con detalle el plan de censura gubernamental que planean el gobierno y el principal partido de la oposición de la mano del lobby del copyright. ¿Qué hay de nuevo, viejo?


El borrador de un Real Decreto “a la Sinde”
Cada uno de los diarios de tirada nacional se han hecho eco de distintos puntos del texto. Los chicos de
CiberP@ís se centran en un punto que hasta ahora no se había tenido en cuenta, y es que los malvados sites que pongan enlaces a contenido protegido podrán salvarse de la quema si lo retiran en 48 horas. Eso sí, si reinciden nada evitará que reciban su castigo, es decir, el cierre de su web.
 
Si los responsables de la página no son tan rápidos la comisión encargada de cerrar el chiringuito emitirá una resolución en otros 3 días respondiendo a las alegaciones pertinentes. Si finalmente no funciona, se le exigirá a la web que cierre o retire todo el contenido “peligroso” en 24 horas.
 
En el caso de que nos pongamos tercos y la página siga en sus trece la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual remitiría el caso al Juzgado de lo contencioso-administrativo entrando ya en territorio judicial. Lo curioso es que normalmente cuando hemos llegado a estos extremos habitualmente han salido victoriosos los que deben serlo; así que habrá que esperar a ver cuantos plantan cara al experimento del Ministerio de Cultura.


¿Donde está entonces el fallo? ¿Qué hay de malo? Pues nos los explica Carlos Sánchez Almeida, ya que el reglamento tiene trampa.


El truco está en tratar a una web como Series Yonkis, por poner un ejemplo, no como un servicio vulnerador de propiedad intelectual, sino como un servicio de intermediación del que se valen los vulneradores de la propiedad intelectual. Se matan dos pájaros de un tiro: se mantendría a Series Yonkis y a sus abogados fuera del procedimiento, y sólo se les notificaría la resolución en vía de ejecución forzosa. Si desobedecen la retirada de enlaces –servicio de intermediación de conformidad con el artículo 17 de la LSSI- serían considerados responsables de los contenidos, al haber tenido conocimiento efectivo de la infracción. 
 
Bloqueando webs en el extranjero, un primer paso hacia el Gran Hermano

Ante este panorama uno podría pensar que la mejor opción es alojar el servicio en el extranjero, pero nada de eso. En ese caso el esos tres censores que formarán la Comisión de Propiedad Intelectual podrán solicitar que la Audiencia Nacional exija a los proveedores de Internet bloquear el acceso a páginas que se alojen fuera de nuestras fronteras. Nada que envidiar a algunas de las dictaduras más criticadas del globo. Si alguien tiene algo en contra de cierto medio, ya sabe que es lo que tiene que hacer para que sea cerrado, plagarlo de enlaces.

Todo esto podría ser sólo un pequeño temor si esos tres mosqueteros que decidirán el destino de las webs en España fueran objetivos y, sobre todo, elegidos representando la pluralidad de las opiniones de la sociedad. Por desgracia, tanto presumir del “aquí no elegimos a dedo” con aquello de las primarias, pero al final lo han hecho.

Sin pasar por el Congreso de los Diputados, serán los Ministerios de Economía y Hacienda, Justicia y Cultura los que propondrán expertos al último. Para entonces el Ministerio de Cultura seleccionará según su unilateral criterio qué tres expertos en propiedad intelectual van a conseguir hacernos sonrojar ante los informes en defensa de la libertad de expresión.

Con todo, la industria sigue sin estar contenta. La Ley Sinde es considerada insuficiente por el lobby, que no deja de hacer ruido.

(*) Licenciado en Comunicación Audiovisual