domingo, 29 de julio de 2012

Menos creíbles frente a Europa / Eduardo Punset *

No debiera sorprender a nadie que muchos directores de cine y teatro no se hayan sumado todavía a los que piden un Gobierno que no derroche el dinero público, que intente reducir sus gastos, no tanto a lo que lo obligan sus escuálidos ingresos, sino a lo que puede prestarle la comunidad financiera internacional. ¿Hacen falta más pruebas de que los mercados internacionales se han plantado retirando su confianza al deudor español?

Por favor, que levante la mano el que crea que podemos seguir muchas semanas más pidiendo prestado a los tipos exorbitantes que estamos pagando, para amortizar lo que debemos, garantizar las prestaciones por desempleo, mantener las pensiones prometidas y los sueldos dependientes del Estado. Pocos en su sano juicio pueden levantar la mano en señal de protesta. Por una razón muy sencilla: durante años el llamado «milagro español» mantenía en sus mínimos la desconfianza de los acreedores, al tiempo que eran tolerables los tipos de interés que se pagaba por el dinero prestado.

Los que hemos vivido muchos años en el extranjero somos conscientes de que hemos dejado de ser, casi repentinamente, un país creíble para muchos europeos. Hemos conservado la soberbia y el orgullo de ser uno de los países más fuertes de Europa –sobre todo en fútbol–, pero no tenemos ni un duro ni el futuro asegurado como antes con la agricultura y el turismo.

¿Qué hacer en una situación así? Vamos a ver primero lo que no se debe hacer. Engañar al personal negando no solo la existencia de la crisis, sino mintiendo o escondiendo el diagnóstico: se nos ha dicho durante demasiado tiempo que se trataba de una crisis planetaria cuando, en realidad, era una crisis específica de unos países específicos como España, Italia, Grecia y Portugal. Lejos de generar algo imposible como un déficit con Neptuno, Saturno o Urano –solo así podrían entender los economistas una crisis planetaria–, simplemente nos habíamos endeudado mucho más allá de nuestras posibilidades; y ahora hay que devolver ese dinero.

Solo hay una manera de hacerlo. Recortar aquellos gastos cuando resulta a todas luces obvio que nos pasamos y no podemos mantenerlos; explorar las posibilidades de generar empleo innovando y abordar, por fin, las políticas de prevención que debieran haberse iniciado hace muchos años; por políticas de prevención se entienden todos aquellos esfuerzos necesarios para mermar la demanda futura de prestaciones sociales en educación, sanidad y bienestar, básicamente.

Se trata de introducir en educación las nuevas competencias que no se prodigaron en la sociedad industrial, pero que son imprescindibles en la sociedad del conocimiento: aumentar la capacidad de concentración a pesar de la multiplicidad de soportes, el trabajo en equipo en lugar de estimular solo el trabajo competitivo o el dominio de las técnicas digitales de comunicación.

En materia de sanidad habrá que centrarse en la gestión de funciones actualmente desatendidas y mucho más abordables en presupuestos en tiempo de crisis como la soledad, la tristeza o el estrés. En materia de bienestar es de sobra conocido lo que exige una primera corrección: la generalización inevitable de las prestaciones sociales ha producido el colapso de su suministro, como ha ocurrido con las prestaciones sanitarias. ¿Tan difícil es centrar la atención en la personalización de la medicina o en buscar formas más eficientes y justas de reparto?

El país sigue enfrascado en las viejas discusiones ideológicas entre derechas e izquierdas que no aportan absolutamente nada a la solución de los problemas candentes. En el pasado, esa división solo fue fructuosa cuando hubo acuerdo o consenso. En el futuro inmediato hará falta buscar en otros horizontes más prometedores y menos interesados, pero reales.

(*) Ex ministro español para las relaciones de España con la Unión Europea

sábado, 28 de julio de 2012

WikiLeaks / Ramón Cotarelo *

La designación de Garzón como director del equipo jurídico de defensa de Assange habla mucho en favor del activista y del juez. Del activista por haber elegido a un juez que combina su respeto por las garantías legales con una firme voluntad de lucha política en pro de causas justas, entendiendo por tales aquí las que afectan a los derechos fundamentales de los individuos. Del juez porque el nombramiento demuestra el gran prestigio mundial del nombrado que sus oscuros colegas de profesión no han conseguido aniquilar condenándolo por un delito; al contrario, lo han magnificado. La persecución injusta ennoblece las causas ya de por sí nobles. La combinación es perfecta. Son dos personajes extraordinariamente mediáticos situados en el centro de un huracán mundial en el que intervienen los más diversos actores, desde grandes potencias hasta organizaciones radicales secretas y servicios de espionaje de lo más variado, incluido, probablemente, el Vaticano.
 
Al comienzo de la aventura de WikiLeaks, Palinuro, dejándose llevar por su atávico optimismo, calificó a Julian Assange como un héroe de nuestro tiempo, una especie de caballero andante de la era digital, enfrentándose a los poderosos, deshaciendo entuertos, revelando maquinaciones, amparando a los débiles. La organización es una especie de estado mayor de un movimiento difuso de masas ilustradas que tienen acceso privilegiado a informaciones sensibles por muchos conceptos. Las fuentes de WikiLeaks son los miles de ojos de los internautas que, como si fueran cien Argos, todo lo ven, lo escanean y se lo hacen llegar a la organización. Ningún servicio secreto estará seguro mientras exista WikiLeaks que se nutre de informaciones de multitudes anónimas. De ahí que sea una organización sometida a persecución implacable por los poderes de la tierra y del cielo. Se observa en las cuatro afirmaciones que hace la página y que, traducidas al español, dicen:
  • WikiLeaks: 602 días de bloqueo bancario - sin decisión judicial
  • Assange: 599 días de detención - sin cargos
  • Manning: 796 días en la cárcel - sin proceso
  • Gran Jurado: 682 días de Tribunal secreto estadounidense - sin transparencia.
Es muy fuerte: tribunales secretos, penas de prisión prolongadas sin juicio. Es un asalto a los derechos fundamentales casi de carácter absolutista. Tratan de esfixiar la organización económicamente y por eso esta pide donaciones. El que pueda hacerlas que las haga. La causa merece la pena. Es acabar con el secreto en el poder político antes de que el poder político acabe con las libertades.
 
Leo en Twitter, en @wikileaks"El opio de los Juegos Olímpicos encubre un caso de corrupción de la policía británica, los disparos contra manifestantes saudíes y otro robo de tierra de Israel. ¿Qué viene después?" Se me ocurren varios temas más que podrían ocultarse tras las competiciones deportivas, por ejemplo, una posible guerra entre la China y el Vietnam o una crisis bancaria de la India o el efecto de la pérdida del hielo en Groenlandia.
 
WikiLeaks se ha convertido en una pieza esencial del edificio de las libertades humanas. 
 
(*) Catedrático de Ciencia Política de la UNED, Madrid

lunes, 23 de julio de 2012

El errático rumbo de Rajoy / Pablo Sebastián *

Rajoy negó que pediría el rescate bancario y ya está en marcha, una vez que el Gobierno lo disfrazó -sin engañar a nadie- como un éxito del propio presidente que “presionó” a la UE y como una simple “línea de crédito” sin contrapartidas ni controles, como los que nos acaban de imponer en el reciente y duro ajuste social y fiscal. Ahora nuestro errático “caballero oscuro”, Rajoy, está en la segunda fase de su naufragio intentado eludir, inútilmente, el rescate total del Estado. El que, como se descuide, lo va a tener que pedir de rodillas a Bruselas, antes que hagan cola en Madrid, para solicitar su salvación, todas las Comunidades Autónomas (ya están en la fila Valencia y Murcia), y antes que comience el cierre de bancos podridos, lo que está al caer y veremos si no empiezan por el desguace de Bankia.

Esta eventualidad de cierre de bancos la ha admitido el propio y demonizado Mario Draghi, el presidente del BCE, o del banco “clandestino” -así lo llama el ministro García-Margallo- de la UE. El mismo Draghi que le ha dicho de Rajoy, por enésima vez, que “el BCE no está para resolver los problemas financieros de los Estados”. Pero el presidente español se hace el sordo porque no quiere oír el mensaje de Draghi, que es el mismo de Merkel, en el que se le comunica a España que si necesita dinero para su deuda pública que lo vaya pidiendo a los fondos de rescate de la UE, que para eso están. Y, naturalmente, a cambio de la intervención de España por los famosos hombres de negro de “la troika” (Comisión, FMI y BCE) que ya están en Madrid para el rescate de la banca y se van a quedar una larga temporada para el gran rescate del Estado español.

Estos hechos, y otros similares, nos colocan en la disyuntiva de: considerar que estamos ante el Gobierno más errático de la Historia de España (y nos quejábamos de Zapatero); o puede que también ante un Ejecutivo con muchos títulos pero plagado de malos gestores de la vida pública que para colmo pretenden tapar sus errores con una colección de mentiras, con las que esperan ganar el tiempo perdido e intentar salvarse ellos también. Lo que será imposible porque cada día que pasa vamos a peor -y eso no hay manera que lo entiendan en el Gobierno- al menos hasta que toquemos el fondo del mar y los certifiquen los señores de negro porque de España y su Gobierno no se fía nadie y con razón.

Aunque el optimismo es gratis y mucho nos tememos que en la Moncloa hay quienes consideran que los tontos de capirote son: en primer lugar los españoles que se han tragado el discurso del miedo (aunque, de perdidos al rio, empiezan a perder el temor); y luego los primeros gobernantes de la UE y de sus instituciones (BCE, Comisión y Consejo) a los que Rajoy les dice que España no necesita el rescate total, mientras por otro lado el español pregona a los vientos de los mercados que este país no tiene dinero para pagar los servicios ni los salarios públicos, ni para salvar las Comunidades, ni la banca, ni nada de nada (ya verán el recibimiento que nos harán este lunes los mercados). Y que, por ello y por lo bien que estamos, el BCE nos tiene prestar un chorro de dinero sin avales ni garantías (sic).

Y mientras declaman su increíble soliloquio en Moncloa (al que nadie hace caso en la UE) Rajoy continua huyendo de la realidad y se resiste a pedir el gran rescate que ahora parece inevitable. A no ser que los genios de la Moncloa -donde destacan los asesores Arriola y Nadal-, en un ataque de genial soberbia y orgullo patrio decidan que lo mejor para España es “¡salir del euro”! y regresar a la peseta, al grito de “¡Santiago y cierra España!” Y, en ese caso y como diría la diputada Fabra, despidiéndose de la UE Monetaria con un “¡que se jodan!”. Y conste que, por mas que parezca una “boutade”, no exageramos porque sabemos que en la Moncloa de Rajoy esconden grandes sorpresas (y algún idiota) como demuestra el caos imperante y los sobresaltos que sufre este país.

Y ¿qué se puede hacer? Pues para empezar pedir el rescate total de España (estaremos mas seguros en manos de “los hombres de negro”), y para seguir provocar una crisis del Gobierno que afecte al propio Presidente y a su núcleo duro de gestión porque se han equivocado casi en todo: en el análisis de la realidad y lo que se nos venía encima y en las decisiones adoptadas. Y también en lo esencial de la acción política: la coordinación del Gobierno y de las Autonomías; la estrategia parlamentaria, con desprecio a las Cámaras (a las que ocultaron el MoU del rescate bancario) y en las que aplaudieron los ajustes sociales del Gobierno, como puede que aplaudan a Rato cuando vaya a declarar sobre Bankia; y en la comunicación con mentiras, o medias verdades, por la vía BOE o con un Rajoy huyendo de la prensa por el garaje del Senado. Han fallado en la coordinación política y parlamentaria, y la comunicación. ¿Quien es responsable de ello, además de Rajoy? “Cherchéz la femme.”

De manera que si, como parece, vamos al rescate total de España por los fondos de la UE -”otra línea de crédito” que dirá Rajoy- , una vez concluida alguien debería rescatar a los españoles de las manos de Rajoy, librándonos cuando antes de su errática gestión. Y quizás convendría, en esta tesitura, recordar lo que Aznar dijo de Zapatero en los últimos meses de su mandato: “nadie ha hecho mas daño en menos tiempo”. Lo que le obligaría ahora a decir al presidente de FAES y de honor del PP: “nadie se ha equivocado tanto como Rajoy en menos tiempo”. Ello supondría una dura y merecida autocrítica de Aznar porque él fue quien eligió a Rajoy como su sucesor al frente del PP, y el único que tiene autoridad en dicho partido para rescatar a España de las erráticas manos de Rajoy, subsanando Aznar el que fuera su error, su inmenso error.

(*) Periodista

Hay recesión para rato / Luis de Velasco Rami *

Si hacemos caso a la reciente previsión del Fondo Monetario Internacional, la economía española será la oveja negra de la economía mundial en 2013. Decrecimiento del PIB del 0.6 por ciento frente a un crecimiento mundial previsto del 3.9, de 1.9 en los Países Avanzados y del 0.7 en la Zona Euro. Esta previsión está hecha antes de las últimas medidas contractivas anunciadas por el gobierno hace pocos días. Esas medidas, no hay duda alguna, harán que la caída del PIB sea mayor, del orden del 1 por ciento o peor. El Fondo afirma que España e Italia (caída prevista del 0.3 por ciento) son el principal riesgo para la economía mundial. Un refuerzo importante para la vapuleada Marca España.

Hasta ahora la reacción de “los mercados” a las últimas medidas del gobierno no ha sido muy estimulante. La prima de riesgo sigue ligeramente por encima de la anterior a ese anuncio y aunque la última subasta de deuda de ayer ha ido mejor es probable que la presencia en la misma de demanda extranjera haya sido mínima como viene ocurriendo desde hace meses, algo especialmente inquietante.

El inversor foráneo no quiere papel español y si lo quiere es a precios altos, no soportables, tanto para el soberano como para el empresarial (el autonómico ni con recomendación.) ¿Qué inquieta más al posible inversor, el que no se logre la reducción exigida del déficit público y el brutal endeudamiento total español o el que la economía no crece y al no crecer su capacidad de pago disminuye? ¿Piensa incluso que el riesgo de cobro no ya en euros sino en pesetas es creciente?

Seguramente todos esos factores están presentes en las decisiones de los agentes que se mueven a veces por expectativas y percepciones poco racionales, que actúan con “comportamiento de rebaño” y que con sus decisiones contribuyen a hacer realidad lo de la “profecía autocumplida”. Todo eso cuenta pero lo importante es que esas decisiones son claves. Cabe seguramente resumir esos y otros factores en uno, fundamental: confianza, intangible ligado a la credibilidad.

Ese es, seguramente, el principal pasivo que enfrenta hoy nuestro atribulado país. La confianza que podía haber inspirado el actual Gobierno está no ya bajo mínimos, sino triturada. Algo muy malo porque perder ese intangible es cuestión de poco, recuperarlo es cuestión de mucho. Se han cometido serios errores en las políticas y se han cometido serios errores en algo igualmente importante: el momento en que se aplican. Hay muchos, cada vez más, factores que escapan al ámbito del gobierno de la nación, prácticamente intervenido (¿o es intervenida?). Pero hay muchos otros que todavía están dentro de su ámbito y ahí ha habido un clarísimo retroceso en estos meses. Y eso se paga. Se está empezando a pagar, eso sí justos por pecadores.

(*) Técnico comercial del Estado y miembro de UPyD

Crisis de la Eurozona y economía mundial / Ramón Tamames *

En medio de las dificultades de la crisis, deberían saber que viven en un país mucho mejor de lo que muchas veces piensan. Aún más, es una de las más viejas naciones, a cuyo futuro, necesariamente, han de contribuir. Exigiendo para ello las modernizaciones necesarias y participando en ellas sin dejarse llevar por pesimismos paralizantes; ni por perniciosos deseos de gratificación inmediata.

Tenemos capacidades suficientes para ese empeño, y no podemos dejarnos desorientar por la ausencia de una verdadera cultura colectiva de esfuerzo en común, frente a la cultura del maná; esta última, basada siempre, en la manera de obtener privilegios y subvenciones de los poderes públicos.

Ha de recordarse también que en la era de la globalización, la renuencia a los cambios tecnológicos y de innovación, o la ignorancia de los hechos, o la indolencia de los propósitos, todo ello tan frecuente entre nosotros, son factores retardatarios; esto es, que podrían contribuir a una larga prostración económica, con toda suerte de avatares políticos imprevisibles. Todos somos forjadores de nuestro propio destino, algo que tantas veces se olvida a escala de la Nación Española, como puede apreciarse en los últimos tiempos en que casi todo pretende resolverse, popularmente hablando, con manifestaciones a todas horas, reivindicando objetivos imposibles de alcanzar por las miserias en que nos encontramos, mayor o menormente por responsabilidad de todos; aunque algunos tengan más culpa que otros.

En la situación presente, en vez de preguntar machaconamente cuándo se acabará la crisis, lo necesario es plantearse qué vamos a hacer, por nosotros y por el país globlalmente, para contribuir a la recuperación. En esa dirección, con el repertorio de reformas planteadas en este documento, lo que se pretende es una aportación a la estrategia que necesitamos para salir del marasmo económico.

Con ese horizonte, debe recalcarse que en Economía, no todo es económico. O si se prefiere decirlo de otra forma, “la política debe ser, la prolongación de la economía por otros medios”, parafraseando a Clausevitz. De ese modo, podrán impulsarse actitudes privadas y públicas más positivas, para las nuevas generaciones; a fin de alcanzar un ambiente de mayor dignidad, autoestima y entusiasmo. Como propuso en su día el Premio Nobel de Economía Arthur Lewis, al decir que “el entusiasmo es el verdadero comburente del desarrollo”. En ese sentido, estimamos que no estará de más incidir en una serie de acciones:

- Resaltar y cumplir los valores de honestidad y transparencia en los cargos y en las actividades de carácter público.
- Ayudar a que desde la primera juventud se respete a los mayores; en correspondencia a que estos, en general, acumulen experiencias y enseñanzas suficientes para merecerse tal respeto.
- Mantener un espíritu de renovación permanente, para no caer en rutinas prolongadas sine die a lo largo de la vida: cada uno es el forjador de su propio futuro, y no será el padre Estado el que necesariamente haya de labrarle el futuro.
- Enaltecer la cultura del esfuerzo que conduce a la acumulación del capital humano propio; de cada uno y de todos.
Para terminar, hay toda una serie de puntos sobre los cuales reflexionar adicionalmente:
- Las medidas del día a día no son la solución. Hay que pensar a medio y largo plazo, en un horizonte de futuro, de responsabilidad colectiva, sabiendo lo que pasa y por qué.
- La actual falta de comunicación para que se entienda mejor la política económica en curso, resulta más que patente y deplorable, porque no genera confianza.
- Hay en el ambiente una sensación de decadencia irreversible, cuando en realidad tenemos factores suficientes para recomenzar un crecimiento más racional.
- Ciertamente, España ha pasado de ser la séptima potencia industrial del mundo en la década de 1970, a situarse en el puesto número 15 del ranking por PIB (2012). Es inevitable que los países emergentes avancen, pero no es tan lógico perder PIB durante casi cinco años seguidos (aparte del efecto estadístico de la caída del euro).

(*) Catedrático de Estructura Económica de la UAM, Madrid

sábado, 21 de julio de 2012

Rajoy debe pedir el gran rescate y marcharse / Pablo Sebastián *

Sólo quedan dos salidas y, como diría Rajoy tras reconocer su rotundo fracaso al frente de la presidencia del Gobierno, tenemos que escoger entre “lo malo y lo peor”. Es decir entre solicitar sin dilación el rescate general de España por los fondos de la UE, o el plantearse la salida española del euro y el regreso de la peseta (lo que sería una decisión demencial que nos expulsaría del tren de la UE que nunca más podríamos alcanzar).

Dos opciones que se manejan en secreto en los altos despachos de la Moncloa, a las que se debería añadir la que será consecuencia inevitable de la puesta en marcha de cualquiera de las dos salidas: la marcha de Rajoy, por su fracaso político y por el desprecio al Parlamento y conjunto de los ciudadanos a los que ha ocultado la verdad y ha llevado al desastre económico y social. No en vano el dilema al que se enfrenta Rajoy es el siguiente: o no se enteró de nada de lo que pasaba; o simplemente lo ocultó.

A ello tenemos que añadir el constante caos y descoordinación del Gobierno. Lo que ha pasado el viernes con la Bolsa y la Prima de riesgo es un ejemplo: el Gobierno anuncia que Valencia ha pedido el rescate al Estado, en plena jornada de Bolsa, que se hunde y los  mercados interpretan que hay problemas con el memorándum del rescate bancario de España por el Eurogrupo. Se junta todo y todo se va por el desagüe del desconcierto y el caos general. ¿A quien se le ocurrió anunciar lo de Valencia antes del cierre de los mercados? Se ha repetido lo que paso con Bankia cuando Rajoy, un lunes, anunció una inyección de dinero público, cayo Rato y se hundió Bankia antes de alcanzar una solución en un fin de semana y al margen de la Bolsa. Y , con estos mimbres, es imposible hacer un cesto y el país entra en zona de pánico, y Francia pide al BCE que haga algo, y en Nueva York nos miran con estupor, mientras en Alemania la señora Merkel reflexiona en voz alta y con razón: España ya no tiene solución.

Parece que Rajoy al inicio de su mandato no supo ver la situación de emergencia de España (como Zapatero no vio la crisis). Pero sí comenzó a verle las orejas al lobo cuando le estalló en las manos Bankia, percibió la quiebra de las Comunidades -Valencia acaba de pedir su rescate- y se inició el incendio de la deuda pública, avivado por un vendaval de pésimas noticias sobre la situación de España, que el propio Rajoy y sus ministros se encargaron de lanzar a los cuatro vientos–“no hay dinero para pagar nóminas de los funcionarios, ni los servicios públicos, ni para financiar la deuda bancaria, etc”- para justificar así sus ajustes sociales ante los españoles y también para acabar de espantar a los mercados.

El día que Merkel recibió a Rajoy en un barco de turistas para hablar de los problemas de España mientras se daban un paseo por el río de Chicago, el presidente español y su séquito -al que se les volaban los papeles y los gráficos por la popa de la nave- debieron entender que Merkel había dado la espalda a España. Y con Merkel estaban la Comisión, el BCE, el FMI, incluso Francia por mas que Hollande disimulara –aunque se quitó la máscara en Londres cuando anunció una Europa a dos velocidades-, máxime cuando la UE conoció el agujero de 23.600 millones de Bankaia, y los déficits añadidos de Madrid y Valencia.

Y por si algún dato le faltaba a Rajoy para reconocer lo que temía, el gran rescate de España, ahí estaba el hierático Mario Draghi, en el BCE diciendo que no pensaba comprar deuda pública hispana hasta que el Gobierno de Madrid no pidiera el rescate global del Estado y aceptara la intervención de la Economía y las Finanzas españolas.

Ahora ya sabe Rajoy que no tiene escapatoria. Y que ni el rescate de la banca, aprobado por el Eurogrupo, ni sus duras medidas de ajuste social, que han lanzado a la calle a la ciudadanía, le van a servir para evitar el rescate general de España como se aprecia en el hundimiento de la Bolsa, la prima de riesgo a 612 puntos y los tipos de interés a 10 años por encima del 7,2 % (con ayuda inestimable del anuncio del rescate valenciano) .Y naturalmente todo esto concluye con este  bonito y desastroso aplauso con el que los mercados han recibido el rescate bancario y el duro ajuste del Gobierno.

Lo único que le queda a Rajoy es esperar que el BCE se apiade y compre deuda pública con urgencia, al menos hasta que España presente formalmente su petición de rescate total. De esa manera comprobará Rajoy que el rescate final de España estaba dibujado por Merkel, el BCE y la Comisión desde hace varios meses. Un  rescate por entregas -primero por la banca- pero un rescate total. Y más vale que Rajoy lo ponga en marcha cuando antes, sin más cábalas ni excusas. Y en cuanto lo haga el presidente deberá reflexionar sobre su posible marcha, porque quien no supo evitar la catástrofe no la puede gestionar.

Alguien se está forrando con la crisis / Juan Francisco Martín Seco *

Las crisis económicas -y por supuesto la actual- están circundadas de todo un cúmulo de mitos que sirven para ocultar la realidad. Se suele hablar de ellas como si se tratase de terremotos, huracanes o inundaciones, fuerzas de la naturaleza, imposibles de prever y controlar. Se utiliza para eludir culpabilidades y conseguir que los ciudadanos acepten como necesarias medidas que en otras circunstancias jamás asumirían. Lo cierto es que sí tienen culpables y, es más, la responsabilidad puede extenderse hacia atrás en el tiempo en un plazo muy prolongado. 

La responsabilidad de la crisis que padecemos hoy no se puede restringir únicamente al Gobierno de Rajoy, ni siquiera al de Rodríguez Zapatero, hay que remontarse también a los de Aznar, e incluso a los de Felipe González. La causa de los graves problemas actuales se encuentra en buena medida en la Unión Monetaria y en el Tratado de Maastricht. Pero lo que sí es, sin duda, de responsabilidad exclusiva de los Gobiernos de Rajoy y de Zapatero es la respuesta que se está dando a la crisis.

Se maneja otra fábula, la del golpe en el pecho, achacando el origen de las dificultades presentes a que todos hemos vivido en el pasado por encima de nuestras posibilidades. Dicho así parece una estupidez, porque dónde está el límite de las posibilidades de cada uno. Desde luego, no se puede aplicar al sector público, que con anterioridad a la crisis presentaba superávit; y en cuanto al sector privado, el reparto en la época de aparente prosperidad ha sido muy desigual. La distribución funcional de la renta ha evolucionado a lo largo de todos esos años en contra de la retribución de los trabajadores y a favor del excedente empresarial. Son los precios los que han subido por encima de los precios alemanes y no los salarios reales, que se han mantenido por debajo.

Otra fábula se relaciona con la anterior. Como todos hemos pecado, todos debemos ahora sacrificarnos. Pero lo cierto es que también el coste se está distribuyendo de forma muy desigual y de manera asimétrica a cómo los años anteriores se repartieron las ganancias. Veamos algunos datos que no cuadran. Desde 2007 hasta el 2011 el PIB real ha decrecido alrededor del 3,8%, pero en precios corrientes se ha incrementado aproximadamente en el 1,9%. Es decir que, dado que la población no ha sufrido variaciones significativas, la renta per cápita en euros no solo no ha descendido sino que incluso se habrá incrementado en ese 1,9%, aunque lógicamente ese pequeño aumento no compensará la pérdida en el poder de compra originado por la inflación. 

Sin embargo, no es esta la percepción que tiene la mayoría de los ciudadanos; sienten que su renta se ha deteriorado mucho más. Los empleados públicos, los parados, los pensionistas, incluso la mayoría de los trabajadores, porque aun aquellos que no hayan visto reducido directamente su salario nominal, sí habrán sentido cómo disminuía su renta disponible debido a la subida de impuestos y a la minoración de prestaciones y servicios públicos. La renta per cápita es una media, con lo que si la renta de una gran mayoría de ciudadanos evoluciona de forma peor que dicha magnitud es que otros, quizás un grupo reducido se están poniendo las botas a su costa.

En medio de esa mitomanía se atribuye la crisis a una expansión incontrolada del gasto del Estado. Pero el actual déficit público obedece mucho más a la caída de los ingresos que al incremento de los gastos. Caída que todo el mundo pasa por alto sin analizar y la da como lógica, pero los datos no son tan claros. Siempre se ha afirmado que la elasticidad de los impuestos sobre el PIB nominal es de uno o incluso superior a la unidad. Es decir, que la recaudación, en ausencia de cambios normativos, sigue una evolución similar a la del PIB nominal. Este, tal como se ha dicho, se ha incrementado en un 1,9% desde 2007 hasta 2011. Podríamos explicarnos que la recaudación no se incrementase pero no que descendiese (según datos de contabilidad nacional, el 14% en los impuestos indirectos y el 27% en los directos), lo que resulta tanto más incomprensible cuanto que han existido profundos cambios normativos que deberían haber incrementado los ingresos.

Tal comportamiento únicamente puede tener dos explicaciones. La primera es que se ha elevado de manera sustancial el fraude fiscal, lo que no tendría nada de extraño teniendo en cuenta la poca importancia política que se ha concedido en los últimos años a su control. Pero puede haber otra razón, que los impuestos se distribuyen también de una manera desigual y que recaen especialmente sobre los colectivos más castigados por la crisis. El sistema fiscal ha ido evolucionado desde hace bastante tiempo hacia impuestos indirectos y gravámenes sobre las nóminas, es decir, sobre los trabajadores y las clases bajas y medias, que son las que consumen la totalidad de su renta. Pero son estos colectivos los que están sufriendo la crisis con mayor virulencia que las rentas de capital y los beneficios empresariales; de ahí que la recaudación pueda descender en una proporción superior a la que lo hace el PIB.

Si en lugar de movernos en el mundo irracional de los mitos estudiamos las cifras y aplicamos la racionalidad, a la conclusión que llegamos es que los colectivos que se lucraron en los años de expansión coinciden en gran medida con los que ahora apenas sufren la crisis y con los sectores que menor carga fiscal soportan. Hay, además, grupos a los que la crisis les está viniendo muy bien para avanzar drásticamente en el desmantelamiento del Estado social, retrocesos sustanciales que van a ser muy difíciles de recuperar.

(*)  Economista y funcionario de Hacienda

jueves, 19 de julio de 2012

Rajoy no tiene derecho a dejar en la miseria a millones de españoles / Roberto Centeno *

Hace tres semanas, con motivo de un viaje a EEUU, me despedía de ustedes hasta septiembre. Pero al volver me he encontrado con que, después de seis meses de tomar decisiones, casi todas en sentido contrario a lo que necesitaba el país, Mariano Rajoy decide superar los límites de lo tolerable y, de una manera tan vil como irresponsable, llevar a sectores enteros de población, a millones de españoles, a una situación de pobreza y exclusión social intolerables. Y todo ello no para salir de la crisis, ya que estas medidas hundirán aún más el crecimiento y el empleo, sino para mantener los privilegios de una casta política incompetente y corrupta que no está dispuesta a sacrificio alguno.

Con una cobardía poco común, elude su compromiso más esencial, el de gobernar, y lanza la mentira más escandalosa de toda su amplia trayectoria de embustes y falsas promesas: “Los españoles no podemos elegir si hacemos o no sacrificios. No tenemos esa libertad”.
 

 Es decir, que los españoles no podemos elegir entre que nos arruinen a impuestos y nos recorten salarios y prestaciones o acabar con el despilfarro de 120.000 millones de euros anuales que supone, en conjunto, el modelo de Estado impuesto por la casta política. Que los españoles no tenemos la libertad para elegir entre acabar con las duplicidades entre AAPP (34.000 millones tirados por la fregadera) y cerrar las 3.000 empresas públicas inútiles creadas para ocultar deuda y colocar a 450.000 parientes, amigos y correligionarios a dedo con sueldos un 35% superiores a la media de los funcionarios, o que nos bajen las prestaciones de desempleo, las pensiones, la dependencia o la reinserción social. 

También que los españoles no tenemos la libertad para elegir que se devuelvan al Estado las competencias de Justicia, Educación y Sanidad (lo que supondría un ahorro de 47.000 millones de euros, según cálculos de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, porque desde que Aznar cometió el error histórico de transferirlos a las CCAA el coste por alumno y enfermo ha aumentado más del doble en términos reales) y debemos aceptar sin rechistar recortes brutales en Sanidad y Educación y copago a todo lo que se mueve porque, para nuestro presidente, “eso ni se plantea”. Los niveles de irresponsabilidad y miseria moral de Rajoy resultan inauditos.

Dice no tener la libertad para decidir, pero sí para llevar a la ruina a la nación. Si es cierto que no la tiene porque es un cobarde y los
barones no le dejan, debe dimitir. Que no diga que es una imposición de Bruselas, porque Draghi se lo dejó bien claro: “Menos impuestos y más recortes de gasto”. Rajoy, al igual que cuando estaba en la oposición -cuando Valencia, Murcia o Madrid capital estaban a la cabeza del despilfarro sin que moviera un dedo para evitarlo- es incapaz de recortar nada. Su ineptitud, elevada a escala nacional, no sólo está llevando a la miseria y a la exclusión social a millones de personas, está arruinando a varias generaciones de españoles con una deuda y unos tipos de interés inasumibles.  El jueves pasado la Asociación de Empresas de Trabajo temporal dio a conocer una cifra pavorosa: el número de familias españolas que vive por debajo del umbral de la pobreza asciende ya al 26,5%, mucho más que en Grecia. Y la opción de Rajoy es empobrecernos todavía más.

Una conversación en Washington
Hace dos lunes, en el hotel Fairmont en Washington, y gracias a un amigo común, tuve la suerte de poder exponer a un
primera espada del FMI el que, en mi opinión, es el principal problema de España: el modelo de Estado. Le dije: “O ustedes nos ayudan acabar con las CCAA o las CCAA acabarán con España, es así de simple”. Naturalmente, esto hay que demostrarlo con cifras y a ello dediqué todo el tiempo del que dispuse. El FMI, al igual que la UE y al igual que Alemania, sabe que el problema de España radica en las regiones. Sabe también que Rajoy miente, y que miente en todo: en la situación del sistema financiero, en la situación macroeconómica y en el déficit público. Pero lo que no conoce bien es la dimensión real del problema. Me quedo corto si afirmo que mi interlocutor se quedó asombrado. Y es lógico, porque cuesta creerlo.

¿Cómo puede creer nadie que partiendo en enero de una situación de quiebra del sistema autonómico (que representa los dos tercios del gasto público de la nación) el Gobierno, en lugar de intervenir a las CCAA, les transfiere cerca de 30.000 millones de euros sin condición alguna? Un dinero que ya han despilfarrado, porque ahora necesitan 25.000 millones más. ¿Cómo puede nadie creer que un Gobierno renuncie a intervenir en la asignación correcta de dos tercios de los recursos de la nación?; ¿o que en los cinco primeros meses de 2012 el déficit del Estado se haya incrementado en un 31% y la extrapolación a fin de año nos lleve a un déficit de las AAPP del 11,6% del PIB (porque el supuesto adelanto a CCAA jamás será recuperado (1)?
 
Cuando conté, a modo de ejemplo, que la alcaldesa de Madrid y sus concejales tienen 1.500 asesores con un sueldo medio de 47.000 euros y 183 coches oficiales de uso personal, no me creyó. Así de simple. Tuve que pedirle que tecleara en Google “Asesores ayuntamiento Madrid”. Se quedó boquiabierto. El alcalde de Washington, al igual que el de Nueva York, ni siquiera tiene coche oficial y va en metro cada día a su trabajo. Cuando le expliqué que en España hay más de 30.000 coches oficiales, que desde 1978 se han contratado dos millones de empleados públicos
a dedo, entre amigos y correligionarios, que las CCAA tienen más de 200 embajadas en el extranjero o que disponen de casi 50 canales de TV con una pérdida anual de 2.400 millones no se lo podía creer.
 
“Es obvio -me dijo- que ningún gobierno del mundo tiene derecho a empobrecer de ese modo a los ciudadanos si tiene alternativas de reducción de gasto tan claras, pero ni el FMI ni la UE pueden imponer un cambio del modelo de Estado. Son ustedes, los españoles, quienes deben hacerlo”. Le expliqué que eso era imposible porque España no es una democracia formal, algo que requiere un sistema representativo del electorado y la separación de poderes en origen; España no tiene ni lo uno ni lo otro. Los españoles carecemos de cauce legal alguno para cambiar el modelo de Estado. Ni diez millones de firmas servirían para ello. Lo entendía pero no era un tema del FMI me dijo, de todas formas “si esas son las cifras reales el rescate es inevitable, y eso obligaría a cambiar el modelo de Estado o algo equivalente”.
 
España necesita un rescate de 500.000 millones ya.
¿Alguien se ha molestado en sumar los vencimientos de deuda? En julio, los vencimientos del Tesoro eran de 19.000 millones y sólo se ha cubierto una tercera parte; 13.000 en agosto y septiembre; 27.600 octubre y, el resto, 9.000. Total: 62.000 millones. Las CCAA necesitan 28.000 y los bancos, descontando Santander y BBVA, han emitido 80.000 millones de euros con aval del Estado, de los que 38.000 vencen este año. Total: 128.000 millones. Unos 6.000 los sacarán saqueando la caja de las Loterías, y los bancos parte del BCE, pero aún quedan 100.000. 
 
La liquidez que tenía el Tesoro la han transferido de forma casi íntegra a las CCAA y al pago a proveedores; con el déficit 2012 hay unas necesidades de financiación de 150.000 millones de aquí a fin de año (unos 27.000 millones al mes), que con la prima y los intereses desbocados son imposibles de lograr. Y, después, 175.000 millones en 2013 -vencimientos y déficit - y 250.000 en 2014. España necesita ya un rescate de  500.000 millones.
 
Sin embargo, eso no es lo único. España no puede seguir siendo el cortijo de una casta política parasitaria, cuyo pensamiento real sobre el conjunto de los ciudadanos es el expresado por la indigna
palmera del PP: “Que se jodan”. Es lo que piensan los 17 presidentes autonómicos y su inmensa corte de parásitos sociales, es lo que piensan los 8.160 alcaldes y 68.578 concejales,  los miles de presidentes de empresas públicas y los miles de diputados, senadores, asesores o sindicalistas de pesebre completamente inútiles. ¿Acaso uno, uno sólo de ellos, o de los casi dos millones de empleados públicos nombrados a dedo, estaría dispuesto de renunciar a su prebendas para evitar la ruina de los españoles?
 
Las nuevas medidas no sólo son una chapuza absoluta, son un expolio sin precedentes a las clases medias y trabajadoras, mientras la casta política se niega a aplicarse a sí misma el menor recorte. Los 65.000 millones en dos años y medio no solo son falsos, son clamorosamente insuficientes. El conjunto, y con las valoraciones oficiales, supone 48.000 millones, no 65.000, o 19.000 millones año, o 6.300 millones en el cuatrimestre que queda. Se necesitarían 50.000 para cumplir el compromiso de déficit 2012. Además, las valoraciones oficiales son falsas, la recaudación estimada por IVA y otros impuestos se ha calculado sobre la base de que el consumo se mantiene. La teoría económica explica que eso no es así mientras la experiencia demuestra que se queda en la mitad. 
 
La reducción de gasto por el número de concejales, valorada en 3.500 millones, es tres veces la real, pero como hay que esperar a las nuevas elecciones acaba en cero. Si se ponen las cifras reales, los 19.000 al año, se quedan en 12.000 escasos o 4.000 en 2012. Y, aunque van a reducir pensiones y subir la tarifa eléctrica, apenas llegará a la décima parte de lo necesario. Nada a cambio de una deflación brutal y de condenar a la miseria y a la exclusión social a millones de personas. Adicionalmente, el efecto sobre el sistema financiero de la caída de la venta de viviendas y la subida de la morosidad llevará a muchas entidades a la insolvencia. La buena noticia es que ni Rajoy ni el modelo de Estado sobrevivirán al inevitable rescate. La sustitución de estos irresponsables por profesionales es nuestra única posibilidad de salvación.

(*) Catedrático de Economía de la UPM
 
(1) La cifra del déficit del Estado correspondiente al mes de mayo es del 3,4% del PIB, que se compara con el 2,6% en el mismo periodo 2011. A partir de aquí, dos estimaciones son posibles: elevar el 3,4% a tasa anual (8,6%) y sumarle el 2% del objetivo de déficit de CCAA, ayuntamientos y Seguridad Social (10,6%), algo poco realista porque ese objetivo es una quimera. O, segunda, suponer proporcionalidad entre el 2,6% del Estado a mayo y el 8,9% total al final de 2011, y el 3,4% actual y el total a fin de año, lo que nos llevaría a una estimación de déficit de 2012 del 11,6% .

Tragedia, farsa, apocalipsis / Santiago Alba Rico *

Todos los ingredientes parecen combinarse para producir un inquietante déjà vu: una crisis económica global, el retroceso de la democracia, la búsqueda de un chivo expiatorio, una fractura europea de la que resurge la imagen aún borrosa de un Reich alemán. Son ya legión los analistas que establecen paralelismos bastante acertados entre la época actual y el período de entreguerras del siglo pasado.

Semejanzas hay muchas, pero lo cierto es que, más allá de la decadencia ecológica del planeta y la amenaza nuclear, conviene señalar también una diferencia cultural que excluye cualquier repetición mecánica: el fascismo fue la respuesta al triunfo de la gran revolución rusa y su ascenso se produjo en un marco denso de ideologías fuertes en el que la mayor parte de los europeos se alinearon conscientemente de uno u otro lado.

Seamos optimistas. Tras cincuenta años de Estado de Bienestar y “hedonismo de masas”, las víctimas de la crisis no son trabajadores explotados, aunque la explotación del trabajo se haya intensificado brutalmente, ni tampoco parados harapientos, aunque no dejen de aumentar el número de parados y de harapos: son -por usar la expresión de Bauman- “consumidores fallidos”.

En tiempo de crisis”, se nos alerta, se puede llegar a creer cualquier disparate. La combinación de mercancías y nuevas tecnologías ha generalizado un modelo antropológico que debilita casi todas las adhesiones fiduciarias, hasta el punto de que el innegable aumento de las filiaciones religiosas no puede ocultar el pragmatismo consciente de los que escogen, en el menú variado de las doctrinas de salvación, la que más se ajusta a su perfil social o laboral. Si una ideología es una convicción universal cuya raíz misma implica el paso al acto, podemos decir que el compromiso ideológico es hoy residual en el mundo: el crecimiento de Amanecer Dorado, del Frente Nacional o de UKIP (o el del islamismo político radical), que debe sin duda preocuparnos, está limitado en cualquier caso por el “nihilismo de mercado”.

Frente a estos movimientos agresivos y frente al retroceso de democracia, la dificultad para creer nos salva de los fascismos clásicos, pero inhabilita también, como alternativa viable, a las izquierdas tradicionales. La reacción “natural” en el interior de este modelo, la más saludable, la única posible, es el 15-M y sus indignados descreídos y solidarios, reverso ético de la mercancía y sus hechizos.

Seamos pesimistas. Tras cincuenta años de Estado de Bienestar y “hedonismo de masas”, las víctimas de la crisis no son trabajadores explotados, aunque la explotación del trabajo se haya intensificado brutalmente, ni tampoco parados harapientos, aunque no dejen de aumentar el número de parados y de harapos: son -por usar la expresión de Bauman- “consumidores fallidos”.

En tiempos de crisis, ¿se puede creer cualquier disparate? La derecha, porque es realmente disparatada, puede tener más éxito que la izquierda, pero ni una ni otra va a conseguir ideologizar, ni para mal ni para bien, a la mayor parte de la población. El peligro procede hoy de un nuevo populismo mucho más nietzscheano y risueño que el fascismo, mucho más escéptico en términos de actitud vital, mucho más "situacionista", si se quiere, incluso en medio de la catástrofe económica y social que se avecina. Creer, aunque se trate de un disparate (los extraterrestres o la superioridad racial), es un vínculo. Y hay que abordar más bien la perspectiva de un fascismo sin vínculos, seguido por gente que "no puede creer" y que, por tanto, no va a necesitar ninguna cobertura de legitimidad para defender sus intereses.

Me cuesta poco trabajo imaginar a millones de personas siguiendo a un líder al que no rinden ningún culto y al que, aún más, desprecian; o votando un programa que saben radicalmente injusto; millones de prevaricadores que, tras décadas de hedonismo de masas y nihilismo de la mirada, se sienten hoy legitimados, como en la balsa de la Medusa, a no ocuparse más que de salvar su pellejo, sin necesidad de rendir cuentas a ningún sacerdote ni de pedir justificaciones a ningún emperador. Esa es la imagen, sí: millones de prevaricadores enfrentados entre sí, en una lucha a muerte, mientras algunos indignados buenos, sin un recambio ni una organización, tratan de recordar los principios de una civilización minada por los propios soportes materiales que los han forjado, soliviantado y reprimido.

Seamos optimistas: ningún Amanecer Dorado ganará nunca las elecciones. Seamos pesimistas: todo puede ser aún peor. La conocida frase de Marx según la cual la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa admite distintas variaciones. Empujados hacia una decadencia ecológica irreversible y con los arsenales llenos de armas de destrucción masiva, lo que hace cien años fue tragedia hoy puede repetirse como apocalipsis. Con ideología o sin ella, pongamos algunos parches, por favor.

(*) Escritor, ensayista y filósofo español

domingo, 15 de julio de 2012

El triunfo de los mediocres / David Jiménez *

Quizá ha llegado la hora de aceptar que nuestra crisis es más que económica, va más allá de estos o aquellos políticos, de la codicia de los banqueros o la prima de riesgo.

Asumir que nuestros problemas no se terminarán cambiando a un partido por otro, con otra batería de medidas urgentes o una huelga general.

Reconocer que el principal problema de España no es Grecia, el euro o la señora Merkel.

Admitir, para tratar de corregirlo, que nos hemos convertido en un país mediocre. Ningún país alcanza semejante condición de la noche a la mañana. Tampoco en tres o cuatro años. Es el resultado de una cadena que comienza en la escuela y termina en la clase dirigente.

Hemos creado una cultura en la que los mediocres son los alumnos más populares en el colegio, los primeros en ser ascendidos en la oficina, los que más se hacen escuchar en los medios de comunicación y a los únicos que votamos en las elecciones, sin importar lo que hagan. Porque son de los nuestros.

Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos terminado por aceptarla como el estado natural de las cosas. Sus excepciones, casi siempre, reducidas al deporte, nos sirven para negar la evidencia.

- Mediocre es un país donde sus habitantes pasan una media de 134 minutos al día frente a un televisor que muestra principalmente
basura.

- Mediocre es un país que en toda la democracia no ha dado un presidente que hablara inglés o tuviera unos mínimos conocimientos sobre política internacional.

- Mediocre es el único país del mundo que, en su sectarismo rancio, ha conseguido dividir incluso a las asociaciones de víctimas del terrorismo.

- Mediocre es un país que ha reformado su sistema educativo tres veces en tres décadas hasta situar a sus estudiantes a la cola del mundo desarrollado.

- Mediocre es un país que no tiene una sola universidad entre las 150 mejores del mundo y fuerza a sus mejores investigadores a exiliarse para sobrevivir.

- Mediocre es un país con una cuarta parte de su población en paro, que sin embargo, encuentra más motivos para indignarse cuando los guiñoles de un país vecino bromean sobre sus deportistas.

- Mediocre es un país donde la brillantez del otro provoca recelo, la creatividad es marginada –cuando no robada impunemente- y la independencia sancionada.

- Es Mediocre un país que ha hecho de la mediocridad la gran aspiración nacional, perseguida sin complejos por esos miles de jóvenes que buscan ocupar la próxima plaza en el concurso Gran Hermano, por políticos que insultan sin aportar una idea, por jefes que se rodean de mediocres para disimular su propia mediocridad y por estudiantes que ridiculizan al compañero que se esfuerza.

- Mediocre es un país que ha permitido, fomentado y celebrado el triunfo de los mediocres, arrinconando la excelencia hasta dejarle dos opciones: marcharse o dejarse engullir por la imparable marea gris de la mediocridad.
(*) Periodista

sábado, 14 de julio de 2012

El dogma económico neoliberal / Vicenç Navarro *

Durante la Edad Media hubo un dogma religioso que creía que la tierra era el centro del universo, dogma que se repitió y reprodujo a base de reprimir la evidencia científica que lo cuestionaba, mostrando la invalidez e insostenibilidad de los pilares conceptuales que lo sustentaban. Toda una batería de clérigos y sacerdotes –los intelectuales de aquel tiempo- promovían tal dogma, detrás del cual estaba la Iglesia Católica, que consideraba que la Iglesia era el centro ideológico y político de la Tierra, la cual era, a su vez, el centro del Universo. El tiempo fue mostrando que los críticos llevaban razón, aunque la Iglesia, todavía hoy, no ha pedido perdón a Galileo, el mayor pensador crítico de aquel dogma, que fue brutalmente reprimido por atreverse a cuestionarlo.
Pues, por raro que parezca, estamos viendo una situación semejante con la crisis actual, con la diferencia que ahora el dogma es económico en lugar de religioso, los sacerdotes y propagandistas del dogma son ahora los economistas del establishment, apoyados, promovidos y/o financiados por la Iglesia actual, la banca y el sistema financiero que controlan la vida política mediática, financiera y económica del país. El dogma es el dogma neoliberal. Economistas como la mayoría de firmantes de documentos patrocinados por Fedea (financiada por la banca y la gran patronal) así como economistas “estrella” promovidos en los medios de mayor difusión del país (uno de ellos tiene una hora semanal en la televisión pública catalana, TV3 -claramente instrumentalizada por la coalición conservadora-neoliberal que gobierna Catalunya-, llamada “lecciones de economía” que consiste en promocionar tal dogma neoliberal) dominan las tertulias y los medios televisivos, radiofónicos y escritos, que les ofrece el fórum para la presentación del dogma. Este dogma consiste en creer que los problemas de la economía española derivan de tener un gasto público excesivo (pues supuestamente nos gastamos más de lo que tenemos) y unos salarios demasiado altos (consecuencia de tener unos sindicatos excesivamente fuertes). De este dogma surgen unas políticas públicas que consisten en recortar el gasto público, incluyendo el gasto público social, y en hacer reformas laborales que tienen como objetivo reducir los salarios y despedir más fácilmente a los trabajadores, debilitando a los sindicatos.
La evidencia de que este dogma es erróneo es abrumadora. El gasto público, incluyendo el gasto público social, por habitante es el más bajo de la Eurozona; el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar (es decir, el empleo público) es el más bajo de la Eurozona, y de los más bajos de la Unión Europea; el Estado español tenía un superávit (no un déficit público) y una deuda pública bajísima antes de que se iniciara la crisis en 2007; los salarios están entre los más bajos de la Eurozona, con el salario mínimo más bajo de tal área monetaria; y así un largo etcétera.
Es más, la aplicación de las políticas públicas neoliberales durante estos años de crisis han sido un desastre (no hay otra manera de definirlo). El desempleo ya alcanza el 24% (entre los jóvenes es un 50%), y la economía está en recesión. Y los países que han aplicado estas políticas con mayor intensidad (los países periféricos de la Eurozona, Grecia, Portugal, Irlanda y España) están todos ellos en recesión. ¿Qué mayor evidencia desean de que tales políticas neoliberales están equivocadas? En realidad nunca (repito, nunca) un país en recesión (y estamos ya casi en una Gran Depresión) ha salido de ella mediante la reducción de los salarios, del gasto público y de la protección social. Es obvio que en un momento en que la economía está paralizada debido al enorme endeudamiento de las familias y de las medianas y pequeñas empresas, y de la ausencia de crédito, lo que se requiere es una intervención del Estado para estimular la economía mediante la expansión del gasto público a fin de crear empleo tanto en la infraestructura física como social del país, a la vez que la activa participación del mismo Estado en la provisión de crédito. Esto es lo que ha permitido sacar a los países en recesión y/o depresión del bache económico en el que se encontraban. De nuevo, como ocurría con el dogma religioso, en este dogma económico la evidencia científica de que la política de recortes es profundamente errónea es abrumadora, pese a lo cual –impermeables a esta evidencia y a los datos que muestran su error- continúan aplicándose, atribuyéndose la recesión a que no se ha recortado suficientemente el Estado del Bienestar, y a que los salarios continúan demasiado altos.
Los clérigos del nuevo dogma y la nueva Iglesia
Pero como ocurrió en el dogma religioso, este dogma económico se propaga, promueve e impone porque sirve a unos intereses claros: los intereses del capital financiero, aliado a la gran patronal. Han sido ellos los que precisamente han creado esta enorme crisis a fin de poder llevar a cabo tales políticas que les benefician significadamente. La Iglesia de ahora es la Iglesia financiera aliada de la gran patronal, orientada a la exportación. Esta última no requiere un consumo doméstico que la sostenga, pues el consumo toma lugar en otros países. El Pacto Social, que significaba un entendimiento entre el capital y el mundo del trabajo, se ha roto, puesto que el capital hegemonizado por el capital financiero, es decir, la banca, se cree lo suficientemente poderoso como para ignorar al mundo del trabajo. El consumo doméstico de los productos producidos por la economía productiva (que requería una demanda interna basada en buenos salarios, y un gasto público elevado) ya no es necesario en una economía liderada por las exportaciones. Cuando el supuesto motor de la economía es el sector exportador (tal como ocurre en Alemania, por ejemplo) la importancia y necesidad del consumo doméstico se diluye, e incluso desaparece. La gran patronal exportadora alemana ha impuesto una congelación salarial, pues no necesita ya la demanda doméstica. Un tanto igual está ocurriendo en España. La mejora de las exportaciones no está repercutiendo en el nivel de consumo interior ni en la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población laboral. De ahí que los salarios continúen bajos y ello a pesar del notable crecimiento de la productividad.
Este dogma, a pesar del enorme fracaso de sus políticas, continúa reproduciéndose en los medios de mayor difusión (que al estar profundamente endeudados a la banca) no permiten que artículos como éste se publiquen en sus páginas. La evidencia de ello es también abrumadora (en una conversación reciente con un periodista de uno de los mayores rotativos del país, éste me lo reconocía con toda candidez. Su diario estaba muy endeudado y publicar artículos como el que leía y que ustedes están leyendo les supondría un riesgo añadido). De ahí que las voces críticas continúan siendo vetadas, silenciadas o marginadas, presentándolas como extranjeras, “anglosajonas”, voces que no entienden España, cuando no conspiradoras deseosas de cargarse el euro.
Las medidas represivas de la nueva Iglesia: las instrucciones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea
En realidad, el euro no está en peligro, en contra de lo que se está indicando en los medios. Lo que ocurre es que se ha creado una crisis (la recesión es resultado de la aplicación de las políticas neoliberales) que permita imponer las medidas impopulares que desean imponer. La mejor prueba de ello es mirar las condiciones que el Banco Central Europeo (que no es un Banco Central, sino un lobby de la banca, y muy en especial de la banca alemana) exige a los gobiernos, antes de comprar deuda pública española (que es lo que en realidad debería hacer si fuera un Banco Central, que no lo es). En una carta al Presidente del gobierno español anterior, exigió que impusiera “un contrato laboral de carácter excepcional que contemple indemnizaciones bajas por despido durante un espacio de tiempo limitado”, es decir, que se permita despedir a los trabajadores fácilmente. Tal medida acaba de ser aprobada ahora por las Cortes Españolas, permitiendo que las empresas que emplean menos de 50 trabajadores (que son la inmensa mayoría de empresas en España) puedan despedir sin indemnizaciones durante el primer año, reduciendo considerablemente las indemnizaciones para empleados con mayores periodos de contratación. Otra condición puesta por el BCE es el debilitamiento de los sindicatos, diluyendo la validez de los convenios colectivos, eliminando la indexación salarial.
Y a nivel de política fiscal, el BCE ha estado exigiendo una reducción del gasto público, y en particular del gasto público social, gestionado en su gran mayoría por las Comunidades Autónomas, que están en una situación imposible debido, entre otras razones, a la gran escasez de crédito, escasez que continúa a pesar de que la banca española ha recibido ayudas equivalentes a un 10% del PIB, y el Banco Central Europeo ha prestado a unos intereses bajísimos (1%) un billón (sí, un billón) de euros a los bancos europeos, préstamo del cual, la banca española y la italiana recibieron 500.000 millones de euros.
Estas políticas, que el gobierno Rajoy ha hecho suyas, ya han sido aplicadas en Grecia, con los resultados que todos conocemos. De nuevo, la evidencia que muestra su negatividad es sólida y robusta. Ahora bien, siendo su impacto dañino para el bienestar de la gran mayoría de la población, no quiere ello decir que no beneficien a sectores como la gran banca y la gran patronal que están consiguiendo lo que siempre han deseado, y lo están consiguiendo con sus aliados en el BCE, en la Comisión Europea, en el gobierno alemán (portavoz de la gran banca alemana y de las grandes empresas exportadoras), y, cómo no, por los llamados economistas “estrella” que continúan promoviendo el dogma neoliberal.

(*) Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona

Europa: ¿Qué programa de urgencia frente a la crisis? / Damien Millet, Eric Toussaint *

De acuerdo con las exigencias del FMI, los gobiernos de los países europeos han tomado la decisión de imponer a sus pueblos políticas de estricta austeridad, con recortes en los gastos públicos: despidos en la función pública, congelación o incluso bajada de los salarios de los funcionarios, reducción del acceso a ciertos servicios públicos vitales y de la protección social, retroceso de la edad de jubilación.... El coste de las prestaciones de los servicios públicos aumenta (transporte, agua, salud, educación...). El recurso a subidas de impuestos indirectos particularmente injustos, sobre todo el IVA, aumenta. Las empresas públicas del sector competitivo son masivamente privatizadas. Las políticas de rigor puestas en pie son llevadas a un nivel jamás visto desde la Segunda Guerra Mundial. Los efectos de la crisis son así multiplicados por pretendidos remedios, que intentan sobre todo proteger los intereses de los poseedores de capitales. La austeridad agrava claramente la ralentización económica y ha desencadenado el efecto bola de nieve: dado el débil crecimiento, cuando existe, la deuda pública crece de forma mecánica. Como ha escrito Jean-Marie Harribey, el tríptico Austeridad salarial+Austeridad monetaria+Austeridad presupuestaria da su fórmula de triple A.
Pero los pueblos soportan cada vez menos la injusticia de estas reformas marcadas por una regresión social de gran amplitud. En términos relativos, son los asalariados, los parados y los hogares más modestos los que más están obligados a contribuir para que los estados continúen engordando a los acreedores. Y entre las poblaciones más afectadas, las mujeres ocupan la primera fila, pues la organización actual de la economía y de la sociedad patriarcal hace recaer sobre ellas los efectos desastrosos de la precariedad, del trabajo parcial y subpagado |1|. Directamente concernidas por la degradación de los servicios públicos sociales, son las que más lo pagan. La lucha para imponer una lógica diferente es indisociable de la lucha por el respeto absoluto de los derechos de las mujeres. Esbozamos las grandes líneas de lo que planteamos para esta lógica diferente.
La reducción del déficit público no es un objetivo en sí mismo. En ciertas circunstancias, el déficit puede ser utilizado para relanzar la actividad económica y realizar gastos a fin de mejorar las condiciones de vida de las víctimas de la crisis. Una vez relanzada la actividad económica, la reducción de los déficits públicos debe hacerse no reduciendo los gastos sociales públicos, sino mediante la subida de los ingresos fiscales, luchando contra el gran fraude fiscal y poniendo más impuestos al capital, las transacciones financieras, el patrimonio y las rentas de las familias ricas. Para reducir el déficit, hay también que reducir radicalmente los gastos provocados por la devolución de la deuda pública cuya parte ilegítima debe ser anulada. La compresión de los gastos debe también afectar al presupuesto militar así como a otros gastos socialmente inútiles y peligrosos para el medio ambiente. En cambio, es fundamental aumentar los gastos sociales, particularmente para paliar los efectos de la depresión económica. También hay que aumentar los gastos en las energías renovables y en ciertas infraestructuras como los transportes públicos, los establecimientos escolares, las instalaciones de salud pública. Una política de relanzamiento mediante la demanda pública y la demanda de la mayoría de las familias genera igualmente una mejor entrada de impuestos. Pero más allá, la crisis debe dar la posibilidad de romper con la lógica capitalista y de realizar un cambio radical de sociedad. La nueva lógica a construir deberá dar la espalda al productivismo, integrar la situación ecológica, erradicar las diferentes formas de opresión (racial, patriarcal...) y promover los bienes comunes.
Para esto, hay que construir un amplio frente anticrisis, tanto a escala europea como localmente, a fin de reunir las energías para crear una correlación de fuerzas favorable a la puesta en práctica de soluciones radicales centradas en la justicia social y climática.
1.- Poner fin a los planes de austeridad, son injustos y profundizan la crisis
Poner fin a las medidas antisociales de austeridad constituye una prioridad absoluta. Mediante la movilización en la calle, en las plazas públicas, mediante la huelga, el rechazo de los impuestos y tasas impopulares, hay que forzar a los gobiernos a desobedecer a las autoridades europeas y a derogar los planes de austeridad.
2.- Anular la deuda pública ilegítima
La realización de una auditoría de la deuda pública efectuada bajo control ciudadano, combinada, en ciertos casos, con una suspensión unilateral y soberana del pago de la deuda pública permitirá llegar a una anulación/repudio de la parte ilegítima de la deuda pública y reducir fuertemente el resto de la deuda.
En primer lugar, no se trata de apoyar las reducciones de deuda decididas por los acreedores, particularmente a causa de las severas contrapartidas que implican. El plan de reducción de una parte de la deuda griega puesto en práctica a partir de marzo de 2012 está ligado a la aplicación de una dosis suplementaria de medidas que pisotean los derechos económicos y sociales de la población griega y la soberanía del país |2|. Según un estudio realizado por la Troika, a pesar de la reducción de deuda concedida por los acreedores privados, ¡el endeudamiento público de Grecia alcanzará el 164% del PIB en 2013! |3| Hay pues que denunciar la operación de reducción de la deuda griega tal como ha sido realizada, y oponerla una alternativa: la anulación de deuda, es decir su repudio por el país deudor, es un acto soberano unilateral muy fuerte.
¿Porqué el estado endeudado debe reducir radicalmente su deuda pública procediendo a la anulación de las deudas ilegítimas? Primero por razones de justicia social, pero también por razones económicas que todo el mundo puede comprender y asumir. Para salir de la crisis por arriba, no hay que contentarse con relanzar la actividad económica gracias a la demanda pública y a la de las familias. Pues de contentarse con una política de relanzamiento así, combinada con una reforma fiscal redistributiva, el suplemento de ingresos fiscales sería apropiado en gran medida por la devolución de la deuda pública. Las contribuciones que serían impuestas a las familias más ricas y a las grandes empresas privadas serían en gran medida compensadas por la renta que sacarían de las obligaciones estatales de las que son de lejos sus principales tenedores y beneficiarios (razón por la que no quieren oír hablar de una anulación de deuda). Hay pues, claramente, que anular una muy gran parte de la deuda pública. La amplitud de esta anulación dependerá del nivel de conciencia de la población víctima del sistema de la deuda (a este nivel, la auditoría ciudadana juega un papel crucial), de la evolución de la crisis económica y política y sobre todo de las relaciones de fuerza concretas que se construyen en la calle, en las plazas públicas y en los lugares de trabajo a través de las actuales movilizaciones y de las que vengan. En algunos países como Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia y Hungría, la cuestión de la anulación de la deuda es una cuestión de la mayor actualidad. Para Francia, Bélgica, está a punto de serlo. Y, pronto, el tema será un punto central del debate político en el resto de Europa.
Para las naciones ya sometidas al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea, conviene recurrir a una moratoria unilateral de la devolución de la deuda pública. Esta propuesta se está haciendo popular en los países más afectados por la crisis. Tal moratoria unilateral debe estar combinada a la realización de una auditoría ciudadana de los empréstitos públicos, que debe permitir aportar a la opinión pública las pruebas y los argumentos necesarios para el repudio de la parte de la deuda identificada como ilegítima. Como ha mostrado el CADTM en numerosas publicaciones, el derecho internacional y el derecho interno de los países ofrecen una base legal para tal acción soberana unilateral |4|.
La auditoría debe también permitir determinar las diferentes responsabilidades en el proceso de endeudamiento y exigir que los responsables tanto nacionales como internacionales rindan cuentas ante la justicia. En todos los casos, es legítimo que las instituciones privadas y los individuos de altas rentas que poseen títulos de esas deudas soporten el peso de la anulación de deudas soberanas ilegítimas pues tienen en gran medida la responsabilidad de la crisis, de la que además se han beneficiado. El hecho de que deban soportar esta carga no es más que una justa vuelta hacia más justicia social. Es pues importante levantar un catastro de los poseedores de títulos a fin de indemnizar de entre ellos a los ciudadanos y ciudadanas de rentas bajas o medias.
Si la auditoría demuestra la existencia de delitos ligados al endeudamiento ilegítimo, sus autores deberán ser severamente condenados a pagar reparaciones y no deberán escapar a penas de cárcel en función de la gravedad de sus actos. Hay que demandar cuentas ante la justicia a las autoridades que hayan lanzado empréstitos ilegítimos.
En lo que se refiere a las deudas que no están manchadas de ilegitimidad según la auditoría, convendrá imponer un esfuerzo a los acreedores en términos de reducción del stock y de las tasas de interés, así como un alargamiento del período de devolución. Aquí también, será útil realizar una discriminación positiva en favor de los pequeños poseedores de títulos de la deuda pública a quienes habrá que pagar normalmente. Por otra parte, a la parte del presupuesto del estado destinado a la devolución de la deuda deberá ponérsele un techo en función de la salud económica, de la capacidad de los poderes públicos para devolver y del carácter no reducible de los gastos sociales. Hay que inspirarse en lo que se hizo en el caso de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial: el acuerdo de Londres de 1953 que consistía particularmente en reducir un 62% el stock de la deuda alemana estipulaba que la relación entre servicio de la deuda y rentas de exportaciones no debía superar el 5%. |5| Se podría definir una ratio de este tipo: la suma asignada a la devolución de la deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del estado. Hay también que adoptar un marco legal a fin de evitar la repetición de la crisis que comenzó en 2007-2008: prohibición de socializar deudas privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos ligados al endeudamiento ilegítimo, nulidad de las deudas ilegítimas, adopción de una regla de oro que consiste en decir que los gastos públicos que permiten garantizar los derechos humanos fundamentales no se pueden reducir y priman sobre los gastos relativos a la devolución de la deuda... Las pistas alternativas no faltan.
3.- Por una justa redistribución de la riqueza
Desde 1980, no han dejado de bajar los impuestos directos a las rentas más elevadas y a las grandes empresas. Centenares de miles de millones de euros de regalos fiscales han sido en lo esencial orientados hacia la especulación y la acumulación de riquezas por parte de los más ricos.
Hay que combinar una reforma en profundidad de la fiscalidad con un objetivo de justicia social (reducir a la vez las rentas y el patrimonio de los más ricos para aumentar los de la mayoría de la población) con su armonización en el plano europeo a fin de impedir el dumping fiscal.2 El objetivo es un aumento de los ingresos públicos, particularmente vía el impuesto progresivo sobre la renta de las personas físicas más ricas (la tasa marginal del impuesto sobre la renta puede ser llevada por entero hasta el 90%) |6|, el impuesto sobre el patrimonio a partir de un cierto montante y el impuesto sobre las sociedades. Este aumento de los ingresos debe ir parejo con una bajada rápida del precio de acceso a los bienes y servicios de primera necesidad (alimentos de base, agua, electricidad, calefacción, trasportes públicos, material escolar...), particularmente por una reducción fuerte y bien dirigida del IVA sobre esos bienes y servicios vitales. Se trata también de adoptar una política fiscal que favorezca la protección del medio ambiente poniendo impuestos de forma disuasiva a las industrias contaminantes.
Varios países pueden asociarse para adoptar un impuesto sobre las transacciones financieras, particularmente en los mercados de cambios, a fin de aumentar los ingresos de los poderes públicos, de limitar la especulación y de favorecer la estabilidad de las tasas de cambio.
4.- Luchar contra los paraísos fiscales
Las diferentes cumbres del G20 han rechazado, a pesar de sus declaraciones de intención, atacar realmente a los paraísos judiciales y fiscales. Una medida sencilla a fin de luchar contra los paraísos fiscales (que hacen perder cada año a los países del Norte, pero también a los del Sur, recursos vitales para el desarrollo de las poblaciones) consiste para un Parlamento en prohibir a todas las personas físicas y a todas las empresas presentes en su territorio realizar cualquier tipo de transacción que pase por paraísos fiscales, bajo pena de una multa de un montante equivalente. Más allá, es preciso erradicar esos agujeros negros de las finanzas, de tráficos criminales, de corrupción y de delincuencia de cuello blanco. Las grandes potencias, que les avalan desde hace años, tienen todos los medios precisos para hacerlo.
El gran fraude fiscal priva a la colectividad de medios considerables y juega contra el empleo. Medios públicos consecuentes deben ser asignados a los servicios de hacienda para luchar eficazmente y de forma prioritaria contra el fraude organizado por las grandes empresas y las familias más ricas. Los resultados deben ser hechos públicos y los culpables fuertemente sancionados.
5.- Meter en cintura a los mercados financieros
La especulación a escala mundial representa varias veces las riquezas producidas en el planeta. Los montajes sofisticados la hacen totalmente incontrolable. Los engranajes que suscita desestructuran la economía real. La opacidad sobre las transacciones financieras es la regla. Para tasar a los acreedores en la fuente, hay que identificarlos. La dictadura de los mercados financieros debe cesar. Conviene prohibir la especulación sobre los títulos de la deuda pública, sobre las monedas, sobre los alimentos. |7| Las ventas a descubierto |8| y los Credit Default Swaps deben ser igualmente prohibidos. Hay que cerrar los mercados de productos derivados que son verdaderos agujeros negros que escapan a toda reglamentación y a toda vigilancia.
El sector de las agencias de notación debe igualmente ser estrictamente reformado y encuadrado. Debe estar prohibido a las agencias de notación notar a los estados. Lejos de ser la herramienta de una estimación científica objetiva, esas agencias son estructuralmente parte interesada de la mundialización neoliberal y han desencadenado en numerosas ocasiones catástrofes sociales. En efecto, la degradación de la nota de un país puede implicar una subida de las tasas de interés que el estado debe pagar para lograr tomar prestado en los mercados financieros. Debido a esto, la situación económica del país concernido se deteriora. El comportamiento de rebaño de los especuladores multiplica las dificultades que pesarán aún con más fuerza sobre las poblaciones. La fuerte sumisión de las agencias de notación a los medios financieros hace de estas agencias un actor importante a nivel internacional, cuya responsabilidad en el desencadenamiento y la evolución de las crisis no está puesta a la luz de forma suficiente por los medios. La estabilidad económica de los países europeos ha sido colocada en sus manos, sin protección, sin medios de control serio por parte de los poderes públicos, por lo que hay que prohibirles continuar haciendo daño.
A fin de prohibir otras maniobras de desestabilización de los estados, hay que restaurar un control estricto de los movimientos de capitales.
6.- Transferir bajo control ciudadano los bancos y los seguros al sector público
A causa de las decisiones que han tomado, la mayor parte de los bancos hacen frente a una situación de insolvencia y no a una crisis pasajera de liquidez. La decisión de los bancos centrales de concederles un acceso ilimitado al crédito sin imponerles un cambio de las reglas del juego agrava el problema.
Hay que volver a lo fundamental. Los bancos deben ser considerados como servicios públicos, debido, precisamente, a su importancia y al efecto devastador que su mala gestión puede tener sobre la economía. El oficio de la banca es demasiado serio para ser confiado a banqueros privados. Como utiliza dinero público, goza de garantías por parte del estado y hace un servicio de base fundamental a la sociedad, la banca debe convertirse en un servicio público.
Los estados deben encontrar su capacidad de control y de orientación de la actividad económica y financiera. Deben igualmente disponer de instrumentos para realizar inversiones y financiar los gastos públicos reduciendo al mínimo el recurso al empréstito ante instituciones privadas. Para esto, hay que expropiar sin indemnización a los bancos para socializarlos transfiriéndoles al sector público bajo control ciudadano.
En ciertos casos, la expropiación de los bancos privados puede representar un coste para el estado debido a las deudas que han podido acumular y los productos tóxicos que han conservado. El coste en cuestión debe ser recuperado sobre el patrimonio general de los grandes accionistas. En efecto, las sociedades privadas que son accionistas de los bancos y que les han llevado hacia el abismo a la vez que hacían jugosos beneficios tienen una parte de su patrimonio en otros sectores de la economía. Hay pues que hacer una punción sobre el patrimonio general de los accionistas. Se trata de evitar al máximo socializar las pérdidas. El ejemplo irlandés es emblemático, la forma en que la nacionalización del Allied Irish Banks ha sido efectuada es inaceptable pues se ha hecho a costa de la población.
La opción que defendemos implica la eliminación del sector bancario capitalista, tanto en el crédito y el ahorro (bancos de depósito) como en el terreno de la inversión (bancos de negocios o de inversión). En esta opción, no quedarían más que dos tipos de bancos: bancos públicos con un estatuto de servicio público (bajo control ciudadano) y bancos cooperativas de talla moderada.
Incluso si su estado de salud está menos mediatizado, el sector de los seguros está también en el corazón de la crisis actual. Los grandes grupos de seguros han llevado a cabo operaciones tan arriesgadas como los bancos privados con los que numerosos de ellos están estrechamente ligados. Una gran parte de sus activos está constituida de títulos de la deuda soberana y de productos derivados. A la búsqueda del máximo de beneficio inmediato, han especulado peligrosamente con las primas pagadas por los asegurados, con el ahorro recogido bajo la forma de seguro de vida o de cotizaciones voluntarias con vistas a una jubilación complementaria. La expropiación de los seguros permitirá evitar una debacle en este sector y protegerá a ahorradores y asegurados. Esta expropiación de los seguros debe ir pareja con una consolidación del sistema de jubilaciones por reparto.
7.- Socializar las empresas privatizadas desde 1980
Una característica de estos treinta últimos años ha sido la privatización de numerosas empresas y servicios públicos. Desde los bancos del sector industrial pasando por correos, las telecomunicaciones, a la energía y los transportes, los gobiernos han entregado al sector privado sectores enteros de la economía, perdiendo de paso toda capacidad de regulación de la economía. Esos bienes públicos, salidos del trabajo colectivo, deben volver al dominio público. Se tratará de crear nuevas empresas públicas y adaptar los servicios públicos según las necesidades de la población, por ejemplo para responder a la problemática del cambio climático por la creación de un servicio público de aislamiento de las viviendas.
8.- Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para garantizar el pleno empleo y adoptar una política de rentas para realizar la justicia social
Repartir de otra forma las riquezas es la mejor respuesta a la crisis. La parte destinada a los asalariados en las riquezas producidas ha bajado claramente desde hace varios decenios, mientras que los acreedores y las empresas han aumentado sus ganancias para consagrarlas a la especulación. Aumentando los salarios, no solo se permite a las poblaciones vivir dignamente, sino que se refuerzan también los medios que sirven para la financiación de la protección social y de los regímenes de jubilación.
Disminuyendo el tiempo de trabajo sin reducción de salario y creando empleos, se mejora la calidad de vida de los trabajadores, se proporciona un empleo a quienes tienen necesidad de él. La reducción radical del tiempo de trabajo ofrece también la posibilidad de poner en práctica otro ritmo de vida, una manera diferente de vivir en sociedad alejándose del consumismo. El tiempo ganado a favor del tiempo libre debe permitir el aumento de la participación activa de las personas en la vida política, en el refuerzo de las solidaridades, en las actividades benévolas y la creación cultural.
Hay igualmente que subir significativamente el montante del salario mínimo legal, de los salarios medios y de las asignaciones sociales. En cambio, hay que fijar un techo muy estricto para las remuneraciones de los dirigentes de las empresas, sean privadas o públicas, remuneraciones que alcanzan niveles absolutamente inaceptables. Se trata de prohibir los bonus, las stock-options, las jubilaciones “doradas” y demás ventajas injustificadas derogatorias. Conviene instaurar una renta máxima autorizada. Recomendamos un abanico máximo de 1 a 4 de las rentas (como recomendaba Platón hace ya 2400 años) con una globalización del conjunto de las rentas de una persona a fin de someterlas al impuesto.
9. Empréstitos públicos favorables a la mejora de las condiciones de vida, a la promoción de los bienes comunes y que rompan con la lógica de la destrucción medioambiental.
Un estado debe poder pedir prestado a fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, por ejemplo realizando trabajos de utilidad pública e invirtiendo en las energías renovables. Algunos de esos trabajos pueden ser financiados por el presupuesto corriente gracias a decisiones políticas afirmadas, pero empréstitos públicos pueden hacer posibles otros de mayor envergadura, por ejemplo para pasar del “todo automóvil” a un desarrollo masivo de los transportes colectivos, cerrar definitivamente las centrales nucleares y sustituirlas por energías renovables, crear o reabrir vías férreas de proximidad sobre todo el territorio comenzando por el territorio urbano y semi urbano, o también renovar, rehabilitar o construir edificios públicos y viviendas sociales reduciendo su consumo de energía y poniéndoles comodidades de calidad.
Hay que definir con toda urgencia una política transparente de empréstito público. La propuesta que planteamos es la siguiente: 1. el destino del empréstito público debe garantizar una mejora de las condiciones de vida, rompiendo con la lógica de destrucción medioambiental; 2. el recurso al empréstito público debe contribuir a una voluntad redistributiva a fin de reducir las desigualdades. Es por lo que proponemos que las instituciones financieras, las grandes empresas privadas y las familias ricas sean obligadas por vía legal a comprar, por un montante proporcional a su patrimonio y a sus rentas, obligaciones del estado al 0% de interés y no indexadas con la inflación; el resto de la población podrá adquirir de forma voluntaria obligaciones públicas que garantizarán un rendimiento real positivo (por ejemplo, el 3%) superior a la inflación. Así si la inflación anual se eleva al 3%, la tasa de interés efectivamente pagado por el estado para el año correspondiente será del 6%. Una medida así de discriminación positiva (comparable a las adoptadas para luchar contra la opresión racial en los Estados Unidos, las castas en la India o las desigualdades hombre-mujer) permitirá avanzar hacia más justicia fiscal y hacia un reparto menos desigualitario de las riquezas.
10. Cuestionar el Euro
El debate sobre la salida del euro para una serie de países como Grecia es completamente necesario. Está claro que el euro es una camisa de fuerza para Grecia, Portugal y también para España. Si no le concedemos la misma atención que a las demás propuestas de alternativas, es porque el debate atraviesa y divide tanto a los movimientos sociales como a los partidos de izquierda. Nuestra preocupación central es reagrupar sobre el tema vital de la deuda dejando de lado temporalmente lo que nos divide.
11. Una Unión Europea diferente basada en la solidaridad
Numerosas disposiciones de los tratados que rigen la Unión Europea, la zona euro y el BCE deben ser derogadas. Por ejemplo, hay que suprimir los artículos 63 y 125 del Tratado de Lisboa que prohíben todo control de los movimientos de capitales y toda ayuda a un estado en dificultades. Hay también que abandonar el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento. El MEE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) debe ser eliminado. Además, hay que reemplazar los actuales tratados por unos nuevos en el marco de un verdadero proceso constituyente democrático a fin de llegar a un pacto de solidaridad de los pueblos para el empleo y el medio ambiente.
Hay que revisar completamente la política monetaria así como el estatus y la práctica del BCE. La incapacidad del poder político para imponerle crear moneda es un hándicap muy pesado. Al crear este BCE por encima de los gobiernos y por tanto de los pueblos, la Unión Europea tomó una opción desastrosa, la de someter lo humano a las finanzas, en lugar de a la inversa.
Cuando numerosos movimientos sociales denunciaban estatutos demasiado rígidos y profundamente inadaptados, el BCE ha sido obligado a cambiar planteamientos en el momento más fuerte de la crisis modificando con urgencia el papel que le fue concedido. Desgraciadamente, ha aceptado hacerlo por malas razones: no para que los intereses de los pueblos sean tenidos en cuenta, sino para que los de los acreedores sean preservados. Es claramente la prueba de que las cartas deben ser barajadas de nuevo: el BCE y los bancos centrales de los estados deben poder financiar directamente a estados preocupados por alcanzar objetivos sociales y medioambientales que integren perfectamente las necesidades fundamentales de las poblaciones.
Hoy, actividades económicas muy diversas, como la inversión en la construcción de un establecimiento hospitalario o un proyecto puramente especulativo, son financiadas de forma similar. El poder político debe imponer costes muy diferentes a los unos y los otros: tasas bajas deben ser reservadas a las inversiones socialmente justas y ecológicamente sostenibles, tasas muy elevadas, incluso prohibitivas cuando la situación lo exija, para las operaciones de tipo especulativo, que es igualmente deseable prohibir pura y simplemente en ciertos terrenos.
Una Europa construida sobre la solidaridad y la cooperación debe permitir dar la espalda a la competencia y a la competición, que tiran “hacia abajo”. La lógica neoliberal ha conducido a la crisis y revelado su fracaso. Ha empujado los indicadores sociales a la baja: menos protección social, menos empleos, menos servicios públicos. El puñado de quienes se han beneficiado de esta crisis lo ha hecho pisoteando los derechos de la mayoría de los demás. ¡Los culpables han ganado, las víctimas pagan! Esta lógica, que está detrás de todos los textos fundadores de la Unión Europea, debe ser desmontada. Una Europa diferente, centrada en la cooperación entre estados y la solidaridad entre los pueblos, debe convertirse en el objetivo prioritario. Para ello, las políticas presupuestarias y fiscales deben ser no uniformizadas, pues las economías europeas presentan fuertes disparidades, sino coordinadas para que al fin emerja una solución “hacia arriba”. Políticas globales a escala europea, que comprendan inversiones públicas masivas para la creación de empleos públicos en terrenos esenciales (servicios de proximidad con energías renovables, lucha contra el cambio climático, sectores sociales de base), deben imponerse. Una política diferente pasa por un proceso coordinado por los pueblos a fin de adoptar una Constitución para construir una Europa diferente.
Esta Europa diferente democratizada debe trabajar para imponer principios no negociables: refuerzo de la justicia fiscal y social, decisiones dirigidas a la elevación del nivel y de la calidad de vida de sus habitantes, desarme y reducción radical de los gastos militares, opciones energéticas sostenibles sin recurso a lo nuclear, rechazo de los organismo genéticamente modificados (OGM). Debe también, resueltamente, poner fin a su política de fortaleza asediada hacia los candidatos a la inmigración, para convertirse en un socio equitativo y verdaderamente solidario de los pueblos del sur del planeta. El primer paso en este sentido debe consistir en anular la deuda del tercer mundo de forma incondicional. La anulación de la deuda es decididamente un denominador común a todas las luchas que es urgente llevar a cabo tanto en el Norte como en el Sur.
(*) Damien Millet Presidente del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo
      Eric Toussaint Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Lieja y la de París