Queridos/as amigos/as:
Mañana jueves día 5 de mayo de 2011, a las 9 de la mañana empieza en el Salón de Actos del Complejo Judicial Las Salesas, sito en la calle San Martín s/n de Santander, la segunda sesión del macro-juicio que celebra el Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander, por el caso de las obras del Túnel de Mioño, contra 9 acusados, entre los que están los 6 componentes del equipo de gobierno tripartito PP/PRC/IU que gobernó Castro Urdiales entre 2003 y 2007, el Secretario titular municipal D. César, el interventor impostor que me sustituyó y un empresario, hermano de uno los miembros del equipo de gobierno.
Se les acusa de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Se trata del equipo de gobierno y los dos funcionarios que me hicieron la vida imposible en los años 2003 a 2006 en el tiempo que pude aguantar defendiendo la legalidad, según era mi obligación como interventor municipal.
De los 6 políticos juzgados, 4 de ellos han seguido gobernando en los últimos 4 años -gracias a su alianza con el ex alcalde del PSOE que gobernó Castro Urdiales durante los 12 años anteriores- y el actual alcalde -Fernando Muguruza- y el actual primer teniente de alcalde -José Miguel Rodríguez alias KyK- pretenden seguir haciéndolo tras las próximas elecciones al encabezar los dos una nueva candidatura ACAI, a pesar del varapalo electoral que sufrieron en sus respectivas formaciones PRC y PP que encabezaron en el año 2007, por lo que tuvieron que pactar con su "enemigo" para seguir trincando. Todo un ejemplo de lo que es la política española.
A pesar de la percepción que tenemos los ciudadanos españoles de la corrupción política (casi el 80% pensaba que la corrupción está muy extendida entre los políticos según encuesta del CIS en 2009), se calcula que en España hay 60.000 personas que se dedican a la política, especialmente concejales y sólo entre 800 y 900 están imputados por diferentes delitos. Un número inferior al de otros países de nuestro entorno, según opina el profesor Fernando Jiménez de la Universidad de Murcia y miembro de Transparencia Internacional.
En Cantabria existen algunos precedentes aislados de políticos juzgados y condenados, como los ya históricos de Hormaechea Presidente de Cantabria y José Ramón López Revuelta alcalde de Laredo, ahora también imputado en Castro Urdiales y nuevamente cabeza de lista del PSOE a alcalde de Laredo.
Otros precedentes que recuerdo fueron los del caso de la Caja Rural, el del alcalde de Arnuero José Luis Rey Villa condenado por prevaricación y el del alcalde de Corvera de Toranzo, José Luis Quevedo, que llegó a ingresar en prisión.
Recientemente han sido condenados Javier del Olmo ex Consejero de Industria y Jesús Ángel Pacheco, alcalde de Piélagos.
Pero en ninguno de los casos comentados o sucedidos se ha juzgado una trama de corrupción, ni siquiera en el caso de la Caja Rural en que estaba bien visible la implicación política de todos los partidos gobernantes en Cantabria y el desfalco, pero se tapó. En el caso del ayuntamiento de Castro Urdiales la trama ha aflorado, ya que se juzga o juzgará a políticos de todos los partidos, funcionarios y empresarios.
La relevancia del caso de Castro Urdiales es que se juzga una forma de hacer política, la de utilizar el poder en beneficio privado, que es la esencia de la corrupción, independientemente del lucro personal habido, que normalmente suele haber. Pero lo fundamental es la arbitrariedad y el despotismo con que han ejercido el poder en beneficio suyo y de sus amigos.
Es evidente que Castro Urdiales no ha sido el único municipio donde se ha gobernado así y tengo constancia personal de numerosos ayuntamientos, pero en los que la impunidad del delito político es la norma.
En Castro Urdiales los delincuentes tuvieron mala suerte, se tropezaron con un interventor honesto que creía en su profesión y con un juez cumplidor de la suya, a diferencia de todos los que le precedieron en Castro Urdiales y de la mayoría de jueces y de la Fiscalía de Cantabria que siguen mirando hacia otro lado de donde está la corrupción. Esta es la diferencia fundamental con el resto de casos de corrupción, la dos solitarios corredores de fondo que se toparon con ella.
Por lo tanto, celebremos el acontecimiento, teniendo en cuenta que se trata del primero de los numerosos juicios que se avecinan contra la mafia castreña, de los que están señalados éste y el próximo para el próximo mes de junio por el caso conocido como las ratas de Trapur y contemplemos el espectáculo deplorable de la forma despótica, arbitraria y deshonesta de cómo se gestiona un ayuntamiento en España, de la corrupción política en estado puro.
La sesión de mañana creo que será la última y estará dedicada a las declaraciones de testigos y peritos. Acudo en calidad de testigo, sin abogado, ya que abandoné mi personación como acusación al encontrarme sin apoyo ciudadano y por querer empezar mi nueva etapa de vida sin servidumbres con este pasado penoso. Así que mañana me veré contra 9 abogados, de lo más florido de la profesión en Cantabria, con amplias conexiones en la alta sociedad cántabra, como suele ser usual en provincias.
Declararé sin saber nada de la Fiscal que lleva el caso ya que no se ha puesto en contacto conmigo, lo que es en sí mismo un elemento de desigualdad, ya que los 9 acusados habrán preparado conjuntamente la sesión con sus abnogados y con sus testigos. Nada que ver con las películas americanas y con lo que uno espera de la tarea de persecución del delito de la Fiscalía española.
Un abrazo y espero veros mañana a los que podáis asistir, para no sentirme solo y para que gocéis de un espectáculo democrático desacostumbrado en España.
Fernando Urruticoechea