sábado, 23 de abril de 2011

Ocho propuestas urgentes para otra Europa / Eric Toussaint *

La crisis sacude a la Unión Europea hasta los cimientos. Para varios países la soga de la deuda pública se cierra sobre ellos y están asfixiados por los mercados financieros. Con la complicidad activa de los gobiernos, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del FMI, las instituciones financieras responsables de la crisis se enriquecen y especulan sobre las deudas de los Estados. La patronal aprovecha la situación para lanzar una ofensiva brutal contra una serie de derechos económicos y sociales de la mayoría de la población.

La reducción de los déficit públicos no debe hacerse reduciendo los gastos sociales públicos, sino aumentando los impuestos, luchando contra el gran fraude fiscal y gravando más el capital, las transacciones financieras, el patrimonio y las rentas de los más ricos. Para reducir el déficit, también es necesario reducir drásticamente los gastos de armamento, así como otros gastos socialmente inútiles y peligrosos para el medio ambiente. 

En cambio es fundamental aumentar los gastos sociales, especialmente para amortiguar los efectos de la depresión económica. Pero más allá hay que considerar esta crisis como una posibilidad de romper con la lógica capitalista y realizar un cambio radical de sociedad. La nueva lógica que hay que construir deberá romper con el productivismo, incluir la cuestión ecológica, erradicar las diversas formas de opresión [racial, patriarcal, etc.] y promover los bienes comunes.

Para eso es necesario construir un frente anticrisis, tanto a escala europea como localmente, con el fin de agrupar las energías para crear una relación de fuerza favorable a la puesta en práctica de soluciones radicales centradas en la justicia social y climática. Desde agosto de 2010 el CADTM ha formulado ocho propuestas relativas a la actual crisis europea (1). El elemento central es la necesidad de proceder a la anulación de la parte ilegal de la deuda pública. 

Para ello, el CADTM recomienda la realización de una auditoría de la deuda pública efectuada bajo control ciudadano. En determinadas circunstancias dicha auditoría deberá combinarse con la suspensión unilateral y soberana del reembolso de la deuda pública. El objetivo de la auditoría es llegar a la anulación/repudio de la parte ilegal de la deuda pública y a una fuerte reducción del resto de la deuda.

La reducción drástica de la deuda pública es una condición necesaria pero insuficiente para sacar a los países de la Unión Europea de la crisis. Hay que completarla con toda una serie de medidas de gran amplitud en diferentes ámbitos.

1. Realizar una auditoría de la deuda pública con el fin de anular la parte ilegal.
Una parte importante de la deuda pública de los Estados de la Unión Europea es ilegal porque es el resultado de una política deliberada de gobiernos que decidieron privilegiar sistemáticamente a una clase social, la clase capitalista, y a otros sectores favorecidos, en detrimento del resto de la sociedad. La rebaja de impuestos sobre las rentas altas de las personas físicas, sobre sus patrimonios y sobre los beneficios de las empresas privadas, han llevado a los poderes públicos a incrementar la deuda pública con el fin de cubrir el agujero producido por esa rebaja. 

Así, dichos poderes públicos han aumentado fuertemente la carga impositiva sobre los hogares modestos que constituyen la mayoría de la población. A eso hay que añadir, desde 2007-2008, el rescate de las instituciones financieras privadas, responsables de la crisis, que ha costado muy caro a las finanzas públicas y ha hecho estallar la deuda pública. La disminución de los ingresos provocada por la crisis que han causado las instituciones financieras privadas, una vez más se ha tenido que cubrir con préstamos masivos.

Ese marco general señala claramente la ilegalidad de una parte importante de las deudas públicas. A eso se añade, en cierto número de países sometidos al chantaje de los mercados financieros, otras fuentes evidentes de ilegalidad. Las nuevas deudas contraídas a partir de 2008 se han asumido en un contexto en el que los banqueros [y otras instituciones financieras privadas] utilizan el dinero conseguido de los bancos centrales a tipos de interés bajos para especular y obligar a los poderes públicos a aumentar las remuneraciones que éstos tienen que reembolsar. 

Además en países como Grecia, Hungría, Letonia, Rumania o irlanda, los préstamos concedidos por el FMI se han combinado con condiciones que constituyen una violación de los derechos económicos y sociales de las poblaciones. Con el agravante de que esas condiciones, una vez más, favorecen a los banqueros y a las demás instituciones financieras.

También por estas razones son ilegales. Finalmente, en algunos casos se ha hecho burla de la voluntad popular: por ejemplo, mientras que en febrero de 2011 una amplia mayoría de los irlandeses votó contra los partidos que hicieron regalos a los bancos y aceptaron las condiciones impuestas por la Comisión Europea y el FMI, la nueva coalición gubernamental continúa grosso modo la misma política que sus predecesores. 

Más generalmente, en algunos países se asiste a la marginación del poder legislativo en beneficio de una política de hechos consumados impuesta por el poder ejecutivo que pasa los acuerdos con la Comisión Europea y el FMI. A continuación el poder ejecutivo presenta al Parlamento ese acuerdo «lo tomas o lo dejas», que llega incluso a organizar un debate sin votación en asuntos de primer orden. La tendencia del poder ejecutivo a transformar el órgano legislativo en una oficina de registro se refuerza.

En ese inquietante contexto, sabiendo que antes o después una serie de Estados se enfrentará al riesgo concreto de la imposibilidad de pagar por falta de liquidez y que el reembolso de una deuda ilegal es inaceptable por principios, conviene pronunciarse claramente por la anulación de las deudas ilegales. Anulación cuyo coste debe recaer sobre los culpables de la crisis, a saber, las instituciones financieras privadas.

Para los países como Grecia, Irlanda, Portugal o los países de Europa del Este [y los de fuera de la Unión Europea, como Islandia], es decir, los países que están sometidos al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea, conviene recurrir a una moratoria unilateral del reembolso de la deuda pública. Esta propuesta se hace popular en los países más afectados por la crisis. 

A finales de noviembre de 2010 en Dublín, en una encuesta de opinión realizada por teléfono a cerca de 500 personas, el 57% de los irlandeses preguntados se pronunció a favor de la suspensión del pago de la deuda [«default» en inglés] más que por la ayuda de emergencia del FMI y Bruselas. «Default ! say the people» [el pueblo por la suspensión del pago] titulaba el Sunday Independent, principal diario de la isla. 

Según el CADTM, ese tipo de moratoria unilateral debe unirse a la realización de una auditoría de los préstamos públicos [con participación ciudadana]. La auditoría debe permitir que se aporten al gobierno y a la opinión pública las pruebas y los argumentos necesarios para la anulación/repudio de la parte de la deuda identificada como ilegal. El derecho internacional y el derecho interno de los países ofrecen una base legal para ese tipo de acción soberana unilateral de anulación/repudio.

A los países que recurran a la suspensión del pago, con la experiencia sobre la cuestión de la deuda de los países del sur, el CADTM pone en guardia con respecto a una medida insuficiente, una simple suspensión del reembolso de la deuda, que puede revelarse contraproducente. Hay que hacer la moratoria sin añadido de intereses de demora sobre las sumas no reembolsadas.

En otros países como Francia, Gran Bretaña o Alemania, no es imperativo decretar una moratoria unilateral durante la realización de la auditoría. Pero también debe llevarse a cabo allí con el fin de determinar la amplitud de la anulación/repudio a la que habrá que proceder. En caso de deterioro de la coyuntura internacional la suspensión del pago pueden llegar a ser necesaria incluso para los países que se creen a salvo del chantaje de los prestamistas privados.

La participación ciudadana es la condición imperativa para garantizar la objetividad y la transparencia de la auditoría. Esta comisión de auditoría deberá estar compuesta especialmente por los diferentes órganos del Estado afectados, así como por auditores expertos de las finanzas públicas, economistas, juristas, constitucionalistas, representantes de los movimientos sociales… y permitirá determinar las distintas responsabilidades en el proceso de endeudamiento y exigir que los responsables, tanto nacionales como internacionales, rindan cuentas a la justicia. En caso de hostilidad de un gobierno con respecto a la auditoría, será necesario constituir una comisión ciudadana de auditoría sin participación gubernamental.

En cualquier caso es legítimo que las instituciones privadas y las personas físicas de altas rentas que poseen los títulos de esas deudas asuman el coste de la anulación de deudas soberanas ilegales, ya que son ampliamente responsables de la crisis de la cual, por añadidura, se beneficiaron largamente. El hecho de que deban asumir el coste de la anulación no es más que una justa vuelta hacia una mayor justicia social. Es importante elaborar un registro de los propietarios de títulos con el fin de indemnizar a los ciudadanos y ciudadanas con rentas bajas y medias que haya entre ellos.

Si la auditoría demuestra la existencia de delitos relacionados con el endeudamiento ilegal, hay que condenar firmemente a sus autores a pagar las reparaciones y no permitir que se libren de las penas de cárcel en función de la gravedad de sus actos. Hay que exigir justicia contra las autoridades que pusieron en marcha los préstamos ilegales.

En cuanto a las deudas que no están afectadas de ilegalidad, convendría imponer un esfuerzo a los acreedores en términos de reducción del stock y de los tipos de interés, así como una ampliación del período de reembolso. También seria conveniente efectuar una discriminación positiva a favor de los pequeños propietarios de títulos de la deuda pública que convendría reembolsar normalmente. 

Por otra parte, el montante de la parte del presupuesto del Estado destinado al reembolso de la deuda deberá limitarse en función de la situación de la economía, de la capacidad de reembolso de los poderes públicos y del carácter irreducible de los gastos sociales. Hay que inspirarse en lo que hizo Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. El Acuerdo de Londres de 1953 sobre la deuda alemana, que consistía, en particular, en reducir el 62% del stock de la deuda, estipulaba que la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos de las exportaciones no debía sobrepasar el 5% (2). 

Se podría definir una ratio de este tipo: la suma asignada al reembolso de la deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del Estado. También hay que adoptar un marco legal para evitar que se repita la crisis que comenzó en 2007-2008: prohibición de socializar las deudas privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos relacionados con el endeudamiento ilegal, nulidad de las deudas ilegales…

2. Detener los planes de austeridad, son injustos y profundizan la crisis.
De acuerdo con las exigencias del FMI, los gobiernos de los países europeos han optado por imponer a sus pueblos políticas de estricta austeridad, con claros recortes en el gasto público: jubilaciones en la función pública, congelación e incluso rebaja de los salarios de los funcionarios, reducción del acceso a algunos servicios públicos vitales y de protección social, retraso de la edad de jubilación. A la inversa las empresas públicas reclaman –y obtienen- un aumento de sus tarifas mientras que el coste del acceso a la sanidad y la educación también se revisa al alza. 

Crece el recurso a la subida de impuestos indirectos particularmente injustos, en especial el IVA. Las empresas públicas del sector competente se privatizan masivamente. Las políticas de austeridad que se ponen en práctica se están empujando a un nivel nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial. De esta forma los efectos de la crisis se duplican por los presuntos remedios que se dirigen sobre todo a proteger los intereses de los propietarios de capitales. En resumen, ¡los banqueros beben, los pueblos pagan!

Pero los pueblos cada vez toleran menos la injusticia de esas reformas caracterizadas por una amplia regresión social. En términos relativos son los trabajadores, los parados y las familias más modestas quienes más tienen que contribuir para que los Estados continúen engordando a los acreedores. Y entre las poblaciones más afectadas las mujeres ocupan el primer puesto, ya que la actual organización de la economía y la sociedad patriarcal hace que caigan sobre ellas los desastrosos efectos de la precariedad, del trabajo parcial y mal pagado. 

Afectadas directamente por la degradación de los servicios sociales públicos, ellas pagan un precio muy alto. La lucha para imponer otra lógica es indisociable de la lucha por el respeto total de los derechos de las mujeres.

3. Instaurar una verdadera justicia fiscal europea y una justa redistribución de la riqueza. Prohibir las transacciones con los paraísos judiciales y fiscales. Luchar contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y de los más ricos.

Desde 1980 no han dejado de bajar los impuestos directos sobre las rentas más elevadas y las grandes empresas. Así en la Unión Europea, de 2000 a 2008, las tasas superiores del impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades bajaron respectivamente 7 y 8,5 puntos. Esos cientos de miles de millones de euros de regalos fiscales se orientaron esencialmente hacia la especulación y la acumulación de riquezas por parte de los más ricos.

Hay que diseñar una reforma profunda de la fiscalidad con el objetivo de la justicia social [reducir al mismo tiempo las rentas y el patrimonio de los más ricos para aumentar los de la mayoría de la población] armonizándola en el plano europeo con el fin de impedir el dumping fiscal (3). Se trata de aumentar los ingresos públicos, especialmente por medio del impuesto progresivo sobre la renta de las personas físicas más ricas [la tasa marginal sobre el tramo más elevado de renta debe llevarse al 90% (4)], el impuesto sobre el patrimonio a partir de cierto montante y el impuesto de sociedades. 

Este aumento de los ingresos debe ir parejo con una rápida rebaja del precio del acceso a los bienes y servicios de primera necesidad [alimentos básicos, agua, electricidad, calefacción, transporte público, material escolar…] especialmente por una reducción fuerte y concreta del IVA de dichos bienes y servicios vitales. Se trata también de adoptar una política fiscal que favorezca la protección del medio ambiente gravando de forma disuasiva a las industrias contaminantes.

La Unión Europea debe adoptar una tasa sobre las transacciones financieras, especialmente sobre los mercados de intercambios, con el fin de aumentar los ingresos de los poderes públicos.

Los diferentes G20, a pesar de sus declaraciones de intenciones, en realidad se han negado a atacar a los paraísos judiciales y fiscales. Una medida sencilla para luchar contra los paraísos fiscales [que todos los años hacen perder a los países del norte, y también a los del sur, recursos vitales para el desarrollo de las poblaciones], consiste para un Parlamento en prohibir a todas las personas físicas y a todas las empresas presentes en su territorio realizar cualquier transacción que pase por los paraísos fiscales, bajo pena de una multa de un importe equivalente. Además hay que erradicar esos agujeros negros de las finanzas, de tráficos criminales, de corrupción y de delincuencia de cuello blanco.

El fraude fiscal priva a la colectividad de medios considerables y actúa contra el empleo. Los medios públicos consecuentes deben ponerse al servicio de las finanzas para luchar eficazmente contra ese fraude. Los resultados deben hacerse públicos y sancionar severamente a los culpables.

4. Poner en orden los mercados financieros, en especial por la creación de un registro de los propietarios de títulos, por la prohibición de las ventas al descubierto y la especulación en una serie de sectores. Crear una agencia pública europea de calificación.

La especulación a escala mundial representa varias veces el total de las riquezas producidas en el planeta. Los sofisticados montajes de la mecánica financiera la vuelven totalmente incontrolable. Los engranajes que suscita alteran la estructura de la economía real. La opacidad sobre las transacciones financieras es la norma. Para gravar a los acreedores en el origen, es necesario identificarlos. 

La dictadura de los mercados financieros debe acabar y se debe prohibir la especulación en toda una serie de sectores. Es conveniente prohibir la especulación con los títulos de la deuda pública, con las divisas y con los alimentos (5). También se deben prohibir las ventas al descubierto (6) y los Credit Default Swaps se deben regular estrictamente. Hay que cerrar los mercados de contratación directa de productos derivados, que son verdaderos agujeros negros que escapan a toda reglamentación y vigilancia.

El sector de las agencias de calificación también debe reformarse y enmarcarse estrictamente. Lejos de una herramienta de evaluación científica objetiva, esas agencias son, estructuralmente, partes interesadas de la globalización neoliberal y en varias ocasiones han desencadenado repeticiones de catástrofes sociales. 

En efecto, la rebaja de la nota de un país implica una subida de los tipos de interés sobre los préstamos que se le han concedido. En consecuencia la situación económica del país en cuestión se deteriora todavía más. El comportamiento borreguil de los especuladores multiplica las dificultades encontradas que pesarán todavía más duramente sobre las poblaciones. La marcada sumisión de las agencias de calificación a los medios financieros estadounidenses las convierte en actores principales a nivel internacional, y su responsabilidad en el desencadenamiento y la evolución de la crisis no ha sido suficientemente aclarada por los medios de comunicación. 

La estabilidad económica de los países europeos se ha dejado en manos de esas agencias de calificación, sin protección, sin medios serios de control por parte de los poderes públicos. Es imprescindible la creación de una agencia pública de calificación para escapar de este callejón sin salida.

5. Transferir los bancos al sector público bajo control ciudadano.

Tras decenios de desviaciones financieras y privatizaciones ya es hora de pasar el sector crediticio al dominio público. Los Estados deben recuperar su capacidad de controlar y orientar la actividad económica y financiera. También deben contar con instrumentos para realizar inversiones y financiar el gasto público reduciendo al mínimo el endeudamiento con instituciones financieras privadas y/o extranjeras. Hay que expropiar los bancos, sin indemnización, y transferirlos al sector público bajo control ciudadano.

En algunos casos, la expropiación de los bancos privados puede representar un coste para el Estado debido a las deudas puedan haber acumulado. El coste en cuestión debe recuperarse del patrimonio general de los grandes accionistas. 

En efecto, las empresas privadas que son accionistas de los bancos y que los llevaron al abismo mientras obtenían jugosos beneficios, son propietarias de una parte de su patrimonio en otros sectores de la economía. Debe hacerse, pues, una punción en el patrimonio general de los accionistas. Se trata de evitar al máximo la socialización de las pérdidas. El ejemplo irlandés es emblemático. La forma en que se efectuó la nacionalización del Allied Bank irlandés es inaceptable. Hay que aprender de eso.

6. Socializar las numerosas empresas y servicios privatizados desde 1980.

Una característica de los últimos treinta años ha sido la privatización de muchas empresas y servicios públicos. Desde los bancos al sector industrial pasando por correos, las telecomunicaciones, la energía y el transporte, los gobiernos han entregado al sector privado gran parte de la economía, perdiendo al mismo tiempo toda la capacidad de regularla. 

Esos bienes públicos, procedentes del trabajo colectivo, deben volver al sector público. Se trata de crear nuevas empresas públicas y adaptar los servicios públicos según las necesidades de la población para responder, en particular, a la problemática del cambio climático, por ejemplo con la creación de un servicio público de aislamiento térmico de las viviendas.

7. Reducir drásticamente las horas de trabajo para crear empleos y aumentar los salarios y las pensiones.

Distribuir de otra forma la riqueza es la mejor respuesta a la crisis. La parte de la riqueza creada destinada a los trabajadores se ha reducido considerablemente desde hace varios decenios mientras los acreedores y las empresas han aumentado sus beneficios para dedicarlos la especulación. El aumento de los salarios no sólo permite que las personas vivan con dignidad, sino que también fortalece los medios utilizados para financiar la protección social y las pensiones.

Al reducir el tiempo de trabajo sin menguar los salarios y creando empleos, se mejora la calidad de vida de los trabajadores y se proporciona empleo a aquéllos que lo buscan. La reducción radical del tiempo de trabajo también ofrece la oportunidad de practicar un ritmo de vida diferente, una forma diferente de vivir en sociedad alejándonos del consumismo. El tiempo ganado para el ocio permitirá una mayor participación activa de las personas en la vida política, en el fortalecimiento de la solidaridad, en actividades de voluntariado y en la creatividad cultural.

8. Refundar democráticamente otra Unión Europea basada en la solidaridad.

Varias disposiciones de los tratados que rigen la Unión Europea, la eurozona y el BCE deben derogarse. Por ejemplo, es necesario eliminar los artículos 63 y 125 del Tratado de Lisboa, que prohíben cualquier control de los movimientos de capitales y cualquier ayuda a un Estado en dificultades. También hay que abandonar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y más allá, es necesario sustituir los tratados actuales por otros nuevos en el marco de un genuino proceso constituyente democrático para alcanzar un pacto de solidaridad de los pueblos a favor del empleo y la ecología.

Se debe revisar por completo la política monetaria así como la normativa y las prácticas del Banco Central Europeo. La incapacidad del poder político de obligar al BCE a emitir dinero es un obstáculo muy grave. Con la creación del BCE como entidad por encima de los gobiernos y de los pueblos, la UE tomó una decisión desastrosa, la del someter a los seres humanos a las finanzas y no a la inversa.

Mientras que muchos movimientos sociales denunciaron los rígidos y profundamente inadecuados estatutos, el BCE se ha visto obligado a cambiar de opinión en lo más álgido de la crisis modificando con urgencia el papel que le había sido asignado. Por desgracia el BCE accedió a hacerlo por razones equivocadas: no porque se tuvieran en cuenta los intereses de los pueblos, sino para preservar los de los acreedores. Es la prueba evidente de que hay que barajar y repartir las cartas de nuevo: El BCE debe tener el poder de financiar directamente a los Estados que desean lograr los objetivos sociales y medioambientales que integran perfectamente las necesidades básicas de la población.

En la actualidad, actividades económicas muy diferentes, como la inversión en la construcción de un hospital o un proyecto puramente especulativo, se financian de manera similar. El poder político debe, al menos plantearse, imponer costes muy diferentes a unos y otros: los bajos tipos de interés se deben reservar para inversiones socialmente justas y ambientalmente sostenibles, mientras que las tasas muy altas, incluso prohibitivas cuando la situación lo exige, deben aplicarse a las operaciones de tipo especulativo siendo también deseable que pura y simplemente se prohíban en ciertos sectores [véase más arriba].
 
Una Europa basada en la solidaridad y la cooperación debe dar la espalda a la competencia y la rivalidad que nivelan «por abajo». La lógica neoliberal ha conducido a la crisis y ha revelado su fracaso. Dicha lógica ha empujado los indicadores sociales a la baja: menos protección social, menos empleo, menos servicios públicos. Los que se han beneficiado de esta crisis lo han hecho pisoteando los derechos de la mayoría. ¡Los culpables han ganado, las víctimas pagan! 

Esta lógica, que subyace en todos los textos fundadores de la Unión Europea, comenzando por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, debe atacarse directamente: no se puede sostener. El objetivo prioritario debe ser otra Europa basada en la cooperación entre los Estados y la solidaridad entre los pueblos. 

Para ello, las políticas presupuestarias y fiscales no deben ser uniformes, ya que las economías europeas presentan grandes diferencias, pero hay que coordinarlas para que finalmente surja una nivelación «por arriba». Hay que imponer políticas globales a escala europea que incluyan inversiones públicas masivas para la creación de empleo público en áreas claves [de los servicios comunitarios a las energías renovables, de la lucha contra el cambio climático a los sectores sociales básicos].

Esta otra Europa democratizada debe, según el CADTM, trabajar para imponer principios no negociables: el fortalecimiento de la justicia fiscal y social, decisiones dirigidas a elevar el nivel y la calidad de vida de sus habitantes, el desarme y la reducción radical del gasto militar [incluida la retirada de las tropas europeas de Afganistán y la salida de la OTAN], optar por energías sostenibles sin recurrir a la nuclear, rechazo de los organismos modificados genéticamente [OGM]. También debe acabar resueltamente con su política de fortaleza sitiada frente a los inmigrantes y convertirse en un socio justo y verdaderamente solidario con los pueblos del Sur del planeta.

(*) Eric Toussaint es presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) de Bélgica. Tiene formación en Historia y Politología (doctor  en Ciencias Políticas por la Universidad de Lieja y de París VIII). Es miembro del consejo científico de Attac Francia, de la red científica de Attac Bélgica, así como del consejo internacional del Foro Social Mundial. Es también miembro del Comité intrenacional de la Cuarta Internacional.

Notas:
(1) Ver http://www.cadtm.org/IMG/pdf/Tract_CADTM_Europe_DEF_27aout2010.pdf. En este artículo recuperamos estas ocho propuestas, las actualizamos y las desarrollamos.
(2) Ver, de Éric Toussaint, Banco Mundial. El golpe de Estado permanente, capítulo 4.
(3) pensamos en Irlanda, que aplica una tasa sólo del 12,5% sobre los beneficios de las sociedades.
(4) Hay que señalar que esa tasa del 90% se impuso a los ricos a partir de la presidencia de Franklin Roosvelt en Estados Unidos en los años 30.
(5) Ver, de Damien Millet y Éric Toussaint, La Crise, quelles crises?, Aden-CADTM, CETIM, 210, capítulo 6.
(6) Las ventas al descubierto permiten especular sobre la bajada de un título vendiendo finalmente dicho título cuando ni siquiera se tiene. Las autoridades alemanas han prohibido las ventas al descubierto mientras que las autoridades francesas y las de otros países se oponen a esa medida.
Éric Toussaint es doctor en Ciencias Políticas por las universidades de Lieja y París VIII, presidente del CADTM Bélgica, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y de la Comisión Presidencial de Auditoría Integral de la Deuda (CAIC) de Ecuador, miembro del Consejo Científico de ATTAC France, autor de los libros: Un coup d’œil dans le rétroviseur. L’idéologie néolibérale des origines jusqu’à aujourd’hui (Cerisier, 2010), Banque du Sud et nouvelle crise internationale (CADTM-Syllepse, 2008), Banque mondiale: le coup d’Etat permanent (CADTM-Syllepse-Cetim, 2006), La finance contre les peuples (CADTM-Syllepse-Cetim, 2004) y coautor con Damien Millet de los libros: La Crise, quelles crises? (Aden-CADTM-Cetim, 2010), 60 questions 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale (CADTM-Syllepse, 2008) y Les tsunamis de la dette (CADTM-Syllepse, 2005). La próxima obra, que aparecerá en junio de 2011, es: La Dette ou la Vie, Aden-CADTM, 2011 (obra colectiva coordinada por Damien Millet y Eric Toussaint).
Eric Toussaint


¿Hay alternativas al sistema occidental imperante? / Alberto Garzón Espinosa *

Hay quien trata de analizar la actual crisis económica como si fuese un accidente pasajero en el normal desarrollo del sistema económico. Sin embargo, quienes hacen eso ignoran que esta crisis no sólo es económica sino que también es ecológica, política, social, de valores y, por tanto, sistémica. 

Y en tanto crisis sistémica, que abarca todos los aspectos y componentes del modo de organizar esta sociedad, los ciudadanos tienen más que nunca la oportunidad de proponer alternativas que permitan construir otro mundo posible. Siempre y cuando, por supuesto, se considere que dicha tarea es o bien deseable o bien incluso necesaria. 

Nosotros consideramos ambas cosas. Creemos que el sistema económico actual es responsable de grandes males que afectan a la humanidad y que la solución de estos pasa irremediablemente por transformar el sistema. Con esa aspiración presente, en este artículo nos dedicamos a describir someramente las alternativas políticas y económicas actuales, así como también nos preguntamos por el sujeto social que tendría que dirigir y apoyar dicho proceso transformador.

LA NECESIDAD DE SUPERAR EL CAPITALISMO

El capitalismo siempre está sometido a continuo cambio, si bien nunca deja de operar bajo las mismas leyes de funcionamiento, y no cabe ninguna duda de que hoy es sustancialmente diferente al capitalismo que existía hace cincuenta, cien o doscientos años. Y en todo este tiempo el capitalismo ha conseguido multiplicar la capacidad productiva de la sociedad y nos ha permitido acceder a un sinfín de nuevos productos y experiencias. Sin embargo, tampoco cabe ninguna duda de que históricamente el capitalismo ha mostrado ser una forma de organización social con grandes deficiencias y, lo que es más preocupante, con deficiencias que son cada vez mayores.

La concentración de la riqueza y el consecuente incremento de la desigualdad, ya no sólo entre los llamados tercer y primer mundo sino también incluso dentro de este último, son procesos que vienen acompañados de al menos tres graves fenómenos más: una extensión generalizada de la lógica mercantil que anula los aspectos puramente sociales y humanos; un creciente deterioro del medio natural en el que la actividad económica se inserta; y la decadencia y abandono de la democracia como sistema ideal de coordinación entre los miembros de una sociedad. La evidencia de todos estos males siempre ha despertado un gran número de protestas y ha dado lugar a la creación de numerosos movimientos sociales en todo el mundo y en todas las épocas.

De hecho, la reciente crisis económica generó esperanzas en gran parte del movimiento contestatario, el cual pensó que esta crisis era la demostración de que o bien la deriva neoliberal del capitalismo debía ser corregida, dando paso a una etapa más social y equitativa, o bien el capitalismo llegaba con esta crisis estructural a su fin definitivo y tendría que ser sustituido por algo nuevo. También algunos dirigentes políticos, como Sarkozy, debieron de pensar de forma parecida cuando se vieron obligados a anunciar la necesidad de “refundar el capitalismo”.

Sin embargo, la evolución de la crisis ha demostrado que aquello eran ilusiones y que, al contrario, la tendencia actual del capitalismo es la de acentuar sus rasgos más puros. Y hoy estamos frente a una nueva ola de neoliberalismo radical que pretende sacar al sistema económico de la crisis a través de viejas fórmulas de política económica que nos llevarán sin duda a un nuevo escenario socioeconómico de mayor regresión social. Con ello presente no es extraño pensar que la transformación o sustitución del capitalismo es aún más necesaria que nunca.

EL SUJETO DEL CAMBIO SOCIAL

Si somos conscientes de que tiene que haber un cambio, el siguiente paso es preguntarnos por el sujeto social que lo tendrá que llevar a cabo. En efecto, la historia ha demostrado que “sin base social suficiente no hay sociedad que pueda existir de forma duradera, por muy atractiva que sea en apariencia” (Tablas, 2007), de lo que se deduce que necesariamente el cambio tiene que estar dirigido o, al menos, apoyado por un espectro suficientemente grande de hombres y mujeres.

La versión clásica del sujeto social por excelencia es el movimiento obrero y la organización socialista. En esta opción el colectivo obrero, que en sus inicios hacía referencia a los trabajadores asalariados de las grandes e incipientes industrias, tendría la capacidad suficiente de organizarse y alcanzar el poder del Estado. Y desde allí podría tomar todas las decisiones necesarias para “cambiar al mundo de base”. En una versión alternativa el movimiento obrero puede tomar directamente las decisiones necesarias, sin necesidad de alcanzar el poder del Estado, a través de la colectivización de los medios de producción, es decir, las empresas que determinan la producción de una sociedad. En ambos casos, no obstante, subyace la lógica de enfrentamiento entre capital y trabajo, esto es, entre clases sociales.

Pero el capitalismo, en su desarrollo, ha modificado también la forma en que se relacionan las clases sociales. El movimiento obrero no es hoy en día un colectivo homogéneo y cohesionado, y tampoco es suficientemente numeroso como para guiar un cambio de esta magnitud. En su lugar tenemos un amplio espectro de clases sociales que mantienen muy distintas y divergentes preferencias. De esa forma, incluso aunque en un sentido abstracto pudieran finalmente asociarse cada una de ellas a algunos de los polos de la dicotomía capitaltrabajo, y por ejemplo hablásemos de los “asalariados en general”, no podríamos hacerlo sin perder la homogeneidad y cohesión necesarias como grupo.

Otras posibilidades sobre cuál es el sujeto social del cambio se pueden encontrar en los conceptos de “multitud”, “movimientos de movimientos” o “ciudadanía”. En el primero de los casos nos encontramos con un sujeto social conformado por la totalidad de personas explotadas directa o indirectamente (en un sentido económico) bajo el sistema capitalista. Este colectivo, similar pero todavía más amplio que el de los asalariados, tendría –según los teóricos de este concepto– que construir el nuevo mundo desde la experimentación práctica; desde la calle se comenzaría a sentar las bases de la nueva sociedad a la que empujaría la “multitud”.

En el segundo y tercero de los casos se haría alusión a las diferentes corrientes de oposición al capitalismo que han ido surgiendo en los últimos años y que en un sentido amplio han sido definidos como “antiglobalización” o “alterglobalización”. Aquí se incluirían todos los colectivos que llevan a cabo luchas más o menos sectoriales, como las organizaciones feministas, los sindicatos, los estudiantes, los partidos políticos, las comunidades indigenistas, etc. Hablaríamos entonces de una unión basada en el malestar generado por el capitalismo y por la necesidad de construir “otro mundo posible” sin que ello signifique necesariamente que ya se sabe qué tipo de sociedad se desea crear.

En cualquier caso, sea cual sea el sujeto social que finalmente deba apoyar el cambio social, no parece probable que pueda transformar la sociedad únicamente por medio de la negación del sistema actual. Es necesario un programa estructural.

MODELOS ALTERNATIVOS DE CONFIGURACIÓN SOCIAL

Desde la concepción tradicional de democracia representativa se considera que el Estado es el espacio de encuentro de las diferentes sensibilidades ideológicas y que, por tanto, tras una adecuada y justa suma de las preferencias de los ciudadanos es allí donde tienen que tomarse las decisiones relacionadas con el futuro de la sociedad. En esta concepción el Estado es un mero intermediario entre la voluntad popular y la toma de decisiones final.

No obstante, para entender mejor el proceso político de toma de decisiones no podemos limitarnos a hablar de poder social, referido al que emana del conjunto de los ciudadanos, y poder estatal, el que emerge por los representantes –legítimos o no– de esos ciudadanos. También es necesario hablar del poder económico, aquel que bajo el capitalismo es ejercido por las grandes empresas maximizadoras de ganancias. Esta tríada entre los tres poderes, y las diferentes relaciones institucionales entre ellas, es la que determina la configuración final del sistema social (Wright, 2006).

Si atendemos a las diferentes combinaciones entre estos distintos poderes encontramos entonces bastantes posibilidades. Todas ellas han sido descritas en Wright (2006), y nosotros sólo vamos a destacar aquí algunas de las que nos parecen más interesantes de acuerdo con los propósitos de este documento.

En primer lugar tenemos la opción del “socialismo estatista”, objetivo clave del pensamiento marxista ortodoxo. En esta opción el poder económico no existe y el poder estatal es el que toma las decisiones relativas a la producción. El poder estatal emana de las preferencias del poder social, el cual ha podido dirigirlas a través de unos mecanismos plenamente democráticos.

En segundo lugar tenemos la opción de la “socialdemocracia estatista”, donde el poder estatal influye en la economía a través de su interferencia en el poder económico. Aquí el poder estatal es también una institución representativa del poder social.

En tercer lugar podemos examinar el “capitalismo social”, también llamado en algunos ámbitos el “capitalismo popular”. En esta configuración el poder social influye en las decisiones de producción con intermediación del poder económico, y no teniendo el Estado ningún rol. Los trabajadores asumirían la administración de las empresas, a través de las acciones u otros mecanismos de coparticipación, pero el sistema seguiría manteniendo la lógica de maximización de las ganancias.

En cuarto y último lugar tendríamos la “economía social”, en la que ni el poder económico ni el poder estatal juegan rol alguno. En este caso los colectivos se organizan para coordinar la producción de forma directa pero sin atender ni a la maximización de beneficios ni a la tecnocracia estatal.

Todas estas posibilidades son opciones teóricas ideales de los diferentes grupos políticos, pero algunas tienen más apoyo que otras. A continuación vamos a examinar qué grupos se encuentran actualmente detrás de estas opciones y en qué forma se distinguen los diferentes proyectos.

LAS OPCIONES CON MÁS FUERZA EN LA ACTUALIDAD

Dentro del escenario político actual podemos observar tres grandes opciones que, en abstracto, actualmente aglutinan a gran parte de las personas que se consideran contestatarias al capitalismo o, al menos, a su versión más radical. Las salidas a la crisis que cada uno de estos grupos propone quedan, por tanto, condicionadas por el tipo de sociedad que se postula como ideal.

La configuración de la “socialdemocracia estatal” es probablemente la que más adeptos tiene, y es también un lugar común entre los partidos políticos mayoritarios de derechas y de izquierdas. Las divergencias entre ambas posiciones dentro de esta configuración suelen residir en el papel que juegan los salarios y otras variables económicas en el buen funcionamiento del sistema, pero en ningún caso se realiza una crítica al sistema en sí.

Las medidas progresistas que se proponen para salir a la crisis desde estas coordenadas ideológicas tienen que ver con medidas de distribución de la renta, equidad y justicia social y crecimiento económico sostenible. 

Se reconoce que un sistema económico capitalista tiene que funcionar con agentes privados –las empresas– que necesitan tener mercados rentables. Por lo tanto, se trata de asegurar esa rentabilidad a través de mecanismos justos y eficientes. En este punto los salarios juegan un rol crucial, y es necesario asegurar tanto que son suficientemente altos como para estimular el crecimiento económico como que están suficientemente repartidos, bien de forma directa como indirecta (a través de los mecanismos de redistribución del Estado). 

Aunque se reconoce la necesidad de la rentabilidad, se trata de minimizar los efectos perjudiciales de la lógica mercantil a través de la acción del Estado. Así, se deben regular los mercados de trabajo, el sistema financiero y se debe coordinar adecuadamente la actividad económica para evitar que el medio ambiente sufra las consecuencias del crecimiento económico.

Bajo este paraguas se pueden englobar a los partidos políticos socialdemócratas clásicos, a los partidos comunistas que han asumido el marco capitalista y a algunos movimientos sociales que creen en estas opciones.

La configuración del “socialismo estatista” apuesta por una reversión de los postulados marxistas clásicos, donde el Estado asumía el rol de la planificación central y podía desprenderse de la coerción de la rentabilidad. Así, la actividad económica ya no queda subordinada al criterio de la rentabilidad y puede planificarse en el sentido que la comunidad desee.

A pesar del fracaso de sistemas basados en esta misma configuración, se arguye que las nuevas tecnologías y una cultura democrática mucho más avanzada pueden evitar que los Estados pierdan su conexión real con el poder social. Hablamos por tanto de una democracia radical, no simplemente representativa, donde la influencia del poder social sobre el poder estatal es perfectamente directa. Dado que el poder social controla democráticamente la asignación de recursos puede frenar la destrucción medioambiental y llevar a cabo políticas de redistribución económica, acabando con la pobreza y la desigualdad extrema.

Esta opción es defendida explícitamente hoy en día por partidos políticos minoritarios y segmentos de los partidos comunistas que operan en el marco democrático capitalista. De forma implícita es probable que numerosos movimientos sociales que promueven la democracia directa y otras formas de democracia radical se pudieran clasificar en este apartado.

La tercera opción, de más reciente aparición, es una visión particular de lo que antes hemos denominado “economía social”. Aquí podríamos incluir las recientes teorías sobre el “decrecimiento” y el “buen vivir”. En esta configuración lo económico también queda subordinado a la voluntad popular de forma directa, pero con una preocupación acentuada por la evolución del medio ambiente.

En las posturas del decrecimiento se reconoce la incompatibilidad entre capitalismo y sostenibilidad ecológica, y se propone un cambio radical en los modos de producción y consumo. La orientación de la producción debe quedar, bajo esta configuración, subordinada a las necesidades sociales y a una nueva ética del consumo basada en la “frugalidad voluntaria”. Los deseos y motivaciones deben cambiar en un proceso de “deconstrucción de las necesidades” (Sempere, 2010).

En las posturas, similares en todo caso, del “buen vivir” el objetivo es reformular la relación entre Estado y ciudadanía para que los últimos sean los auténticos poseedores de la soberanía. El cuestionamiento del crecimiento económico como sinónimo del desarrollo y la necesidad de adecuar los modos de producción y consumo a las capacidades del medio natural es también un punto central (Acosta, 2010). Aquí se critica el concepto de democracia como “simple rito electoral” y se apuesta por una salida que combine un concepto más amplio de democracia y la libertad de expresión. Sólo con esa combinación es posible conseguir eficiencia económica (respecto a los objetivos del “buen vivir”).

Mientras las teorías del decrecimiento están teniendo una gran aceptación entre los movimientos ecologistas más radicales y gran parte del electorado de los partidos políticos comunistas clásicos, el “buen vivir” está siendo la columna vertebral de los movimientos políticos y ciudadanos que en América Latina se están levantando contra el sistema capitalista.

CONCLUSIONES

En este repaso somero ha podido notarse que las salidas propuestas por las teorías del decrecimiento, el buen vivir y la teoría de democracia radical del “socialismo estatista” no difieren demasiado. De hecho, los únicos matices que pueden encontrarse tienen que ver con la formulación teórica que se esconde detrás y con las diferentes intensidades de preocupación por los problemas. Así, en el “socialismo estatista” podemos encontrar una preocupación menor por la ecología y una mayor por las desigualdades y la pobreza, mientras que en las otras dos teorías sucede al revés.

En nuestra opinión es necesario actualizar y reconciliar ambas ideas, recogiendo la filosofía que se encuentra detrás de ambas y proponiendo salidas conjuntas a la crisis y al actual sistema económico. El principio fundamental, en todo caso y bajo cualquier concepto, debe ser la renuncia a que el criterio de la rentabilidad organice no sólo la producción sino toda la sociedad en su globalidad. En su lugar es necesario insertar en el sistema económico un criterio ecológico y humanista que ponga la satisfacción de las necesidades básicas de la humanidad y la libertad de expresión y creatividad en el centro de la organización social.

Por otra parte, el debate sobre qué sujeto social debe ser el motor del cambio sigue abierto. No podemos confundir, no obstante, el descubrimiento de dicho sujeto social con las estrategias políticas encaminadas al cambio social. Qué duda cabe de que ninguna estrategia política sería exitosa si no se dirige al público adecuado, y que por tanto la revelación del sujeto social es tarea primordial. Sin embargo, incluso aunque descubriéramos al sujeto social objetivo, faltaría redescubrirlo como sujeto social subjetivo, es decir, haría falta desarrollar su conciencia como sujeto social. Y ese paso, muy probablemente, no puede llevarse a cabo sin tener un determinado proyecto de sociedad en el horizonte.

(*) Alberto Garzón Espinosa es del Comité Científico de ATTAC España, con un posgrado en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense, de Madrid

Islandia después del 'no' / Michael Hudson *

Cerca del 75% de los votantes islandeses acudieron el pasado sábado, 9 de abril, a las urnas para rechazar la propuesta del gobierno Socialdemócrata/Verde de pagar 5.200 millones de dólares a las aseguradoras bancarias británicas y holandesas por el colapso de Landsbanki-Icesave. Todos y cada uno de los seis distritos electorales de Islandia votaron No en una proporción nacional del 60% (en enero de 2010, dijo otro No el 93%).  
El voto reflejó la extendida creencia de que los negociadores del gobierno no habían sido lo bastante enérgicos en la defensa de la causa jurídica islandesa. La situación no puede menos de traer a la memoria el embrollo de la deuda de guerra entre los aliados tras la I Guerra Mundial. Lloyd George [el primer ministro británico] describió entonces las conversaciones sobre las deudas británicas de armamento entre el Secretario del Tesoro norteamericano Andrew Mellon y el británico Stanley Baldwin como "una negociación entre una comadreja y su presa. El resultado fue un acuerdo que arruinó la reputación del cobro de las deudas internacionales (…) No es que los funcionarios del tesoro norteamericano hicieran farol, pero, como es de razón, comenzaron las conversaciones planteando exigencias máximas: para su sorpresa, el Dr. Baldwin dijo que, en su opinión, sus exigencias eran justas, y las aceptó (…) Ese crudo desempeño, jocosamente llamado 'convenio', hubo de tener efectos desastrosos sobre el curso entero de las negociaciones…".

Y así ocurrió también con la negociación de Islandia con Gran Bretaña. Es verdad: consiguieron dilatar en el tiempo el horizonte la devolución de la deuda islandesa. Pero ¿de dónde iba a sacar Islandia las libras esterlinas y los euros, dada la contracción de su economía? Ese es el mayor riesgo en los pagos, y sigue sin afrontarse. Amaga con desplomar la tasa de cambio de la corona islandesa.

Además, el acuerdo al que se había llegado implicaba aceptar los cargos de intereses del rescate desde 2008, incluidos los extremadamente elevados cargos de intereses que sirvieron de cebo para que los depositantes privados británicos y holandeses pusieran su dinero en las cuentas de Icesave. Los islandeses ven esos intereses extraordinarios como compensación por los riesgos: riesgos que fueron aceptados por los depositantes, razón por la cual esos depositantes por Internet tendrían ahora que arrostrar las consecuencias.

Así pues, el problema de Icesave terminará ahora en los tribunales. La directriz pertinente de la Unión Europea reza así: "el coste de financiación de este tipo de esquemas tienen que soportarlo, en principio, las propias entidades de crédito". Como reclamantes prioritarios, Gran Bretaña y Holanda se llevarán, en efecto, la parte del león del cadáver de Landsbanki. Pero no era eso lo que se sometía al sufragio de los votantes islandesas. Lo único que ellos querían era salvar a Islandia de una obligación indefinida de cargar con las pérdidas de un banco privado por la vía de incorporarlas a las cuentas públicas sin un plan que dibujara claramente el modo en que Islandia podía obtener el dinero para pagarlas.

La primera ministra, Johanna Sigurdardottir, alerta de que el resultado del referéndum puede traer consigo "el caos político y económico". Pero tratar de pagar trae consigo lo mismo. El pasado año ha sido testigo de la desastrosa experiencia griega e irlandesa; ahora vemos como Portugal se apresta también a incorporar a sus cuentas públicas las deudas temerariamente contraídas por su sector bancario privado. Difícilmente puede esperar de una nación soberana que imponga a su economía una década o más de profunda depresión, siendo así que el Derecho Internacional autoriza a todas las naciones a actuar conforme a sus propios intereses vitales.

Los intentos de los acreedores por persuadir a las naciones de que se allanen a rescatar a los bancos a costa del erario público no es, a fin de cuentas, sino un manipulatorio ejercicio de relaciones públicas. Los islandeses han podido ver el éxito de la Argentina luego de reestructurar su deuda y recortar radicalmente las pretensiones de sus acreedores. También han podido asistir al colapso político de Irlanda y de Grecia, resultante de su empeño en pagar sin atender a los medios necesarios para hacerlo.

Lo menos que puede decirse es que los acreedores no ponderaron mucho las cosas cuando convencieron al gobierno Verde-Liberal de Irlanda de que podía asumir públicamente las quiebras de sus bancos privados sin hundir en la depresión a su economía. Ahí está ahora la experiencia de Irlanda, plantada como una señal de alarma para otros países: no se puede confiar en los pronósticos manifiestamente optimistas de los banqueros centrales. En el caso de Islandia, los expertos del FMI hicieron en noviembre de 2008 proyecciones, según las cuales la deuda exterior bruta sería del 160% del PIB a fines de 2009. 
 
Para decirlo todo, añadieron que una ulterior depreciación de la tasa de cambio del 30% podría llegar a causar un aumento importante de aquella proporción de la deuda. Y eso es lo que ha ocurrido. En noviembre de 2008, el FMI avisó de que la deuda externa que había proyectado para fines de 2009 podría llegar a alcanzar el 249% del PIB, un nivel que consideraba "claramente insostenible". Pero el actual nivel de la deuda ha sido estimado ya en el 260% del PIB islandés, ¡y eso aun sin incluir, entre otras, la deuda privada de Icesave que el gobierno Socialdemócrata-Verde quería asumir públicamente!

El problema capital de las obligaciones de Islandia con Gran Bretaña y Holanda es que la deuda exterior –contraída en moneda extranjera— no se paga a partir del PIB. Aparte de lo que se recupere de Landsbanki (ahora, con ayuda de la Oficina Británica para el Fraude Grave), el dinero debe pagarse con exportaciones. Pero no ha habido negociaciones con Gran Bretaña y Holanda sobre qué bienes y servicios islandeses aceptarían esos países como pago. Ya en los años 20 del siglo pasado, John Maynard Keynes dejó escrito que la nación acreedora aliada tenía que responsabilizarse de un modo u otro de las posibilidades de que Alemania pudiera pagar sus reparaciones de guerra, si no era mediante la exportación a la nación acreedora. 
 
En la práctica, lo que hicieron las ciudades alemanas fue tomar préstamos en Nueva York y pasar los dólares así habidos a Reichbank [el banco central de la República alemana] para que pagara a Gran Bretaña y a Francia, las cuales, a su vez, usaban ese dinero para transferirlo al gobierno estadounidense en concepto de satisfacción de la deuda interaliada contraída en la compra de armamentos. En otras palabras: Alemania "tomó prestada su vía de salida de la deuda". Con el tiempo, eso nunca funciona.

La práctica normal para Islandia sería nombrar un grupo de expertos que sentara las bases más firmes posibles para defenderse. De ninguna nación soberana puede esperarse que se allane a imponer a toda una generación la austeridad financiera, la contracción económica y la emigración forzosa de sus trabajadores sólo para poder subvenir a los costos del fracasado experimento neoliberal que ha terminado por arruinar a tantas economías europeas.


(*) Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.