sábado, 5 de enero de 2013

Asalto oligárquico contra la democracia / Patricio Hernández *

Constituye una gran paradoja política española que una fuerte movilización popular como la que se produjo en 2011 en torno al llamado movimiento de los indignados o del 15M que además de impugnar el modelo impuesto de capitalismo financiero que amenaza con demoler las políticas sociales de muchos países, era sobre todo un rechazo a las inaceptables insuficiencias de nuestra democracia, y que concitó la simpatía de al menos un 70% de los ciudadanos, se haya visto sucedido apenas unos meses después por un Gobierno y una mayoría parlamentaria electa que pratican justamente la política que se criticaba en la calle y que además está provocando una sería regresión de la democracia.

Aferrado a la legitimidad electoral, a la que se otorga todo el valor, incluso aunque se haya renunciado fraudulentamente al programa para el que se pidió el voto, el Gobierno del PP está imponiendo una mutación de gran alcance en el estado social español, a través de la drástica reducción de servicios públicos y prestaciones sociales, del recorte de derechos, y del avance en la privatización y mercantilización de bienes comunes que está debilitando profundamente el modelo de ciudadanía social construido a lo largo del periodo democrático.

Es un proceso de desposesión material de la mayoría social acompañado por un proceso de desdemocratización que responde plenamente a la política que impulsan las actuales instituciones europeas -todas ellas a su vez aquejadas de fuerte déficit democrático- y otros organismos internacionales aún menos democráticos y en gran parte responsables de la deriva especulativa de los últimos años.

Esta situación supone de hecho un vaciamiento del sentido de la democracia, un viejo sueño neoliberal paralelo a la utopía del mercado autorregulador, que alcanza su plenitud ahora, y que propone reducir la democracia a un simple mecanismo de selección de élites políticas por medio de elecciones, dentro de una progresiva oligarquización de la vida política y económica. Es la 'democracia limitada' de Hayek o, en versión de Angela Merkel, la 'democracia en condiciones de mercado'.

Este reduccionismo o minimalismo democrático, objetivo del nuevo asalto oligárquico a la democracia, supone a escala europea la ruptura del pacto social que dio lugar a los Estados del Bienestar en la posguerra mundial de una guerra que se hizo justamente en nombre de la democracia, ahora malbaratada en las sociedades europeas. "Pensar en qué puede sustituirlo da vértigo" (Juan Carlos Monedero).

Aquel pacto democrático suponía mucho más que preservar formalmente el procedimiento electoral de la competencia interpartidaria. Implicaba también -sin cuestionar la economía de mercado- una serie de derechos sociales, económicos y culturales que aseguraban la inclusión y protección de todos los sectores sociales, ahora en revisión.

Queda muy bien expresadado por el profesor Gerardo Pisarello cuando se pregunta "¿qué valor exacto adquiere el derecho formal a votar cuando se vive en condiciones de precariedad laboral o existencial, el acceso a los medios de comunicación es limitado o inexistente, y los principales partidos políticos están fuertemente subordinados a oligarquías financieras libres de todo control?".

La ruptura del pacto social que sustentaba el capitalismo democrático devuelve al centro del debate la pregunta de si es compatible la democracia con el capitalismo.

Este proceso de desdemocrarización es bien visible en la España actual: no sólo se ignoran paladinamente los compromisos electorales, sino que se gobierna sistemáticamente por decreto para esquivar el debate parlamentario, se reforman las leyes para permitir el control partidario de los medios públicos, se endurece el Código Penal y se usa violentamente a la Policía o se ponen multas disuasorias para dificultar o impedir la libertad de expresión y manifestación, y sobre todo se ignoran las protestas cualquiera que sea su magnitud, al tiempo que se aplican severas medidas económicas y sociales que producen una creciente precarización y exclusión social.

Como ha dicho Manuel Castells, "España es el país de Europa donde el sistema político ha mostrado menos sensibilidad ante la protesta, y con los dos grandes partidos de acuerdo en ignorarla". Está convencido Castells de que "ha cambiado la conciencia de la gente, pero el sistema político se mantiene impermeable. Y esto puede degenerar en enfrentamientos y en violencia".

Esta situación ha sumado a la crisis económica y social una acelerada crisis política, quizás menos visible pero de gran alcance pues supone cuestionar el modelo bipartidista que ha presidido la vida política desde la transición.

Así en los distintos estudios de opinión se comprueba que desde julio de 2012 la intención de abstenerse supera por vez primera a la intención de voto de cualquier partido, y desde octubre las personas que no saben o no quieren responder a la pregunta sobre su voto es el grupo más numeroso. El presidente del Gobierno acabó el año con el peor indicador de popularidad conocido en democracia (2,8 sobre 10), siendo aún peor el del líder del primer partido de la oposición. La intención de voto a los dos grandes partidos sumaba en noviembre (encuesta de Metroscopia para El País) un magro 54,7%, a casi veinte puntos de los resultados de las últimas elecciones generales del año anterior (73,35%).

Según los datos del CIS los políticos no dejan de crecer como problema en las preocupaciones ciudadanas: si en enero de 2012 eran uno de los principales problemas para el 17,8%, en noviembre lo era ya para el 30,2%. En esa misma encuesta los ciudadanos que se mostraban poco o nada satisfechos con el funcionamiento de la democracia en España alcanzaban un escalofriante 67,5% (frente a un 29,6% bastante satisfecho). 

Estos datos permiten hablar de una fuerte deslegitimación del sistema político, encubierta por la aparente estabilidad de las mayorías absolutas conservadoras, y de un descontento social muy extendido que se expresa además en la creciente contestación social a la política gubernamental, que continuará con fuerza previsiblemente este año. Porque lo que está impugnado mayoritariamente por la ciudadanía, lo que se quiere imponer a la gente antidemocráticamente es la injusta política de recortes sociales y el vaciamiento reduccionista de la democracia.

(*) Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

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