lunes, 30 de septiembre de 2013

El estado de malestar / Josep Fontana *

Los defensores de las políticas de austeridad están de enhorabuena. El País apareció hace pocos días con un titular inquietante: Holanda considera inviable el bienestar. Una aparente llamada a una vida de sufrimiento, que se aclaraba al concretar que lo que su nuevo rey les había dicho a los holandeses era que el Gobierno no podía seguir soportando el coste de los servicios sociales que se integran en lo que se ha dado en llamar Estado del bienestar y que debían prepararse para un porvenir de recortes y privaciones.

Lo podrían haber completado con un estudio del Congressional Budget Office norteamericano que advierte a su Gobierno de que la inutilidad de los recortes del gasto que se están realizando hoy, porque el problema real lo van a tener a partir del 2016, cuando los baby boomers nacidos en la etapa de rápido crecimiento demográfico que se produjo entre 1945 y 1960 requieran los servicios de atención médica y seguridad social que sufraga el presupuesto. Sus cálculos conducen a anticipar que el déficit llegará a ser de un 3,5% del PIB en el 2023 y de un insostenible 6,5% en el 2038.

La previsión de que  los servicios sociales vayan a seguir siendo desmantelados no parece un buen augurio para nuestras sociedades, que se han empobrecido en los últimos años a medida que se reducía la masa salarial que reciben los trabajadores. Lo cual vale para  EEUU, donde los salarios se han mantenido estancados o en descenso entre el 2000 y el 2012 a pesar de que la productividad ha aumentado casi en un 25%; vale para Gran Bretaña, donde un estudio de los sindicatos sostiene que «desde hace 30 años la parte del ingreso nacional pagada como salarios ha disminuido en favor de los beneficios».

Y vale igualmente para España, donde la combinación del paro y del constante descenso de los salarios está engendrando unos niveles de pobreza que no es necesario consultar en las estadísticas, porque resultan cada vez más visibles en la calle.

Lo que hay que hacer para frenar este empobrecimiento, que es la consecuencia de una desigualdad creciente, lo ha explicado Paul Krugman con toda claridad: la única forma de conservar «una sociedad en la que los ciudadanos comunes tengan una esperanza razonable de mantener una vida decente, trabajando duro y ateniéndose a las reglas» es construir una vigorosa red de seguridad social que se ocupe de la sanidad y que garantice un ingreso vital mínimo. 

Y esto, en un contexto en el que la mayor parte de los ingresos van a parar al capital, solo puede hacerse si los costes de esta red social se pagan con los impuestos sobre rentas y beneficios. Esta es una parte fundamental del análisis de la situación que nos ocultan los partidarios de la austeridad: si el coste de los servicios sociales resulta insostenible es porque faltan los ingresos que se deberían pagar y que son los que proceden de la fiscalidad sobre las rentas financieras y los beneficios empresariales.

Para resolverlo no basta con eliminar formas de delincuencia económica como la evasión a paraísos fiscales o el blanqueo de capitales, con ser estos muy importantes. El trabajo de investigación de The International Consortium of Investigative Journalists, que les invito a consultar en su web (icij.org), no solo nos descubre el gigantesco volumen del tráfico de capitales, sino que nos ofrece nombres de financieros y políticos que se benefician de él.

Pero hay una forma mayor y más grave de evasión, totalmente legal, que es aquella de la que se benefician las empresas que consiguen disminuir sus cargas fiscales utilizando su influencia política. Un estudio de David Cay Johnston en The National Memo nos muestra que en un año de buenos negocios como fue el 2010, las grandes empresas norteamericanas -un grupo que concentra el 81% de todos los activos de negocios- no pagaron como impuestos sobre sus beneficios el 35% que fija la ley sino tan solo un 16,7%, pese a haber aumentado sus ganancias un 45,2%.

Esta es una de las bases en las que se asientan nuestros problemas. Emmanuel Saez, el profesor de la Universidad de California que ha mostrado hasta qué extremo ha llegado hoy el aumento de la desigualdad, no ha dudado en concluir que esta es «un producto de la política del Gobierno».

Lo cual debería llevarnos a la conclusión de que el remedio está en nuestras manos: que somos los ciudadanos quienes debemos elegir entre una sociedad del bienestar basada en una distribución más justa de los beneficios, o seguir sufriendo la continuidad de las políticas de austeridad vigentes, resignándonos a este estado de malestar en el que vivimos, que va en camino de convertirse en un auténtico infierno.

(*) Historiador

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/estado-malestar-2697090

domingo, 15 de septiembre de 2013

Nuestro derecho a la rebelión / Pascual Serrano


Esas dos mentes brillantes y valientes que son Julio Anguita y Juan Carlos Monedero protagonizan una conversación de un centenar de páginas recogida por la editorial Icaria bajo el título A la izquierda de lo posible. Hay una parte que me ha parecido de gran interés. Es cuando Anguita plantea que los actuales gobernantes se están situando fuera de la ley en la medida en están ignorando o desmantelando derechos como el del trabajo, la vivienda, la salud, la educación, una pensión digna, la alimentación, puesto que están conculcando la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Española o la Carta Social Europea ratificada por España en 1985.

Es un enfoque interesante porque ya no necesitamos hablar en nombre del marxismo ni siquiera de la izquierda. Basta con desempolvar esas legislaciones que tienen un predicamento y aprobación universal y, a continuación, mostrar que los gobernantes están vulnerando el Estado de Derecho, están en la ilegalidad. De modo que nosotros estamos dentro y reivindicando la ley, y el gobierno fuera y vulnerándola.

La segunda deducción es que en la tradición de los históricos movimientos de liberación aplaudidos por toda la sociedad, e incluso del cristianismo, se encuentra el derecho a la rebeldía ante un gobierno despótico que no respeta la legalidad. La declaración de independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776 plantea el derecho a luchar para que haya un gobierno justo, incluso deponer al que hay si no cumple (Preámbulo: “Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad y su felicidad”). 

Igualmente la Declaración de Derechos Humanos de 1789, en su artículo 2, establece que la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, y que uno de tales derechos es la resistencia a la opresión. Por su parte, la Constitución de 1793, elemento clave del racionalismo ilustrado francés, plantea el derecho a la insurrección (Artículo 35: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”).

John Locke, considerado padre del liberalismo moderno, establece que la autoridad del Estado se sostiene en los principios de legalidad y respeto de los derechos humanos. Esa autoridad deja de ser legítima si deja de asegurar los derechos naturales. En su Tratado sobre el gobierno civil (1690), defiende el derecho a la rebelión señalando que si el pueblo es sometido a la miseria y padece las injusticias del poder arbitrario, entonces “maltratado y gobernado contra Derecho, estará siempre dispuesto a quitarse de encima una carga que le resulta pesadísima”.


Estas ideas tiene su origen en los teólogos cristianos. El dominico Francisco de Vitoria reconoce la licitud de robar cuando el hambre hace peligrar la vida humana o negarse a pagar un tributo en caso de que fuera injusto (Relecciones teológicas). El jesuita Juan de Mariana razonó acerca del derecho a la insubordinación (Del Rey y de la Institución real 1598-1599). El padre Francisco Suárez (Discurso de leyes, 1612) reconocía la posibilidad de desobedecer y derrocar a quien detenta la autoridad cuando, ejerciendo el mando, incumple y vulnera sus funciones. 


Pues bien. Hoy nos están arrebatando nuestras viviendas (desahucios), nuestra educación (disminución de profesorados, tasas y fin de las becas), nuestra sanidad (disminución de personal, cierres de hospitales y servicios de urgencias), nuestros derechos sociales (liquidación de la ley de dependencia), nuestras libertades públicas (represión de las manifestaciones, sistemas de vigilancia), nuestros derechos laborales (seis millones de parados, congelaciones y disminuciones salariales, facilidades para los despidos, precariedad laboral). 


No hace falta ser Lenin ni Rosa Luxemburgo para llamar a la rebelión. Los inspiradores de la Ilustración, los que redactaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, los sacerdotes del siglo XVI y los filósofos liberales hoy estarían sumándose al levantamiento. Al otro lado están los miserables que se escandalizan cuando nos atrevemos a expropiar dos carritos de supermercados. Es hora de que cada uno decida en qué bando se sitúa.

Un país a la deriva sin visos de solución / María Fidalgo Casares

Muchos conservadores españoles preveían lo que iba a pasar. Tanto, que secretamente deseaban no ganar las elecciones ante la situación catastrófica en la que les habían dejado el país, un país endeudado hasta las cejas, y un país mayoritariamente de izquierdas, que sólo retira el voto a los suyos en caso de gestiones garrafales.Mariano sabía que gran parte de sus votantes iban a ser votantes circunstanciales, horrorizados de la presidencia del Illuminati, y que no le iban a dejar pasar ni una.
La magnitud de la deuda fue mucho mayor de lo reconocido por el Gobierno anterior,  y los recortes llegaron sí o sí y llegaron las protestas. Protestas injustas, porque la trágica realidad demostraba que a Mariano no le había quedado más remedio, y protestas absurdas, porque quien más las criticaba sin rubor eran quienes las habían provocado con su política de despilfarro y falta de previsión.
La derecha, aún justificando los recortes, también protestaba cuando gastos obviamente más superfluos como subvenciones, organismos autónomos, asesores, cargos públicos… no se tocaban. Aún con la realidad de que un poco de muchísimos aporta mucho más que un mucho de pocos, consideraban que  estas “pecatas minutas “deberían haberse recortado de modo ejemplar y solidario.
A todo esto se sumó la movilización callejera, masas contra el tema de los desahucios cuando curiosamente jamás se les vio en los deshaucios de Zapatero, por la supuesta calidad de la enseñanza cuando hacía décadas que la enseñanza dejó de ser de calidad por la infame implantación  de la ESO,  auténtico cáncer del sistema,  por la privatización de la sanidad, cuando en Andalucía ante el mismo tema hacían caso omiso. Incluso movilizaciones contra la ilegitimidad de un Gobierno absolutamente legítimo. La turbia trama Bárcenas fue dinamita para estas masas que tampoco se manifestaban ante el escándalo de los Eres o las comisiones de obras de los nacionalistas catalanes, que convertían en jauja las cifras del tesorero.

Paga errores que tampoco enmienda
Y en política interior y exterior Mariano está pagando los errores de sus predecesores, pero tampoco los enmienda. La insensata carrera independentista  fue alentada por la dejadez de todos los gobernantes anteriores, cuando lo único que debían haber hecho  era asegurar el cumplimiento de la constitución, y dejadez también en no actuar ante la vulneración sistemática de algunos derechos constitucionales también en comunidades de derechas. No se les ocurrió vetar como en el resto de los países europeos, algo tan obvio como actuaciones y partidos cuyo fin es la destrucción del estado constitucional.
La política exterior, con una Europa que nos desprecia por inconscientes y una USA que nos rechaza al considerarnos traidores, y que nos pone a pies de los caballos para que llanitos arrogantes se carcajeen de nosotros en nuestra propia cara, no logrando que ni ante el enemigo exterior la oposición haga causa común con el gobierno.
Mariano obtuvo la mayoría absoluta, de forma legítima. Esto le permitiría poder tomar firmes decisiones por el bien del estado… pero está atado de pies y manos, empezando por los propios complejos de su partido que ante el temor de ser tildado de derechona se inhibe de tomar decisiones férreas, ni siquiera ante posturas claramente antidemocráticas que están empezando a surgir de la oposición. Todo esto sumado a los clientelismos de una política local mayoritariamente en manos de políticos cuyo único oficio ha sido la carrera de fondo en el partido, la corrupción de parte de la clase política estatal y sindical que ha generado un desencanto general nunca visto en un país que parece ir a la deriva.
Salvo unas minorías nacionalistas, la gran mayoría de los españoles sólo estamos de acuerdo en algo: que la única manera de salir a flote es una drástica reorganización del Estado, donde se recuperen competencias y se desmantele el faraónico e insostenible Estado autonómico, pero de eso ningún político dice ni pío.
Mariano,  mal lo tienes con la derecha desesperada, un centro derecha que te acusará como a Aznar de abuso de poder si intentas imponerte y una izquierda que jamás colaborará contigo y que antepone sus intereses de partido por encima del bien del país. Una izquierda cada vez más lejos de la socialdemocracia europea y que de nuevo sin apelar al mínimo sentido de Estado, no le duelen prendas en afirmar con descaro que desmantelará todas las leyes y reformas hechas por la derecha, lo que aumenta la inestabilidad, la inseguridad y la imagen de gobierno bananero que es lo último que necesita un país asfixiado por las deudas.
Difícil lo tienes Mariano, muy difícil.

¿Mejor dentro o fuera del euro? / Juan Torres López *

Desde que se planteó la entrada de España en el euro, e incluso en la Unión Europea, los grupos de poder y los gobernantes de turno han procurado soslayar el debate público, plural y democrático sobre sus ventajas e inconvenientes reales.

Desde el principio se trató de convencer a la población de que nuestra pertenencia a ambos clubs no tendría nada más que efectos positivos, así que quienes tratábamos de levantar la voz para mostrar lo contrario fuimos tachados siempre de iluminados, cavernarios o excéntricos.

La realidad creo que ha demostrado que el camino emprendido ha estado lleno de muchas más dificultades e inconvenientes de las que nos dijeron al iniciarlo y que el saldo final no es tan claramente favorable a nuestros intereses como se daba por hecho. Y, en cualquier caso, me parece indiscutible que la carencia de debate y la falta de claridad a la hora de poner sobre la mesas los costes y beneficios que los diferentes grupos sociales soportamos por pertenecer al euro son una clara muestra de las carencias reales y muy importantes que tiene nuestra democracia.

Soy plenamente consciente de que el asunto no se resuelve en una pocas líneas pero como una muestra más de que la realidad no es la que nos quieren hacer creer me parece oportuno traer aquí los datos bastante significativos que proporciona John Weeks, economista y profesor de la Universidad de Londres, en un artículo reciente (Join The Euro? Yes, For Lower Growth).

Aunque sabemos que el Producto Interior Bruto (PIB) no es un indicador adecuado para conocer el estado real de una economía (entre otras cosas, porque el PIB deja muchos factores y costes y beneficios fuera, como los ambientales; porque no valora más que las actividades que tienen expresión monetaria; o porque desconoce todo lo que tenga que ver con la calidad o con los efectos de la actividad económica), podemos utilizar en este caso su tasa de crecimiento para comparar lo que ocurre dentro y fuera del euro. De hecho, esa tasa es la que usan los economistas convencionales para evaluar la situación en la que se encuentran las distintas economías, afirmando que van bien y que se crea empleo cuando crece y que van mal y aumenta el paro si disminuye.

Pues bien, al respecto es interesante comprobar lo que ha ocurrido con los 12 países de la Unión Europea que a partir de 1999 (Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y España) o 2001 (Grecia) entraron a formar parte del euro con lo sucedido en los 10 que no entraron en la unión monetaria (Chequia, Chipre, Dinamarca, Estonia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Reino Unido y Suecia), a los que Weeks añade Noruega, al tratarse de una economía plenamente integrada en el espacio económico europeo.

Los datos son claros. Entre 2000 y 2007, en la etapa de expansión económica, los países que formaban parte del euro tuvieron un crecimiento promedio anual del 2,8%, mientras que los que no formaban parte de él alcanzaron una del 4,3%.
Es decir, que hubo una diferencia muy notable (de 1,5 puntos) a favor de los países que permanecieron fuera del euro, una diferencia que sería aún mayor (de 2 puntos) si se tomara el periodo de 2002 a 2007.

En el siguiente periodo de crisis que va del primer trimestre de 2008 al segundo del año actual, 2013, se vuelve a registrar la diferencia a favor de los países que se quedaron fuera de la unión monetaria europea.

Para esta fase ya había 16 países dentro del euro (Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y España y sin contar Malta por falta de datos), que registraron un crecimiento promedio anual negativo del -0,7%.

Sin embargo, los 7 países que permanecían fuera del euro (Chequia, Chipre, Dinamarca, Hungría, Noruega, Polonia, Reino Unido y Suecia), registraron un tasa promedio anual de crecimiento positiva, del 0,4% (que sería del 0,6% si se excluyera al Reino Unido que en materia de austeridad se ha comportado en ese periodo prácticamente igual que los países del euro).

Pero el peor rendimiento de los países del euro, en cuanto a crecimiento económico se refiere, es aún más evidente en esta etapa de crisis si se distinguen dos fases dentro de ella. Una primera marcada por la política de estímulos a la actividad, hasta mediados de 2010, y otra segunda de políticas de austeridad en el seno de la Eurozona, desde 2010 hasta ahora.

Se comprueba fácilmente que el estímulo permitió a las economías de dentro y fuera del euro recuperar el crecimiento: gracias a esas políticas, las economías del euro pasaron de las tasas negativas de 2009 a registrar un crecimiento positivo del 2,2% a mediados de 2010. Sin embargo, a partir de este último año se pusieron en marcha las llamadas políticas de austeridad que han conducido a registrar de nuevo una tasa de crecimiento del PIB negativa (del -1,5%) tres años más tarde en los países de la Eurozona.

Por su parte, el impacto de las políticas de estímulo en el crecimiento de los países que se mantenían fuera del euro fue mayor mientras que la caída posterior, cuando la austeridad deterioró el clima general, fue menor, pues han llegado al segundo trimestre de 2013 con una tasa de crecimiento positiva del 0,4%, y sin que apenas se haya registrado (salvo muy levemente en dos trimestres) una tasa de crecimiento negativa.

La conclusión a la que llega John Weeks es clara: pertenecer al euro ha supuesto una penalización en términos de crecimiento económico a las economías que forman parte de la unión monetaria de 1,5 puntos porcentuales en la fase de expansión y de 1,1 puntos en la de crisis.

Aún a sabiendas de que hay que tener en cuenta otros factores, lo cierto es, por tanto, que pertenecer al euro se ha demostrado como una circunstancia que genera menor crecimiento de la actividad económica, mientras que haber permanecido fuera está asociado a tasas más elevadas de crecimiento de las economías. A la luz de los datos puede afirmarse, pues, que no son ciertas las virtudes que se dicen que son indiscutibles e intrínsecas a la pertenencia a la unión monetaria europea. Bien porque está muy mal diseñada (por asimétrica y por favorecer solo a algunos países), bien porque las políticas que se aplican son contraproducentes para la actividad y el empleo, lo cierto es que pertenecer a ella tiene costes explícitos en términos de crecimiento económico.

Por tanto, es muy posible que fuera del euro le hubiera ido mejor a la economía española en su conjunto, aunque no, desde luego a los grandes grupos empresariales, inmobiliarios, industriales y financieros españoles y extranjeros que han casi monopolizado sus ventajas. Parece entonces evidente que es obligado poner sobre la mesa este tipo de datos y debatir con rigor y pluralidad sobre dónde nos conviene más estar porque las cosas no son tan evidentes como nos han querido y nos quieren hacer creer.

(*) Catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro del consejo de ATTAC

Un sistema corrupto / Xavier Caño Tamayo *

A partir de los años 60, en España unos cuantos aprovechados, en íntimo contubernio con la dictadura franquista, se enriquecieron velozmente con la acelerada construcción de miles de enormes, desangelados y feos bloques de pisos en las grandes ciudades. Millones de viviendas mediocres para ser habitadas por millones que, huyendo de pobreza y hambre de todas las regiones del Estado, emigraban a Cataluña, Madrid y País Vasco, sobre todo. Décadas después, otro lodazal de especulación y corrupción inmobiliarias se reinstaló en el reino de España. A las construcciones masivas de edificios de viviendas de antaño se unió el ataque contra las costas, concentraciones turístico-estivales, proliferación de campos de golf y de puertos deportivos. Escenario fértil para la corrupción.

Según escribe Carlos Sánchez, “no hay presidente de comunidad autónoma que no haya creado una red clientelar a su alrededor con empresarios locales que han comido y bebido de forma copiosa del presupuesto. Es el origen de la corrupción político-económica en España: élites locales que han engrasado el sistema de partidos para ganar concursos y concesiones públicas”.

Así es. Los tribunales españoles investigan hoy 1.661 casos de corrupción política y financiera y más de 300 políticos profesionales españoles están actualmente imputados por presunta corrupción. Según el Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparency International, el 86% de españoles considera corrupto este país.

The New York Times publicó un extenso artículo sobre la corrupción en España, donde afirma que los jueces españoles investigan a unos 1.000 políticos (desde concejales y alcaldes, consejeros y altos cargos autonómicos a ex ministros del Gobierno). La connivencia entre élites políticas y empresariales es cada vez mayor en España según Pascual-Ramsay en Financial Times. Friedrich Schneider, de la Universidad Johannes Kepler de Linz, afirma que la corrupción en España es un “1% del PIB”. En realidad, los casos de corrupción que aparecen en los medios desde hace años no son solo la actuación de individuos sinvergüenzas, son tramas de saqueo económico de alcance estructural. 

Pero la corrupción no afecta solo al Reino de España. El Banco Mundial considera que la corrupción supone del 0,5% al 2% de la riqueza nacional en los países de la OCDE, los 30 más desarrollados del mundo. Y la Comisión Europea calcula que la corrupción cuesta a Europa 120.000 millones de euros anuales: 1,1% de su riqueza.

Curiosamente, Transparency International, organización global contra la corrupción, olvida en sus informes que hay corrompidos y corruptores. Denuncia a muchos corrompidos en África, Asia y Latinoamérica, pero ignora que grandes empresas y corporaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea sobornan en esos países para obtener más beneficios. No hay corrupción sin corruptores.

Y es que la corrupción está incrustada en el corazón del sistema. Hasta hace un tiempo, por ejemplo, en Francia las empresas podían deducir fiscalmente el pago de sobornos de funcionarios o políticos de otros países. Y en Alemania, pagar sobornos en el extranjero era deducible de los impuestos como gastos empresariales, hasta hace cinco años. La presión de la ONU hizo desaparecer tal indignidad. 

La lista de grandes casos de corrupción en Estados Unidos y Europa es larga. Los broches podrían ser un Berlusconi promulgando leyes de inmunidad para evitar sus condenas por corrupción o que en Alemania directivos y ejecutivos de casi todas las grandes corporaciones se hayan sentado en el banquillo de los acusados en los últimos años. Cajas ocultas, dinero negro, sobornos, engaño organizado, estafas, manipulaciones contables…Una veintena de corporaciones empresariales alemanas han estado o están en el punto de mira por manipulación y fraude. 

Es curioso, porque el FMI y el Banco Mundial prometían en sus informes de los años 80 que la privatización de lo público (que amenazaba ya a medio mundo) suprimiría la corrupción. Pero ha sido justamente lo contrario. Marx tenía razón al escribir que “todas las naciones capitalistas abrazan periódicamente el fraude, pretendiendo ganar dinero sin producir”. 
Según Denis Robert, periodista de investigación financiera, este sistema económico-financiero está viciado de raíz y no hay voluntad real de eliminar la corrupción. A los hechos me remito. Para abundar en la cuestión, podríamos echar un vistazo al oscuro mundo de los paraísos fiscales, del fraude fiscal sistemático, del blanqueo de dinero sucio en plan industrial… Corrupción es mucho más que lo que denuncia Transparency International y ocupa las portadas de los periódicos. Es el sistema capitalista el que está ya definitivamente corrompido.
(*) Miembro de ATTAC-Madrid